Paquete fiscal de 2.000 millones para intervenir la vivienda

Después del acelerón en las negociaciones experimentado desde finales de la semana pasada tras el desahucio de Maricarmen, que resultó en la aprobación el martes de dos reales decretos de vivienda que finalmente parecen condenados al fracaso tras la negativa de Junts anunciada a última hora de la noche de ayer. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que lidera Isabel Rodríguez, afronta hoy su Día D en la Cámara Baja. El Congreso decide este viernes si convalida o deroga ambos textos, ninguno de los cuales ha estado exento de polémica en los últimos días. Especialmente el segundo, que recogía una renovación automática de los alquileres -so pena de elevadas sanciones para los caseros en forma de indemnizaciones-, pero también el primero, sobre el cual los juristas muestran serias dudas, mientras que los promotores y expertos inmobiliarios lo ven como una amenaza para la generación de nueva oferta en un contexto de escasez. Más allá de las novedades regulatorias, el primer texto, que cuenta con más posibilidades de aprobarse en el Parlamento, incorpora un amplio paquete fiscal cuyo impacto estimado en las arcas del Estado asciende a 2.000 millones de euros, según se recoge en la memoria del decreto publicado en el BOE. Hasta cinco impuestos distintos estarían afectados por la norma, aunque sobre todo tendría efectos en el IRPF. Aunque esta medida ya se encontraba en el borrador que el Ministerio de Vivienda remitió en julio a los grupos parlamentarios, el decreto también incluye un alza en el impuesto especial sobre beneficios no distribuidos para las Socimis con inversión residencial. Pasarán de pagar un 15% a un 25%, si bien podrán reducirlo en hasta un 100% si el 80% de sus carteras es alquiler asequible y reinvierten las ganancias durante los tres años siguientes.