El Gobierno desvía 2.389 millones de los fondos europeos para pagar pensiones y alega que son "sobrantes"

El Gobierno ha desviado al menos 2.389 millones de euros de fondos europeos para pagos de pensiones, según constata el Tribunal de Cuentas en su Declaración sobre la Cuenta General del Estado publicada ahora y aprobada con fuerte tensión interna la pasada semana. "La insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos ineludibles de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas motivó que en noviembre de 2024 se autorizaran dos modificaciones por 2.389,4 millones de euros, ambas financiadas con créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia", certifica el Tribunal de Cuentas como una de las irregularidades detectadas en su auditoría a las cuentas del Estado de 2024, que es la que acaba de fiscalizar. Se han pagado por tanto con fondos europeos pensiones de funcionarios y el refuerzo a los que cobran pensiones mínimas al menos en ese ejercicio. "A juicio del Tribunal, esta actuación se ha llevado a cabo bajo unos fundamentos jurídicos que deberían haber quedado mejor justificados, dado que existe una incertidumbre sobre la aplicabilidad en 2024 de limitaciones al uso de los créditos sobrantes", añade el informe que confirma lo publicado por EL MUNDO el pasado domingo. La responsable del desvío en 2024 era la ministra de Hacienda entonces, María Jesús Montero, actual candidata socialista a la Junta de Andalucía. El argumento del Ministerio de Montero para justificar tal desvío es que fue un uso "excepcional" y que no dañó el cumplimiento del plan pactado con Bruselas por ser "importes excedentarios". Además, el Tribunal de Cuentas critica los "efectos de la prórroga presupuestaria" al gobernar Pedro Sánchez con las cuentas aprobadas en 2022. "La falta de presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2024 determinó que durante todo el ejercicio estuviesen en vigor los prorrogados de 2023, como consecuencia de lo cual ha existido una incertidumbre sobre la aplicabilidad en 2024 de determinadas normas vinculadas a la gestión presupuestaria", reprocha. "Tras la tramitación de las oportunas modificaciones presupuestarias, los créditos definitivos superaron en 77.341,9 millones de euros a los iniciales, de los cuales el 95 % se tuvieron que financiar apelando a la variación del saldo vivo de la deuda, aunque el buen comportamiento de los ingresos permitió que dicha variación del saldo vivo de la deuda no alcanzase este importe", recalca el organismo fiscalizador en el que tiene mayoría el PSOE con la presidenta, Enriqueta Chicano, a la cabeza. Sin embargo, en un choque sin precedentes, hasta seis consejeros, la mayoría propuestos por el PP, han expresado voto crítico, el llamado concurrente, por la falta de dureza del informe y un séptimo, Javier Morillas, ha presentado un voto en sin apenas precedentes contra la Declaración de la Cuenta General del Estado por considerar que las irregularidades halladas son suficientes como para emitir este voto. También es significativa la crítica de una de las consejeras propuestas por el PSOE, Isabel Fernández, que cuestiona con fuerza la legalidad del uso de los fondos para pensiones en su voto crítico. Ésta recuerda que los recursos de Bruselas "sólo podrán ejecutarse con la finalidad de financiar actuaciones que resulten elegibles conforme a su marco regulatorio". El informe también constata que, pese a las reformas del sistema de pensiones, "el balance de la Seguridad social recoge por octavo año consecutivo un patrimonio neto negativo (a 31 de diciembre de 2024, 106.138,7 millones de euros), financiado principalmente a través de préstamos del Estado cuyo importe acumulado en 2024 asciende a 126.170,2 millones de euros, un 7,91 % del PIB". "El Tribunal de Cuentas viene advirtiendo sobre esta situación en las sucesivas Declaraciones, indicando la necesidad de adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad financiera del Sistema a medio y largo plazo", insiste el organismo al Gobierno. También destaca en su análisis de la cuenta estatal "la sobrevaloración del resultado presupuestario consolidado en 4.090,3 millones de euros por una incorrecta imputación temporal de obligaciones y derechos durante el ejercicio fiscalizado". Y, "además, se pone de manifiesto la existencia de pagos a justificar pendientes de justificación o aprobación, por 1.627,1 millones de euros, que han superado los plazos establecidos en la normativa a estos efectos".