Vox aprovecha el revés a la 'ley de nietos' para agitar la idea del fraude electoral que ya rentabilizaron sus socios

A cuatro días de los comicios generales de 2023, Vox envió a la Junta Electoral Central un escrito en el que alertaba de que el resultado en las urnas podía "quedar alterado" por la "dificultad" que, denunciaba, se estaba dando en el voto por correo. Sembró así un rastro de duda que, en esta recta final de legislatura, ha pasado de insinuación a afirmación. "Están intentando alterar el censo electoral para ganar las próximas elecciones", lanzó Santiago Abascal hace cinco meses, apuntando directamente a Pedro Sánchez. Y, desde entonces, esta tesis se ha convertido en una constante en el discurso de Vox, que se suma así a un cuestionamiento que ya antes han planteado algunos de sus socios internacionales. "Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones", repitió ayer Abascal en Barcelona. Su partido asume esta narrativa, además, escudándose en que el Tribunal Supremo dio alas a sus dudas con la suspensión cautelar de la inscripción en el censo de los nacionalizados por la ley de nietos, la norma que Vox pone en el foco al insinuar el fraude. "Hemos logrado detener el objetivo de Sánchez de perpetrar un golpe en las próximas elecciones generales a través de la adulteración del censo", reivindicó la portavoz parlamentaria del partido, Pepa Millán, y Abascal recogió el testigo anteayer: "Un golpe del Estado, perpetrado por Sánchez y su mafia, contra los españoles y su soberanía", escribió, en un mensaje que tenía la ley de nietos como telón de fondo. Pero, bajo ese marco, las insinuaciones de Vox han ido más allá de esta norma: esta semana, extendió las dudas a la concesión de nacionalidad a los saharauis -"abre la puerta al fraude electoral"- y a principios de mes acusó a Sánchez de ser "capaz de no convocar elecciones" -ayer insistió Abascal-. En junio ya había reclamado a la Junta Electoral Central la suspensión del voto por correo desde el extranjero porque, a su juicio, este "no ofrece hoy un nivel de garantías equivalente al exigido para el voto por correo en territorio nacional". Cuestionaba el partido desde la identificación personal del elector hasta la "integridad de la cadena de custodia de la documentación electoral". Y, en paralelo, la formación de Abascal sometió a votación en el Congreso una propuesta para reformar la ley electoral y que, por ejemplo, el voto emitido por correo se recuente en una urna separada a la que recoge las papeletas presenciales. La sombra de duda extendida por Vox sobre el voto por correo remite, inevitablemente, a la narrativa que también defiende hoy Donald Trump en EEUU. Su gobierno pidió poner en marcha nuevos requisitos a esta modalidad de participación electoral de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre, aunque el Tribunal Supremo estadounidense frenó su pretensión. El republicano ya agitó el fantasma del fraude electoral, por ejemplo, en 2024, cuando afirmó que estaba habiendo "trampas" en los comicios en Pensilvania. Además, tardó Trump en reconocer su derrota ante Joe Biden en 2020, dejando hueco a la duda entre los más desconfiados. Otro de los afines a Vox, Jair Bolsonaro, ex presidente brasileño, también cuestionó el sistema electrónico de votación de este país antes de que, en las elecciones de 2022, Lula da Silva resultara vencedor -luego Bolsonaro sería condenado por intento de golpe de Estado-. Altos cargos de la campaña del hoy presidente argentino Javier Milei para las elecciones de 2023 vertieron denuncias sobre un supuesto fraude electoral en vísperas de las urnas, y el ex primer ministro húngaro Viktor Orbanabrió la puerta a dudar del resultado antes de su derrota de este año. El discurso es, pues, compartido en este espacio político.