El Ejecutivo prorroga hasta diciembre las bonificaciones fiscales a los carburantes

El conflicto en Oriente Próximo, que ha provocado un fuerte encarecimiento de la energía, disparando con ello las tensiones inflacionistas, ha obligado al Gobierno a aprobar tres decretos anticrisis en apenas siete meses. El primero, en marzo, en plena efervescencia de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán; el segundo, en junio, ante la prolongación de la inestabilidad en el Golfo, y el tercero, este martes ante el enquistamiento de la guerra y la falta de visibilidad de una pronta resolución. El resultado de este aparente callejón sin salida es una inflación que en España se ha catapultado en septiembre hasta el 4,9%, seis décimas más que en agosto y su tasa más alta desde febrero de 2023, laminando el poder adquisitivo de las familias. Para amortiguar el impacto del fuerte y súbito encarecimiento de los combustibles y evitar un efecto contagio sobre los alimentos, lo que aún penalizaría más a los hogares, el Ejecutivo ha lanzado este martes un nuevo paquete de medidas en apoyo "a los sectores más expuestos y a las familias más vulnerables a la subida de precios provocada por la guerra ilegal" desencadenada por EEUU e Israel en Irán, como anticipó la víspera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En realidad, es una "segunda prórroga y adaptación" de las medidas contenidas en el primer Plan de Respuesta a la guerra aprobado en marzo, como ha resaltado este martes Carlos Cuerpo, que ha justificado su adopción por el significativo deterioro del escenario energético en los últimos meses, presionando al alza la evolución del IPC. De este modo, entre las medidas incluidas en este nuevo decreto figura la prórroga hasta final de año de los descuentos fiscales a los combustibles en el Impuesto sobre Hidrocarburos. Según ha explicado Cuerpo, la rebaja será de 20 céntimos por litro en octubre, tanto para el diésel como para la gasolina (en septiembre esa bonificación solo se ha aplicado al gasóleo, ya que en la gasolina ha sido de solo 5 céntimos). Al igual que ya se hizo en el decreto de junio, los incentivos se irán minorando en el transcurso de los próximos meses, de manera que en noviembre el descuento será de 13 céntimos por litro y en diciembre de 6 céntimos, introduciendo de nuevo un mecanismo de salvaguarda vinculado a la evolución de sus precios en el IPC. En virtud de dicho mecanismo, si los precios subieran por encima del 15% en los meses de noviembre y diciembre, el descuento aplicable volvería a elevarse hasta los 20 céntimos. No es la única medida que ha alumbrado este martes el Consejo de Ministros. El nuevo plan anticrisis incluye también topes a la subida del precio del gas. En concreto, la tarifa de último recurso (TUR), que afecta unos 3 millones de consumidores, no podrá subir más de un 35% en la revisión de octubre ni más de un 15% en las siguientes revisiones. "Sin estos límites, estimamos que hubiera subido más de un 50%", ha justificado Cuerpo. Mientras, el precio máximo de la bombona de butano será de 19,55 euros hasta junio del año que viene. Son medidas que colisionan con la filosofía de la Comisión Europea, que aboga por reducir el consumo en lugar de intervenir los precios, lo que a la postre puede provocar justo el efecto contrario: espolear el consumo y distorsionar el mercado energético. El nuevo paquete de medidas anticrisis elevará por encima de los 12.000 millones de euros el esfuerzo de combatir los efectos de la crisis energética derivada de la guerra de Irán, mermando aún más el ya de por sí reducido margen de maniobra fiscal para afrontar nuevos shock. De ahí que en el nuevo plan antiinflación se opte por intervenir los precios, decisión siempre polémica, en lugar de profundizar en las ayudas, que, además, serán objeto de "una retirada gradual para minimizar el impacto presupuestario, el coste de estas medidas", como ha reconocido Cuerpo. El nuevo real decreto llega después de que el vicepresidente primero y ministro de Economía se haya reunido días atrás con los agentes sociales (patronal y sindicatos mayoritarios) y con los representantes de los sectores más afectados por la subida de los precios energéticos (industria, transportes, distribución, agroalimentación...) y después de que agricultores y ganaderos amenazaran con movilizaciones en toda España para protestar contra la "inasumible alza" del precios de los combustibles. En este sentido, además de la prórroga general de los descuentos en el diésel y la gasolina, el Gobierno también extiende las ayudas para agricultores, ganaderos y armadores y también para el transportes profesional por carretera. En concreto, en este último caso se mantendrá la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos, que irá in crescendo: 5 céntimos por litro en octubre; 12 céntimos en noviembre, y 19 en diciembre. Y se prorroga también hasta el 31 de diciembre la bonificación de 20 céntimos por litro al gasóleo agrario, junto a la ayuda compensatoria a los armadores de pesca. Además, el nuevo real decreto introduce una novedad: la apertura de una nueva línea de apoyo para el ferrocarril de mercancías, con 15.000 euros de ayuda por locomotora diésel. El tercer plan anticrisis del Ejecutivo mantiene también las salvaguardas de los decretos anteriores, entre las que sobresale la vinculada a los precios de la electricidad. Así, si la luz o el gas se encarecieran más de un 15% en septiembre respecto al mismo mes del año pasado, el IVA de ambos se reduciría del 21% al 10%, y el impuesto sobre la electricidad bajaría del 5,1% al 0,5%. El vicepresidente primero del Gobierno recordó, asimismo, que las empresas beneficiarias de las ayudas vinculadas al plan anticrisis no podrán efectuar despidos alegando perjuicios derivados del conflicto en Oriente Próximo. Desde un punto de vista más estructural y en el ámbito de la soberanía energética, Carlos Cuerpo ha anunciado la ampliación de las reservas de gas natural licuado para el invierno, así como el endurecimiento del régimen sancionador del sector de hidrocarburos, que ahora conllevará la duplicación de las multas derivadas de eventuales infracciones. Además, el Gobierno ha socilitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un análisis sobre la eficacia y el grado de traslación de las medidas adoptadas sobre los mercados energéticos, así como de la evolución de los precios de los alimentos.