El PP planteará conflicto de atribuciones ante el Constitucional por el 'plantón' de tres ministros

A finales del mes de agosto, Margarita Robles (ministra de Defensa), José Manuel Albares (Exteriores) y Fernando Grande-Marlaska (Interior) dejaron su silla vacía en la comisión del Senado a la que cada uno había sido convocado para explicar su gestión de la crisis en Ceuta. El PP, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, ya respondió políticamente a este plantón anunciando la reprobación de los tres miembros del Gobierno -algo que se materializará en el Pleno de esta semana-. Y, ahora, se dispone a censurar la actuación de los ministros también por la vía judicial, ante el Tribunal Constitucional. Los populares llevan a la sesión parlamentaria de este miércoles un nuevo conflicto de atribuciones para que el corte constitucional dirima sobre las "ausencias" de Robles, Albares y Marlaska en el Senado. A juicio del partido de Alberto Núñez Feijóo, que ya anunció que llevaría también ante el Tribunal Supremo las "incomparecencias", estos plantones al Senado suponen un "pisoteo" de la ley. Acusan al Ejecutivo de haber "impedido que el Senado pueda ejercer una de las atribuciones constitucionales que tiene encomendadas: la función de control al Gobierno". "Las sillas vacías de los ministros no pueden quedar impunes, y seguiremos llevando a los tribunales la decisión del Gobierno de esconderse del Senado y de huir de los españoles", ha señalado la portavoz popular en la Cámara Alta, Alicia García, en unas declaraciones remitidas a los medios en las que tilda de "auténtica vergüenza" lo ocurrido. Los ministros justificaron su ausencia en el Senado en que, días después, comparecieron en el Congreso bajo el mismo telón de fondo. El Gobierno comunicó al Senado que entendía "cumplida su obligación de sometimiento a control y explicaciones a las Cortes Generales mediante las comparecencias solicitadas a petición propia ante varias comisiones del Congreso", según recoge el PP, al que sin embargo este argumento no le convence: afea a los tres cargos del Gobierno que ofrezcan las explicaciones "que les conviene, en la fecha que les conviene y en las condiciones que les convienen". "El Gobierno no puede elegir unilateralmente qué Cámara le controla, cuándo comparece ni en qué condiciones lo hace", protesta García, recordando que la citación a dar explicaciones en el Senado "no es una invitación", sino "una obligación constitucional y parlamentaria". El Reglamento de la Cámara Alta establece que los miembros del Gobierno "están obligados a comparecer ante las comisiones y sus órganos" conforme a lo establecido en dos artículos de la Constitución: el 76 y el 110. El primero se refiere a la normativa para las comisiones de investigación, mientras que el segundo, más general, fija que "las Cámaras y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno". A todo ello se aferra el PP para dirigirse ahora al Tribunal Constitucional en busca de censura al plantón de los ministros. No es la primera vez que los populares toman esta vía -han planteado 13 choques institucionales en esta legislatura-. Lo hicieron incluso contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando el pasado febrero plantearon al Constitucional un conflicto de atribuciones contra él después de que no compareciera en el Pleno extraordinario convocado tras el accidente ferroviario de Adamuz. Es la primera vez en la historia de la democracia que se impulsaba este choque contra un jefe del Ejecutivo, aunque el Constitucional aún no se ha pronunciado sobre ello. El conflicto de atribuciones es un mecanismo al que pueden recurrir distintos órganos del Estado -como el Senado- cuando consideran que otra institución "adopta decisiones asumiendo atribuciones" que le son propias -de acuerdo con la legislación vigente-. Este choque entre órganos del Estado queda regulado en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que señala que la corte de garantías "determinará a qué órgano corresponden las atribuciones constitucionales controvertidas y declarará nulos los actos ejecutados por invasión de atribuciones".