El Tribunal de Cuentas desnuda la contabilidad de Montero: uso de deuda y fondos UE para tapar que no hay Presupuestos y nuevo 'agujero' récord de las pensiones

El Tribunal de Cuentas desnuda la contabilidad del Ministerio de Hacienda con un informe auditor con tantas llamadas "salvedades" que en una empresa cotizada sería un suspenso. Uso multimillonario de la deuda y de fondos UE para tapar que no hay Presupuestos, ingresos inflados y nuevo agujero récord en las pensiones son algunas de las irregularidades y bombas de relojería detectadas por el organismo fiscalizador en el informe de 754 páginas remitido al Congreso de los Diputados. Se trata de la Declaración de la Cuenta General del Estado (DCGE), que es la gran auditoría pública a las cuentas de toda la Administración Central, correspondiente a 2024. El Tribunal de Cuentas la aprobó el pasado 29 de abril tras desechar la mayoría de las alegaciones presentadas por el Ministerio de Hacienda cuando aún era vicepresidenta primera la actual candidata socialista a la Junta andaluza, María Jesús Montero. La mayoría socialista del Tribunal de Cuentas, encabezada por Enriqueta Chicano, impuso un tono que le pareció edulcorado a los cinco consejeros a propuesta del PP y a otra del propio bloque gubernamental, la catedrática Isabel Fernández, que emitieron votos particulares. No obstante, los doce consejeros coinciden en constatar una decena de irregularidades, incluido el incumplimiento constitucional de presentar Presupuestos y las consecuencias negativas que esto tiene. TIRA DE DEUDA AL NO TENER PGE Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez asegura que puede gobernar con prórrogas continuas de Presupuestos, la situación debilita las propias cuentas del Estado. El Gobierno gastó en 2024 77.341 millones por encima de lo previsto inicialmente en los Presupuestos prorrogados de 2023 y tuvo que financiar el 95% con deuda, -lo que alimenta el pago de intereses-, porque no tenía base legal para hacerlo de otro modo. «De los 77.341,9 millones de euros de incremento neto del presupuesto de gastos (10.612,2 procedentes de incorporaciones de remanente de crédito), 73.182,8 millones no estaban cubiertos con otras fuentes, apelándose para su financiación a la variación del saldo vivo de la deuda», resalta el informe. «La omisión del envío del preceptivo Proyecto de Ley de Presupuestos para 2024 impidió su debate a las Cortes Generales (...) y provoca, entre otras circunstancias, una incertidumbre sobre la aplicabilidad en 2024 de determinadas normas vinculadas a la gestión presupuestaria», firman incluso los consejeros propuestos por el PSOE. DESVÍA FONDOS UE Uno de los puntos más polémicos del informe por su posible ilegalidad y provocación a la Unión Europea es el desvío de fondos europeos para pagar pensiones, como publicó este diario el pasado domingo. Al menos ya en 2024 se desviaron 2.389 millones para pagar a funcionarios jubilados y complementar las pensiones más bajas. «La insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos ineludibles de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas del Sistema de la Seguridad Social motivó que se autorizasen dos modificaciones por 2.389,4 millones de euros (una ampliación de crédito el 6 de noviembre de 2024 por 1.722,1 millones de euros y una transferencia de crédito el 19 de noviembre de 2024 por 667,3 millones de euros), ambas financiadas con créditos sobrantes del servicio 50 Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», señala el informe. El llamado Servicio 50 aglutina los fondos recibidos para cumplir el Plan de Recuperación y la desviación supuso que, sobre todo, el Ministerio de Industria no los utilizara para los fines previstos. Hacienda alega que eran fondos «sobrantes» que no se podían ejecutar ese año -no aclara si lo ha hecho después- y que es lícito utilizarlos para otros fines en un escenario de prórroga presupuestaria. Asegura también Hacienda que este uso «no compromete el cumplimiento del Plan de Recuperación». Los consejeros propuestos por el PP y la catedrática Isabel Fernández coinciden en que la normativa no permite ese uso del dinero ni excepcionalmente, porque prevé que «sólo podrán ejecutarse con la finalidad de financiar actuaciones que resulten elegibles conforme a su marco regulatorio». El grupo Vox ha presentado ya una pregunta a la Comisión Europea en la Eurocámara sobre el uso indebido de los fondos en España. INFLA DEUDAS El informe detecta una sobrevaloración de ingresos del Estado en nada menos que 11.263 millones. Hacienda infla, en su opinión, lo que puede obtener de «deudores tributarios y no tributarios». En cómputo general, el Tribunal de Cuentas sostiene que el resultado presupuestario global «está sobrevalorado en 4.090 millones». Y, según el único consejero que votó en contra, Javier Morillas -nombrado a propuesta del PP- esta sobrevaloración es particularmente relevante, porque «el resultado presupuestario es el punto de partida de la fijación del déficit o superávit en términos de contabilidad nacional, es decir, a efectos de la estabilidad presupuestaria». Consejeros nombrados por el PP sostienen que se limitaron a voto crític0, pero no en contra «por responsabilidad» al no haber precedentes de tumbar la Cuenta General del Estado. EL 'AGUJERO' El gran agujero sigue siendo el del sistema de pensiones. Pese a todas las reformas del actual Gobierno, el patrimonio neto negativo -en quiebra técnica si fuera una empresa- del sistema de la Seguridad Social ascendió ya a 106.139 millones de euros en 2024, un nuevo récord. «Como en años anteriores, ha de insistirse en el hecho de que la financiación por medio de préstamos del Estado no resuelve los problemas estructurales de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, no contribuye al saneamiento de su balance y de su cuenta de resultados», reitera el informe. Y alerta sobre otro capítulo: «La gestión de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes en las mutuas adolece de un importante déficit estructural, que a 31 de diciembre de 2024 asciende a 2.677,3 millones de euros, por lo que de mantenerse en el tiempo esta situación existe un riesgo potencial de desequilibrio económico financiero en el sector». ¿VIVIENDA ASEQUIBLE? En el abanico de hallazgos, el Tribunal de Cuentas incluye que la nueva empresa estatal de vivienda, la antigua Sepes, acredite que va a utilizar 880,5 millones que le concedió el Gobierno para «viviendas de alquiler asequible».