Líneas rojas al 'decreto Maricarmen': Junts exige al PSOE rebajas fiscales mientras crece la presión en las calles contra el Gobierno

Cinco meses después de ese 28 de abril en el que el Congreso derogó el real decreto ley del Gobierno que perseguía la prórroga de los contratos de alquiler, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido recurrir a Junts para implementar con urgencia medidas de choque que impidan el estallido de un 15-M de la vivienda, sumando un nuevo y quizás inasumible frente al ya de por sí maltrecho Gabinete socialista. La catarsis social y política generada por el desahucio de Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años expulsada del piso que llevaba habitando en Madrid desde hace siete décadas, ha empujado a Sánchez a aferrarse a su antiguo socio de investidura y estudiar las medidas que la formación liderada por Carles Puigdemont ya le puso sobre la mesa antes de tumbar el decreto diseñado por Sumar, su socio de Gobierno, en el mes de abril. Tres semanas atrás, la portavoz de la formación independentista, Míriam Nogueras, entregó en mano a Sánchez una propuesta actualizada de esas mismas medidas. No se preveía entonces un suceso tan mediático como el de Maricarmen. De ahí, que la respuesta del Ejecutivo fuera nula, como lo había sido durante todos estos meses. Pero todo cambió tras el desahucio de la octogenaria y, especialmente, tras las protestas que se extendieron por todo el país tras ser forzada judicialmente a abandonar su hogar. Tal y como adelantó ayer EL MUNDO, el Gobierno analiza ya el paquete de medidas sobre vivienda diseñado por Junts, consciente de que su voto es crucial para que un nuevo decreto antidesahucios salga adelante. Lo hace con urgencia, porque la intención del Ejecutivo es llevar dicho decreto al Consejo de Ministros del próximo martes, habiendo cerrado previamente un acuerdo con los neoconvergentes que garantice su posterior validación en el Congreso, al contrario de lo que ocurrió en el mes de abril. Fuentes de la dirección de Junts confirman a este diario que el PSOE «ve con buenos ojos» el sentido general de sus propuestas, especialmente las que tienen que ver con la suspensión de los desalojos de pisos que sean propiedad de fondos buitre y la prohibición de que dichos fondos adquieran nuevas viviendas en España. Y esperan una «contraoferta» en las próximas horas. Sin embargo, Nogueras ha fijado una línea roja a Sánchez, que tiene que ver con la fiscalidad: si quiere el respaldo de Junts, el Gobierno tendrá que desgravar el IRPF de los alquileres y de las hipotecas. La deducción de los arrendamientos sería del 15% para la vivienda habitual y por un valor máximo de 11.630 euros anuales. Además, Junts ha propuesto la desgravación de las cuentas de ahorro para jóvenes. En su planteamiento también figuran medidas como la posibilidad de que las personas mayores de 65 años que viven en una residencia puedan vender su antigua vivienda habitual sin pagar IRPF por la ganancia obtenida o que las familias puedan cancelar la hipoteca de su piso si el banco con el que la contrató la vende a otro banco por un importe inferior al que le queda pendiente de liquidar. Estas exigencias fiscales hubieran sido rechazadas de plano por el Gobierno meses atrás, especialmente por los integrantes de Sumar, pero la «urgencia» también manda en este aspecto tal y como reconoció ayer el ministro de Cultura y portavoz de la formación de izquierda populista, Ernest Urtasun, quien se mostró favorable a «debatirlas» porque «la gente quiere soluciones ante la sangría social que está produciendo la crisis habitacional en España». La presión sobre el Ejecutivo es enorme y procede de sus afines, lo que la vuelve especialmente peligrosa para los intereses electorales del PSOE y Sumar. «El decreto Maricarmen tiene que aprobarse este mismo martes», advirtieron ayer las portavoces de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI), quienes definieron como «extrema» la necesidad de que los actores políticos «reaccionen frente a la ola de indignación que se ha desatado en hasta 40 ciudades». Como Junts, los activistas también tienen sus propias condiciones. Desde su punto de vista, el decreto debe incluir: medidas estructurales para impedir los desahucios, la congelación de los precios actuales del alquiler, la aprobación de prórrogas efectivas para los arrendamientos, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones y la renovación automática de todos los contratos para que pasen a ser indefinidos. Además, ayer decidieron urgir a los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, a convocar «una huelga general por la vivienda y el coste de la vida» si el decreto no sale adelante de inmediato.