Las agendas de Julio Martínez apuntan a su influencia en la liberación de presos en Venezuela

La policía se topó durante el registro del domicilio del empresario Julio Martínez Martínez con la prueba que puede demostrar que el empresario y amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tenía un papel relevante en la política venezolana: unas agendas manuscritas donde Martínez dejó constancia de “acuerdos, decisiones, compromisos, responsabilidades, plazos y acontecimientos del más alto nivel”. Uno de los cuadernos intervenidos, de color negro y con la serigrafía PLUS ULTRA, LÍNEAS AÉREAS, incluye anotaciones que, concluyen los agentes de la UDEF que analizaron su contenido, “revelan una posible intervención en decisiones estratégicas de carácter público como es la liberación de presos en Venezuela o la intervención de agentes del servicio de inteligencia español (CNI) en relación con lo que parece corresponder con la repatriación de Edmundo González y numerosas anotaciones respecto de la oposición al gobierno de Venezuela”. Las notas de Julio Martínez, según los investigadores, “trascienden notablemente del ámbito de influencia o de las relaciones institucionales que pudiera ostentar un empresario, al proyectarse directamente sobre asuntos de Estado de máximo nivel, ajenos por completo al marco normal de una actividad mercantil”. Las agendas y otra documentación impresa fueron requisadas al empresario en el registro de su domicilio, en el barrio madrileño de Salamanca, el 11 de diciembre del pasado año. En las mismas páginas, Martínez alude a los “2 del CNI” junto a la frase “Que EG venga”, que los agentes interpretan como “la repatriación de Edmundo González” a España, en referencia al candidato opositor al chavismo, a quien el Gobierno terminó concediendo el estatus de asilado político. No obstante, la referencia al CNI también puede aludir al caso de los dos españoles detenidos en Venezuela a los que se acusó de ser agentes del Centro Nacional de Inteligencia español en 2024, si bien el informe no recoge esta posibilidad. Además de las referencias al Estado y la política de Venezuela, entre los papeles hay referencias a actividades económicas. Los investigadores vinculan unas anotaciones sobre Huawei a una licitación pública para renovar routers (enrutadores de internet) y switches (conmutadores para conectar equipos informáticos a una red local) de la Red Ferroviaria de Interés General. En la agenda negra figura la anotación “Huawei 100 fin de mes / 400 contrato”. Los agentes relacionan esa anotación con una licitación de ADIF por 400.000 euros del pasado diciembre, que ha sido adjudicada, aunque por valor de 200.000 euros, el pasado 23 de abril a una empresa que no está entre las investigadas en la trama. Más adelante hay otra referencia a la compañía china, “Carbon-Huawei Visita 26 Fra.”, que la UDEF interpreta con cautelas que podría referirse a la semana de la Cumbre Global de Eficiencia Energética en Dubái de 2025, en la que participó la empresa de telecomunicaciones. Pero aún hay más en la documentación requisada a Martínez. Los agentes encontraron “otro grupo documental” donde constan apuntes en una hoja denominada como TEMAS DE INTERÉS, “donde refleja lo que pudiera corresponder con un plan de negocio relacionado con el petróleo y sus derivados”. En color rojo aparece el porcentaje 10% entre paréntesis y “anotaciones sobre la compraventa de oro” junto a la expresión “% fees [honorarios]” y “Bandes debe estar disimulado”. Bandes hace referencia al banco estatal Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela. El informe apunta a la posibilidad de que Julio Martínez se refiera aquí a que los honorarios “son un porcentaje de las operaciones” y que esa transacción se podía hacer “a través de Bandes, de manera disimulada”. Además, la agenda incluye una referencia a “H. O.”, siglas que apuntan a Héctor Obregón, un abogado y político venezolano, que preside PDVSA pero que fue presidente de ese banco desde 2020 a 2023 y viceministro de Economía Digital y Banca ese 2023, dependiente de la entonces ministra Delcy Rodríguez. Del mismo modo, hay documentación con referencias “a altos cargos del Estado venezolano”, como el ministro de desarrollo minero económico y el viceministro de Seguimiento y control de desarrollo ecominero; pero también de empresas estatales como CVM (Corporación Venezolana de Minería), PDVSA (Petróleos de Venezuela), CVG (Corporación Venezolana de Guayana), “directamente vinculadas a actividades de extracción de recursos naturales del país como son carbón, gas, petróleo, oro o níquel”. Así, la UDEF señala que estas agendas de Julio Martínez corresponden ”con un representante operativo, actuando en reuniones del más alto nivel como lo que parece ser un asistente directivo de una tercera persona que ostenta la verdadera capacidad de influencia política“. En la mencionada agenda PLUS ULTRA, el empresario alude a un posible plan sobre Venezuela que consta de una reforma constitucional que fije la duración de un mandato presidencial en cuatro años y que incluya la figura de un primer ministro, a la manera de Francia, y un Consejo de Estado que sirva de segunda cámara para el país. Además, menciona una amnistía, un plazo de reforma de un año y “elecciones tras (locales y gob.)”. Detalla también que para esas reformas se deberá nombrar a un independiente —que no sea “chavista”— y que debe llevarse a cabo “sin asesores internos, solo consultas”, porque, detalla el empresario de 59 años, “la soberanía es de Venezuela”. Más adelante abundan en sus notas las referencias a presos detenidos en Venezuela, como Enrique Márquez —en la actualidad expreso político, y que fue vicepresidente del Consejo Nacional Electoral entre 2021 y 2023—, Leocensis [a quien identifican con Leocensis García] y Alberto Adrián González, que figuran junto a la anotación “esto no es un signo de debilidad”. En las páginas sucesivas Martínez anota “cuánto para rehabilitar a Rafael Ramírez”, en referencia al exministro para el petróleo de Hugo Chávez que rompió con Maduro, y a Rocío San Miguel, abogada y activista por los derechos humanos que también estuvo presa. Otra de las referencias a presos apunta a la mujer de Freddy Superlano, diputado de la Asamblea Nacional venezolana. Además, se incluyen referencias a la embajada argentina, que albergó a presos políticos del país bolivariano. En cuanto a la hoja de TEMAS DE INTERÉS, el documento figura subdividido en seis puntos. Los cuatro primeros, señala el informe, tratan sobre “un plan de negocio relacionado con el petróleo y sus derivados”. Las anotaciones hacen referencia a cargamentos o pagos anticipados de Asfalto, “contrato por 500.000 toneladas métricas” de petcoke, un subproducto del refinamiento de crudo que tiene valor propio como combustible. También aparecen menciones a inversiones sobre este producto y fechas de supuestas salidas de buques con crudo. En cuanto a nombres, Julio Martínez anotó el de “Ramón Carretero”, que los agentes afirman que “podría corresponder con Ramón Carretero Napolitano”, el “principal intermediario de flujo de petróleo entre Venezuela y Cuba”. Los puntos 5 y 6 abordan otros aspectos. En el quinto, encabezado con la palabra TRINI, trata una licencia pendiente de aprobación. “Está en la mesa de la ministra”, escribe. Y el sexto está enunciado con la frase “tema Gabarra Ana María en la Sala Constitucional Sentencia 0582”, que los agentes creen que podría referirse a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Se trata del levantamiento de embargo del convoy remolcador Anna1 y la gabarra María que tenían una carga de más de 93.000 barriles de asfalto. El resto de documentos contenían información sobre proyectos inmobiliarios, como uno de interiorismo en la urbanización Hoyo en Marbella, los planos de edificación de 93 plazas de aparcamiento en la Estación de Almendralejo (Badajoz) y otros de varios edificios en Las Palmas. En una tercera agenda, esta de color azul, figuran nombres de posibles políticos, consultores, presidentes de sindicatos y grandes empresarios. Las anotaciones también incluyen palabras como “Emiratos”, “Land Island”, “Agencia de reclutamiento”, “Loma de Níquel”, “Oil” y “Dubái-Características”, entre otras. Sobre la Loma de Níquel, los agentes apuntan a que la primera mina comercial de ofiolitas de níquel de Venezuela tiene ese nombre. Los agentes apuntan a que una de las anotaciones “Nacionalidad (Fran Caamaño)”, podría referirse a Francisco Caamaño, que fue ministro de Justicia en los Ejecutivos de Zapatero, entre 2009 y 2011, sin aportar más detalle. En otra de las agendas requisadas, Martínez escribe “Z había ofrecido algunas cosas que no había cumplido”, sin dar detalles. En otra anotación, Martínez señala “AIR EUROPA-GASPAR ZARRIAS-MAGDA ÁLVAREZ”, que los agentes identifican con el exdiputado socialista andaluz y exmiembro del Ejecutivo autonómico y Magdalena Álvarez, exministra de Fomento con Zapatero. Otras menciones aluden a empresas dedicadas a compraventa de divisas, a varias compañías petroleras pertenecientes a PDVSA, de logística y extracción de oro. Los agentes señalan en el informe de las agendas privadas que no han podido encontrar el vínculo entre el contenido de estas anotaciones y las actividades declaradas por las sociedades de Martínez. No obstante, en otro informe de la UDEF sí que aparecen varias conversaciones entre Julio Martínez y varios empresarios venezolanos, como los hermanos Amaro Chacón, en el estos tratan presuntos negocios que ambos tienen entre manos que coinciden con algunas anotaciones de estas agendas. La principal es la compraventa de petcoke por parte de una empresa china y otros operadores interesados. La trama, señalan los agentes en ese otro informe, intentó utilizar su influencia con el gobierno venezolano (a través de la intervención de Zapatero) para cerrar dichos tratos comerciales. Los agentes, además, enumeran otras de estas supuestas operaciones en las que figura Martínez: “una de exportación de oro”, “la sucesiva transformación en otras divisas de euros en metálico en Caracas”, la ”comercialización de Amarillo” que, según los agentes, es una “presunta referencia a oro” y “el proyecto de Western Atlas Resources”, también conocido como proyecto Loma de Níquel.