La ola de reformas que ha acometido el Senado le permiten ejercer de contrapoder al sanchismo

Ana Sánchez

Madrid

Los escándalos y la bronca política constante han opacado las cuatro reformas del Senado que el PP ha implementado en los últimos dos años y medio gracias a su mayoría absoluta en la Cámara Alta, y que, analizadas en conjunto, suponen una mutación de fondo. ... El Senado tiene ahora más funciones legislativas y de control al Gobierno que en 2023 y con ellas está ejerciendo un papel de contrapoder que va más allá de su función de cámara de representación territorial.

Desde el inicio de la legislatura, el Ejecutivo y el Congreso han abusado de sus poderes para debilitar al Senado, pero lo que han terminado provocando es su refuerzo. Y es que todas estas reformas se han aplicado como reacción a un sanchismo que pretendía anular esta cámara por la mayoría absoluta que los populares ostentan en ella, y como estrategia política de estos últimos precisamente para intentar explotarla frente a un Congreso donde se encuentran en minoría.

El proceso de mutación comenzó en noviembre de 2023 con una reforma para que el Senado pueda decidir si tramita una ley por vía urgente o no. Hasta entonces, tanto el Gobierno como el Congreso podían imponerle esta tramitación que, por mandato constitucional, solo da 20 días para todo el proceso: estudio, debate y enmiendas.

El PSOE y Sumar venían abusando de esta calificación para recortar así la capacidad de intervención del Senado en el proceso legislativo, al mismo tiempo que abusaban de la aprobación de reales decretos leyes que ni siquiera pasan por esta cámara.

Los socialistas recurrieron la reforma ante el Tribunal Constitucional, que les dio la razón, pero antes del fallo los populares realizaron una segunda reforma en marzo de 2025 con distinta redacción, pero el mismo sentido. Los socialistas también la han recurrido, pero, de momento, se sigue aplicando y, gracias a ella, ni el Gobierno ni el Congreso están pudiendo forzar a la Cámara Alta a tramitar leyes por vía urgente.

La segunda reforma de fondo no tardó en llegar. En noviembre de 2024, ante el ninguneo de la Moncloa a las autonomías del PP de cara a la Conferencia de Presidentes, el partido que preside Alberto Núñez Feijóo decidió cambiar el Reglamento para que los senadores puedan incluir, por mayoría absoluta, puntos en el orden del día de esta reunión.

Al poder influir en los temas a abordar en este cónclave, el Senado refuerza su capacidad para proyectar la posición de las autonomías gobernadas por la oposición en situación de distinta mayoría política en ambas cámaras.

Control de la tramitación urgente. El Senado se dota de la capacidad de decidir si acepta o no la tramitación urgente de una ley. Hasta ese momento, Gobierno y Congreso podían imponerla, reduciendo el plazo a 20 días y limitando el debate y las enmiendas.

Influencia en la Conferencia de Presidentes. Reforma del Reglamento para permitir que una mayoría absoluta de senadores incluya puntos en el orden del día de la Conferencia de Presidentes, reforzando el papel del Senado en el ámbito territorial.

Blindaje frente al Constitucional. Nueva reforma sobre la tramitación urgente tras el recurso del PSOE al TC. Mantiene el fondo de la anterior, pero con distinta redacción para sortear un posible fallo en contra del Constitucional y consolidar la autonomía del Senado en este ámbito.

Refuerzo del control al Gobierno. Es la reforma más profunda ya que afecta casi a 50 artículos. Obliga al presidente del Gobierno a comparecer mensualmente (aunque con excepciones justificadas), refuerza el control sobre las ausencias de ministros, limita los tiempos de intervención del Ejecutivo, refuerza los instrumentos de control y crea nuevas comisiones permanentes (Contratación del Estado y Entidades Locales).

Un año después, en noviembre de 2025, se produjo la última y la más profunda de todas. Ha afectado a casi 50 artículos: desde el estatuto del senador al desarrollo de las sesiones y a las reuniones y votaciones telemáticas, pasando por los tiempos de intervención.

Esta reforma aumenta las competencias del Senado en materia de control al Gobierno y refuerza su intervención en cuestiones territoriales gracias a la creación de dos comisiones permanentes: la de Vigilancia de las Contrataciones de la Administración General del Estado, y la General de Entidades Locales.

Sin embargo, la medida más mediática de esta reforma fue intentar forzar tanto al presidente del Gobierno como a los ministros a acudir al Senado a contestar preguntas y comparecer. Fue la respuesta a que Sánchez dejara pasar los meses sin pisar el Senado y que gran parte de sus titulares ministeriales dejaran las sillas vacías para no someterse a las preguntas de la Cámara Alta.

La vía fue incluir en el Reglamento la obligatoriedad de que el presidente del Gobierno acuda a la Cámara Alta al menos una vez al mes a la sesión de control. El socialista puede no acudir si tiene motivos justificados que debe notificar previamente y en eso se sigue refugiando ya que sigue sin ir.

Junto a ello, los populares también decidieron obligar a los ministros a comunicar, al menos 48 horas antes del plazo de presentación de preguntas, las «razones debidamente acreditadas» que impidan su presencia en el siguiente pleno. Además, el primer punto del orden del día es un turno sobre si los motivos alegados por los ministros que falten son o no suficientes. El grueso de las ausencias se mantiene, pero el motivo se retrata.

En esta última reforma, el PP también ha limitado a 40 minutos el tiempo máximo de intervención del Gobierno en las comparecencias para evitar un uso abusivo de la tribuna de oradores y ha reforzado las preguntas, interpelaciones y comparecencias.

Todo ello con enfado mayúsculo de los socialistas que le acusan, a su vez, de abusar de su mayoría absoluta. El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, acusa al partido de Alberto Núñez Feijóo de «vaciar el Senado como cámara territorial» y reformar el Reglamento sin contar con ningún otro grupo de la Cámara Alta. Para el senador andaluz, son los populares los que están en una «estrategia de confrontación partidista permanente con el Gobierno y el Congreso», y no al revés.

El ejercicio del Senado como contrapoder se completa con el uso del conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional y las creaciones de comisiones de investigación. Respecto a lo primero, son trece los presentados ante el máximo órgano de garantías contra el Gobierno y/o el Congreso por considerar que se excede en el ejercicio de sus poderes o no cumple con sus obligaciones.

Contra el Gobierno en solitario se dirige el más importante y el que abre un camino inédito: el planteado por la no presentación de los Presupuestos durante los tres últimos tres años.

Además, el TC tendrá que resolver otros recursos que involucran tanto al Ejecutivo como al Congreso: modificar la ley de eficiencia jurídica mediante una corrección de errores y «mutilar» según el Senado las leyes de cadena alimentaria, navegación aérea y multirreincidencia.

En exclusiva contra la Cámara Baja, la Alta ha dirigido otros: por la ley de amnistía –aunque no lo llevó hasta el final porque el PP priorizó el recurso de inconstitucionalidad–, por no considerar como veto el voto en contra de la mayoría del Pleno del Senado a una ley y por bloquear las normas aprobadas por los senadores. El TC ha fallado ya en amparo de un recurso similar del PP por las 71 veces que se prorrogó el plazo para registrar enmiendas a una ley la legislatura pasada, introduciendo un precedente relevante para este pulso institucional. Al reforzar la posición de la Cámara Alta en la defensa de sus competencias también abre la puerta a una mayor judicialización del conflicto político entre ambas cámaras.

En cuanto a las comisiones de investigación, las creadas ascienden a siete: caso Koldo, CIS, red ferroviaria, RTVE, SEPI, la dana y el apagón. Estas dos últimas tienen su gemela en el Congreso y todo apunta a que las conclusiones y responsabilidades que se determinen en cada cámara serán muy distintas. Esta duplicidad no solo aumentará la confrontación por la existencia de dos relatos políticos distintos sino que puede acabar trasladando a la opinión pública conclusiones contradictorias con el consiguiente deterioro de la credibilidad institucional.

Más allá del espectáculo que están ofreciendo, los populares defienden que la comisión de investigación sobre el caso Koldo ha servido para desvelar las mentiras y contradicciones del Gobierno en muchos aspectos de la trama como que en la contratación de Jésica no había irregularidades, que la expresidenta de Adif mandó guardar silencio a la persona que destapó el fraude en la contratación o que Armengol mintió sobre Aldama.

Respecto a la comisión sobre el apagón destacan que sirvió para que los operadores eléctricos entregaran los audios que intentaba esconder Red Eléctrica, y para presentar las primeras conclusiones que pueden servir para reclamar por daños y perjuicios.

La reforma del Senado ha sido un asunto de debate casi desde su nacimiento. Para algunos juristas se le dotó con escasas funciones y para otros su diseño está mal hecho. Los padres de la Constitución nunca han negado que la Cámara Alta no acabó siendo lo que debería. Miquel Roca Junyent admitió que no pudieron detenerse más en su diseño y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón se lamentó de que quedara en una débil réplica del Congreso. Pero, a pesar de ello, nunca se dio el paso de implementar una reforma profunda. Hasta ahora, pero en una dirección sobre la que nunca se debatió.