El Congreso suspende de manera indefinida las acreditaciones de Vito Quiles y Bertrand Ndongo

El Congreso ha tomado la decisión de suspender cautelarmente y de manera indefinida las acreditaciones a los agitadores ultras Vito Zoppellari Quiles y Bertrand Ndongo. Tras un proceso que ha durado meses, la Mesa, el órgano de gobierno de la Cámara, con el apoyo de la mayoría de PSOE y Sumar, ha acordado este miércoles, a propuesta de la presidenta, Francina Armengol, retirarles de forma provisional el permiso para trabajar en sede parlamentaria. A ambos se les aplica la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas por la sucesión de altercados que han protagonizado, especialmente agravados en los últimos días. La medida cautelar queda ahora a la espera de resolver más de una docena de expedientes abiertos contra ellos. El PP no ha apoyado el acuerdo, que no afecta a las acreditaciones en el Senado, y ha abandonado la reunión de la Mesa. El órgano de gobierno de la Cámara baja había recibido para su estudio este mismo miércoles cuatro expedientes sobre actuaciones de los agitadores ultras, como resultado de las primeras denuncias presentadas contra ellos, a finales de 2025, tras la reforma del Reglamento aprobada ese año con el fin de poner coto a los constantes incidentes que han provocado. Esas conductas hubiesen desencadenado probablemente una suspensión temporal de sus acreditaciones. Pero al final la Mesa ha optado por otro camino más expeditivo ante la gravedad de su comportamiento en las últimas semanas: retirarles cautelarmente y de forma indefinida las acreditaciones a la espera de resolver todos los expedientes que todavía están en fase de información en el Consejo Consultivo de Comunicación. Este órgano fue creado a raíz de la reforma del Reglamento y en él se integran el servicio jurídico de la Cámara, funcionarios, representantes de organizaciones de periodistas y miembros de todos los grupos parlamentarios. PP y Vox, sin embargo, han decidido boicotear el Consejo, no acuden a sus reuniones para explicar su postura y argumentan que aplicar las sanciones previstas es una forma de censura. Los afectados tienen derecho a recurrir esta decisión de la Mesa y han avanzado también que acudirán a los tribunales. La Mesa ha optado por esta fórmula “después de que en las últimas semanas haya habido un crecimiento casi exponencial de las denuncias contra ambos y un aumento de la gravedad de los hechos denunciados”, según fuentes del órgano de gobierno de la Cámara. La pasada semana, Sumar presentó una denuncia contra Ndongo por llamar “idiota” a su portavoz adjunta, Aina Vidal, y otra en comisaría por hostigarla fuera del Congreso bloqueando incluso su acceso a un taxi. Tras ese incidente y el insulto en la sala de prensa, el agitador se encaró con un un informador, lo que provocó una denuncia más de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP). A Quiles lo denunció el PSOE por grabar un vídeo contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en el despacho de la diputada del PP Alma Alfonso, cuando no tiene autorización para ello. Sumar reclamó también a la Mesa por su comportamiento al haber interrumpido a gritos una comparecencia de Vidal en la que precisamente estaba criticando los acosos sufridos por parte de Ndongo. El órgano de dirección de la Cámara subraya “el intolerable nivel de violencia verbal e incluso de ataques físicos a diputadas” que se han venido sucediendo desde hace meses e incrementado en las últimas semanas. Esos comportamientos suponen, según la Mesa, “un desprecio de la libertad de expresión” de las parlamentarias, “una verdadera amenaza al funcionamiento del Congreso” y “un ataque al Estado social y democrático de derecho”. Para decretar la suspensión provisional de las acreditaciones, los servicios jurídicos han recurrido al artículo 56.2 de la ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas. Esa norma permite imponer medidas cautelares al tiempo que se incoa un procedimiento administrativo “en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados”. Según la ley, la Mesa dispone ahora de 15 días para confirmar o reconsiderar la suspensión cautelar. Los afectados podrán recurrirla. Mientras tanto se irán tramitando la docena de expedientes abiertos contra los dos ultras por motivos como reventar ruedas de prensa, manifestarse de modo agresivo contra diputados y periodistas, así como grabar imágenes en zonas no permitidas o para las que carecen de permiso. En ese caso, se les aplicará el artículo 98 del Reglamento de la Cámara, introducido con la última reforma. El PP, que en los últimos meses ha prodigado muestras de apoyo a Quiles e incluso lo contrató para el cierre de su campaña a las elecciones autonómicas de Aragón, se ha retirado antes de que acabase la reunión del órgano de gobierno y se tomase la decisión. Tampoco ha ofrecido explicaciones públicas. “Qué vergüenza que el PP no se haya querido quedar en la Mesa siquiera para votar en contra”, ha denunciado el secretario primero del órgano de gobierno, Gerardo Pisarello, de Sumar. En defensa de Quiles, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha llegado a en ensalzar su “valentía” y “arrojo”. El grupo socialista se ha felicitado por la decisión, ha destacado también que en las últimas semanas “se ha agravado la actitud de estas personas” y ha enfatizado un aspecto que considera “especialmente grave”: “Muchas de estas actitudes han tenido un evidente comportamiento machista dirigido contra diputadas”. Los dos agitadores entraron en el Congreso con acreditaciones de prensa, Quiles por EDA TV y Ndongo por Periodista Digital. Pronto comenzaron los incidentes con ellos y fueron los propios periodistas parlamentarios de la mayoría de medios, con líneas editoriales muy diferentes, quienes emprendieron protestas para denunciar que se dedicaban a entorpecer su trabajo, cuando no a hostigarlos a ellos mismos. “Señalar no es periodismo”, fue el eslogan de una concentración celebrada en febrero de 2025 ante la Puerta de los Leones de las Cortes. Quiles fue en las pasadas elecciones europeas candidato por Se Acabó La Fiesta, la lista del ultra Alvise Pérez. Los acosos e interrupciones a gritos en ruedas de prensa siempre se han dirigido contra portavoces de la izquierda. PP y Vox han estado a salvo de sus correrías y han defendido su actividad como pretendido “periodismo”, en contra del criterio expresado por las principales organizaciones profesionales.