El Gobierno abre una excepción al decreto de centros de datos para excluir de sus exigencias la gigafactoría catalana de IA

El Gobierno ha abierto una válvula de escape para que los proyectos que le interesen políticamente queden excluidos de las duras exigencias del decreto de centros de datos que amenaza con provocar una deserción en masa de los proyectos en curso de construcción de nuevos data center en el mercado español. La nueva versión del borrador de decreto de centro de datos que el Gobierno ha enviado al Consejo de Estado -el último trámite antes de su aprobación en las próximas semanas, antes de la convocatoria de elecciones generales del 29 de noviembre- incluye un artículo que permite al Gobierno excluir centros de datos si su titular es una entidad del sector publico estatal que tenga la condición de operador crítico o si están adscritos a este tipo de entidades. Fuentes del sector de la promoción de centros de datos señalan que este artículo está diseñado especialmente para aplicarse al proyecto catalán de Gigafactoría de IA, que el Gobierno ha decidido que se instale en Tarragona. Las exigencias del decreto, especialmente en el uso de energía renovable hora a hora, -y las exigencias de eficiencia en el consumo de agua y luz- son de tan difícil cumplimiento y supondrían un aumento de costes tan elevado que su aplicación generalizada y sin excepciones podría poner en peligro el proyecto de Gigafactoría prevista en Morá la Nova (Tarragona). Además, el decreto señala concretamente que "se prevé, además, un régimen específico para los centros de datos que formen parte de iniciativas de la Unión Europea cuya finalidad principal sea reforzar la soberanía digital europea, como las factorías y gigafactorías de inteligencia artificial y los supercomputadores, incluidos los proyectos presentados por el Gobierno de España a sus convocatorias". En su disposición transitoria segunda, el borrador de decreto establece que quedarán exentos de sus obligaciones aquellos centros "que formen parte de iniciativas de la Unión Europea que se hayan convocado con anterioridad a la entrada de este Real Decreto y cuya finalidad principal sea reforzar la soberanía digital europea, en particular las factorías y gigafactorías de inteligencia artificial y los supercomputadores, o que hayan sido presentados por el Gobierno de España a una convocatoria de dichas iniciativas". El proyecto de la Gigafactoría de Tarragona contempla miles de millones de inversión -alrededor de 5.000 millones de euros- y es una baza política muy importante para el Gobierno del PSC de Salvador Illa y para los otros socios políticos catalanes que han apoyado al Gobierno de Pedro Sánchez como ERC y Junts. La candidatura española compite con más de 75 iniciativas europeas para hacerse con una de las primeras cuatro gigafactorías de IA que Bruselas espera seleccionar este año. La llamada iniciativa europea InvestAI pretende movilizar 20.000 millones de euros para impulsar esta tecnología. Los proyectos elegidos deberán estar operativos entre 2027 y 2028, con una inversión estimada de entre 3.000 millones y 5.000 millones de euros entre capital y deuda. En el caso español la empresa que promueve la Gigafactoría contará con una participación del Gobierno Central del 47,99% a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), mientras que la Generalitat de Cataluña se quedará con un 1% en la fase inicial. Los socios privados son principalmente Telefónica, ACS y Banco Santander que, en conjunto tendrán un 47%. Las tres compañías contarán con un paquete accionarial a partes iguales del 15,67%, según lo establecido en los estatutos y el pacto de socios. Según Spain DC, la patronal de empresas promotoras de centros de datos, entre 2026 y 2030 había hasta ahora inversiones comprometidas de hasta 67.000 millones. Y si se aplicase este decreto, incluso en su nueva versión suavizada, hasta el 90% de esas inversiones estaría en riesgo de deslocalización a otros países como Portugal o Francia.