El escudo humano de Pedro Sánchez

La reacción del Gobierno después del accidente mortal en Urda (Toledo) es un compendio de la corrosiva cultura política promovida por Pedro Sánchez: prioridad del relato sobre la gestión, opacidad a la hora de rendir cuentas y una voluntad siempre refractaria a asumir sus obligaciones. Por eso ha decidido mantener la confianza en Óscar Puente. La extraordinaria gravedad de contabilizar en un año más de un centenar de muertos en dos accidentes ferroviarios, una anomalía impropia de un país desarrollado, rebasa por completo el umbral del ministro. La responsabilidad alcanza de lleno al presidente, quien a la insolvencia del Ejecutivo ante el caos en la alta velocidad suma la negativa a depurar responsabilidades. Mantener a Puente en su puesto puede responder a una maniobra de resistencia, como la empleada con Fernando Grande-Marlaska para evitar que su eventual cese alcance también a Moncloa, o bien a la calculada táctica de limitar en la figura del ministro de Transportes el desgaste que acarrea Urda. En todo caso, esta decisión supone una burla intolerable a las víctimas y al conjunto de la ciudadanía. Máxime si el ministro admite que sólo contempla su renuncia si creyera que perjudica al partido. Anteponer la estrategia orgánica al interés general es otro rasgo inherente a este Ejecutivo. La comparecencia este viernes de Puente es inaceptable incluso para los degradados estándares del Gobierno. En la forma, por la impúdica exhibición de falta de autocrítica. Y, en el fondo, porque el titular de Transportes confudió dar explicaciones con intentar fijar una narrativa exculpatoria que también alimentan los medios afines al Ejecutivo. Además de cargar de nuevo contra el operario del centro de control -desvelando detalles de su situación sociolaboral-, Puente mostró escasa empatía -llegó a preguntarse si su dimisión reconfortaría a las víctimas- y cargó contra la gestión del PP tras el accidente de Angrois justo el día del entierro de la ex ministra Fátima Báñez, fallecida en el siniestro del pasado miércoles. Solo a un dirigente sin límite moral se le ocurre victimizarse después de una tragedia desencadenada por un fallo de un sistema de seguridad obsoleto que, tal como él mismo admite, se ha caído 170 veces en el último año en la línea Madrid-Sevilla. El colmo es hacer pasar como «normal» un dato tan inquietante. De forma paralela, Urda ha destapado la politización en la cúpula de Adif, plagada de vínculos con el PSOE, y la pérdida de experiencia de su plantilla. Son algunas de las razones que explican el inmenso deterioro de la red. La desconfianza es tal que operadores y maquinistas exigen un cambio del reglamento de circulación para reducir la velocidad. Mitigar el riesgo de inseguridad es una prioridad insoslayable. Un Gobierno, con Sánchez a la cabeza, superado y volcado en buscar chivos expiatorios no está en posición de atender estas necesidades. Al contrario, es el principal obstáculo.