Sánchez utiliza el comodín del aborto para tratar de neutralizar a Ábalos el día que empieza su juicio en el Supremo

Una imagen demoledora. Quien fuera todopoderoso ministro de Transportes -la cartera con más asignación presupuestaria del Estado- y mano derecha de Pedro Sánchez en la Secretaría de Organización del PSOE se sienta desde hoy en el banquillo del Tribunal Supremo para ser juzgado por ... el cobro de comisiones en la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia. El juicio a José Luis Ábalos es un torpedo a la línea de flotación de este Ejecutivo, que llegó al poder a lomos de una moción de censura a la corrupción y que ve como esa lacra también anidó en sus entrañas. Conscientes del impacto, en Moncloa están desplegando una ofensiva política para tratar de neutralizarlo. Si el lunes fue el presidente del Gobierno quien demostró urgencia y precipitación en poner cara -y camiseta de España- al anuncio de los 22 millones de afiliaciones a la Seguridad Social, que todavía no se han materializado en la práctica; para este martes el Consejo de Ministros tenía prevista otra carga de profundidad, avanzando en un proyecto, otras veces rechazado, para blindar constitucionalmente el derecho al aborto en la Constitución. Un comodín con alto impacto ideológico que se instrumentaliza, además, con escaso recorrido parlamentario. La reforma de la Carta Magna exige una mayoría reforzada en las Cortes de tres quintos, esto es, 210 diputados. Un apoyo que el Ejecutivo no tiene en la actualidad para sacarla adelante y que en el pasado fue la excusa para dar carpetazo a las reivindicaciones de Sumar. Cuando el socio minoritario propuso el blindaje constitucional hace dos años, fue la propia ministra de Igualdad, que este martes presentaba la iniciativa tras el Consejo de Ministros, quien le cerró el paso asegurando que «no se daban las condiciones» políticas para aprobarlo. Ana Redondo adujo entonces que el procedimiento era «extenso» e «intenso» y que no era viable por la posición del PP y la presencia de Vox en el Congreso. No existen los «consensos amplísimos» suficientes, señaló. Ahora tampoco.Noticia relacionada general No No Moncloa asume que Ábalos desbarata su plan de marcar la agenda política Ainhoa Martínez En Moncloa no han hecho números, porque saben que no los tienen, pero quieren reabrir un melón incómodo para el PP, que no adopta una postura definida sobre esta cuestión y que suele caer en contradicciones al posicionarse. En el principal partido de la oposición vieron venir el movimiento y se revolvieron contra la enésima «cortina de humo para tapar sus problemas de corrupción y de su mujer en los juzgados». Consideran que la ley actual ya es «suficiente» y no prestarán sus votos.Igualdad se opuso al blindaje constitucional hace dos años porque no existía el consenso político suficienteSin embargo, el rechazo no es exclusivo del PP. El Gobierno tampoco cuenta con el aval de algunos de sus socios a izquierda y derecha. Hay quienes le han vuelto a ver el juego de manos y lo califican de «postureo», como el PNV, o critican que se quieran reabrir debates que ya están superados, más cuando tiene nulas posibilidades de prosperar. Otros, como Podemos y algunos juristas, alertan de que el blindaje constitucional, lejos de ser un avance, supondría un riesgo al efectivo ejercicio de un derecho que ya tiene un respaldo legal vigente. Esto es así, porque la reforma del artículo 43 que se propone no lo reconocería como derecho fundamental, como ya hizo el Tribunal Constitucional (TC), sino como un mero principio rector, lo que disminuye su protección.Por «oportunidad política»No son los aliados parlamentarios los únicos que han cuestionado la fórmula utilizada por el Gobierno para promover la reforma. La propuesta de Igualdad plantea añadir un nuevo apartado 4 al artículo 43, que reconoce el derecho a la protección de la salud, para consagrar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y obligar a los poderes públicos a garantizar su prestación en condiciones de igualdad. El propio Consejo de Estado en el dictamen en el que avalaba el blindaje constitucional alertaba de que el atajo del artículo 43 puede estar vinculado a la mayor facilidad del procedimiento de reforma previsto en el artículo 167 de la Constitución, que no exige la disolución de las Cortes Generales, a diferencia del artículo 168 aplicable a los derechos fundamentales, que sí exigiría elecciones generales. El Gobierno evita la reforma agravada de la Constitución, que obligaría a disolver las Cortes y convocar elecciones«Se trata de consideraciones de oportunidad política que, desde un punto de vista constitucional, no deberían ser tenidas en cuenta a la hora de elegir el precepto objeto de la reforma. La decisión de reformar uno u otro precepto constitucional ha de realizarse atendiendo únicamente al contenido de la reforma propuesta, en el marco de la Constitución. El procedimiento de reforma aplicado debe ser la consecuencia de esta decisión y no su causa», señala el dictamen del órgano consultivo.En el Gobierno recuperan esta bandera, con el modelo francés como referente, en un momento en el que son plenamente conscientes de que volverán a salir a la palestra las lamentables declaraciones en las que los implicados en el 'caso Koldo' se referían a mujeres prostituidas como mercancía. Estos audios, grabados por el asesor de Ábalos, y en las que aparece el propio exministro como consumidor de estos servicios tuvieron un impacto demoledor en las expectativas electorales del PSOE sobre las mujeres. Un nicho fundamental de votantes que fue decisivo para que Sánchez pudiera retener el poder en las elecciones del 23 de julio. De este modo, se busca reconectar con un electorado clave y muy crítico con escándalos como este y las polémicas sexuales que han afectado al partido. En el Gobierno defienden que el derecho al aborto tiene un amplio respaldo social y no solo buscan una irrupción oportunista del debate en pleno 'caso Koldo', sino que quieren debilitar la posición del principal partido de la oposición que rechaza el blindaje en la Carta Magna. Fuentes de Moncloa defienden con datos que 7 de cada 10 españoles está a favor de la ley de plazos de 2010. «Ahora se trata de trasladar ese apoyo social a la mayoría parlamentaria. Trabajaremos sin descanso para hacerlo posible», aseguran, conscientes de que no hay números suficientes para ello. No en vano, las citadas fuentes se ocupan de recordar el recurso de inconstitucionalidad que el PP presentó contra la ley y que finalmente rechazó el TC en 2023.«Tiempo de la justicia»En el Gobierno no ocultan que estos casos, tal como publica hoy ABC , tienen una afectación directa sobre los ciudadanos y que acaban por desbaratar su estrategia de colocar el foco en la política internacional y la buena marcha de la economía. En este sentido, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ofreció su «empatía» a los españoles, conscientes de que la concentración de juicios a casos de corrupción que se están produciendo esta semana «generan desafección». «Es el momento de la justicia, que dirima todas las responsabilidades y que llegue hasta el final», sentenció, para apuntar: «El que la haga, que la pague». Sin embargo, al Gobierno se le sigue atragantando la asunción de responsabilidades políticas, incapaz de responder cómo se han depurado en este caso o si habrá movimientos en el futuro en caso de que haya una condena al exministro. Cabe recordar que la expulsión de Ábalos del PSOE estuvo parada durante 14 meses y el expediente no se resolvió de manera definitiva hasta conocerse la implicación de Santos Cerdán en la trama de adjudicaciones de obra pública.