El jefe de la UCO declara en el Supremo que Ábalos era el jefe “instrumental” de la trama y Aldama “el que paga”

Una trama con dos jefes. Un ministro con mucha capacidad de influencia y un empresario dispuesto a pagar por ella. Esa es la fotografía que han dejado casi 12 horas de declaración de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que han intervenido en la investigación que ha sentado en el banquillo a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. Los agentes han situado al exministro de Transportes y al empresario y comisionista en la cúspide de la “organización criminal” que se juzga en el Supremo. Ábalos, según la UCO, era “el jefe instrumental”, el que abría puertas y quien llevó a Aldama y sus socios a sitios donde no hubieran llegado por sí mismos. Pero tampoco dudan de que el “jefe real” de la trama era Aldama, que tenía “a sueldo” a todo un ministro y secretario de Organización del PSOE y a su asesor, y logró con prebendas “comprar su voluntad”. La declaración de los agentes de la UCO es un testimonio fundamental para las acusaciones del caso koldo porque su relato se asienta en gran medida en los informes que la Guardia Civil ha ido entregando durante la investigación, muy cuestionados por las defensas. La relevancia de esta declaración ha quedado patente durante la décima sesión del juicio en los largos interrogatorios del jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, dando pie a que la UCO detallara, una a una, todas las evidencias acumuladas en la causa contra los tres acusados; pero también en la intensidad con la que las defensas de Ábalos y Koldo se han afanado en poner en duda la robustez de las pruebas, o en el nerviosismo palpable del exministro y su antiguo asesor, que no han parado de levantarse de sus asientos para hablar al oído de sus letrados o de hacer comentarios entre ellos y elocuentes gestos de rechazo a muchas de las afirmaciones de la UCO. El tribunal ha empezado a escuchar el testimonio de los agentes a las 10.00 del lunes y ha terminado a las 0.03 del martes, con un receso de poco más de una hora para comer y otros tres descansos de entre 5 y 15 minutos para estirar las piernas e ir al baño. En la fase final de los interrogatorios, las acusaciones, los abogados y el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, han admitido que les costaba ya centrar su atención o expresar las ideas con claridad, pero la sala se había fijado como objetivo terminar este lunes con las declaraciones de testigos para dar paso el miércoles (el martes no hay sesión) a las declaraciones de los acusados y han llevado esa decisión hasta el final. A lo largo de esta larguísima jornada, los agentes han desgranado cómo han ido atando cabos tras abrir una investigación por la compra de mascarillas por parte de la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al grupo Cueto y a la que se había asociado Aldama para vender ese material de protección al Ministerio de Transportes en los primeros días de la pandemia de covid-19. Luzón ha querido saber si, tras cuatro años de investigación (empezaron en abril de 2022), los agentes advierten una “relación jerarquizada” ente los tres acusados, y los guardias han explicado las relaciones de poder que existían en la supuesta red corrupta: el que mandaba sobre todos era Aldama, porque es quien “tiene a sueldo” a Ábalos y Koldo García, pero la trama no habría podido conseguir los contratos y el grado de penetración en la administración que obtuvo si no fuera porque entre sus integrantes estaba el entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE. “Es el que abre negocios, el que tiene la capacidad de llevar a Aldama y sus socios a sitios donde por ellos mismos no pueden. Es un miembro cualificado de la organización, por eso cobra lo que cobra y cuando lo exige, le pagan“, ha explicado el teniente coronel Antonio Balas, jefe del grupo del departamento de delincuencia económica de la UCO. El mando policial ha identificado a los dos jefes en la trama corrupta: Aldama, el real, “el que paga”; y Ábalos, el “instrumental”, al que usan para penetrar en el núcleo de poder de Transportes y otros ministerios. “Aldama se refiere Ábalos como ‘el jefe’. Creo que el que paga, manda, y ese es Aldama. Pero en esa presunta organización criminal hay miembros con mayor peso”, ha advertido Balas, para quien en “todas” las acciones que intentan o consiguen “evidentemente el papel de Ábalos es fundamental”. “Sin él no podrían haber hecho casi ninguna de las cuestiones. Pero al final, quien paga es Aldama. Y quien exige”, ha precisado. En este punto, ha detallado “diferentes episodios” en los que se aprecia “cómo [Aldama] les exige de manera contundente” gestiones al exministro y su antiguo asesor. “Por ejemplo, cuando está pidiendo a Koldo salvoconductos para sus socios venezolanos, Koldo se muestra al principio reticente porque está continuamente pidiéndolo a los policías, pero le exige que lo haga y se hace”, ha recalcado. El jefe de la UCO ha aludido también al comunicado que emitió Transportes anunciando los avances en el rescate de Air Europa: “El que lo impulsa es Aldama al decir ‘a Javier [Hidalgo] ya no le valen las palabras’. Y acto seguido Koldo molesta a Ábalos para que se ponga en funcionamiento”. Según el agente, aunque entre los socios se hablara de Ábalos como “el jefe”, “para darle seguridad a la propia organización […] realmente Aldama es el que paga y el que exige y ellos [Ábalos y Koldo] en ningún momento han sido reacios. Siempre han emprendió la acción que les han mandado”. Para ilustrar el grado de penetración en el Gobierno que Aldama consiguió captando a Ábalos, los investigadores han explicado ante al tribunal cómo se gestó el viaje a España, en enero de 2020, de la entonces vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que tenía prohibida su entrada en España por un acuerdo del Consejo de la Unión Europea. A quien le interesaba ese viaje era al empresario, que tenia negocios en ese país. La UCO ha recalcado que fue Aldama quien elaboró en su ordenador una supuesta carta de invitación del entonces ministro de Transportes a la dirigente venezolana y, tras enviarle el borrador a Koldo, consigue que Ábalos informe de esta visita al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que respondió: “Bien”. “El acceso a altas instancias es total”, han concluido los agentes. La Guardia Civil ha puesto también el foco en la importancia que tenían en la trama “las personas interpuestas”. “Todo el mundo se vale de otro para sus fines”, han afirmado, para explicar que Abalos utiliza a Koldo, “su alter ego” porque es el que hace lo que el ministro le pide. “Äbalos no va a pedir dinero ni a pasar un currículum”. Siguiendo el mismo patrón, el asesor empleaba a su hermano Joseba, “para recoger el dinero o registrar sus bienes y gestionar el patrimonio de Ábalos”. Del lado de los empresarios, también hay personas interpuestas a Aldama, supuestos testaferros. “Él se expone lo justo”, han advertido. Una de las claves del juicio es, hasta qué punto, los investigadores tienen acreditado los cobros en efectivo por parte de Ábalos y Koldo García, y, específicamente, los 10.000 euros mensuales que, según Anticorrupción, Aldama les entregó al menos, entre noviembre de 2019 y septiembre de 2022. Las defensas han sostenido a lo largo de la investigación que no hay ninguna evidencia de esas entregas, más allá de dos episodios puntuales en los que Joseba García, hermano del antiguo asesor ministerial, recogió en República Dominicana un sobre con esa cantidad de manos de una colaboradora de un socio de Aldama. A preguntas de Anticorrupción, el teniente coronel Balas ha asegurado que la primera prueba de esos pagos es una nota creada por Aldama en su ordenador el 18 de octubre de 2019. En ese documento, el empresario refleja un desglose de gastos y entre ellos pone: “grandu, 11.500″. “Esta anotación adquiere relevancia porque Aldama se refiere a Koldo como grandullón de forma reiterada”, ha asegurado el agente, que ha detallado otras “evidencias” de estas entregas, como una conversación entre Koldo García y su entonces pareja, Patricia Uriz, en la que ella le dice “ya me ha dado 20 chistorras”, término con el que, según la UCO, la trama se refiere a billetes de 500 euros. “Es decir, 20 billetes de 500, 10.000 mil euros”, ha advertido el mando de la UCO. A esas pruebas ha sumado Balas otras como una reunión en noviembre de 2019 entre Koldo y el empresario justo después de que Aldama modificara esa nota en la que apuntaba los gastos, una secuencia que los investigadores vinculan con una nueva entrega de efectivo. El rastro de las supuestas mordidas continua en los meses siguientes en conversaciones en las que Aldama habla de “seguir engrasando la máquina”, una afirmación utilizada en una conversación con un tal Jiménez, al que los agentes no tienen identificado pero del que aseguran que puso 80.000 dólares a disposición del empresario en junio de 2020 después de que este le reclamara efectivo porque todavía no había cobrado el dinero que esperaba del Gobierno (se supone que por los contratos de mascarillas adjudicados a Soluciones de Gestión). “La máquina necesita aceite, ya sabes tu mejor que nadie”, se justifica Aldama. El teniente coronel ha corroborado también una conversación por la que ha preguntado el fiscal que se produjo en abril de 2019 entre Ábalos y Koldo: “A Gonzalo hay que darle algo porque se está portando bien y aun no le hemos dado nada”. Con “Gonzalo”, según los investigadores, se referían a Aldama porque es su segundo nombre (Víctor Gonzalo). Luzón ha hecho ver que en esa fecha en la que Ábalos admite que el empresario se está “portando bien”, este supuestamente está ya haciéndose cargo del alquiler de Jésica Rodríguez, pareja del entonces ministro. “Es continúa la referencia a estas entregas y la verificación de las entregas”, ha insistido Balas. Los agentes consideran también acreditado que meses después fue el hermano de Koldo, Joseba García, el que empezó a recoger el dinero mensual, aunque no saben la razón de este cambio. Para las defensas del exministro y su asesor estas evidencias no son suficientes para dar por probadas esas entregas, lo que ha llevado a un tenso interrogatorio, sobre todo por parte de la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, quien ha puesto en duda que los investigadores tengan constatación real de algunas de las conclusiones que incluyen en sus informes. Los agentes han repasado cada uno de los hechos que se atribuyen a la red corrupta, empezando por el que centra el juicio, los contratos de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión por parte de Puertos del Estado y Adif. Para el teniente coronel Balas, esos contratos son “el paradigma” de lo que Aldama perseguía pagando 10.000 euros mensuales al entonces ministro y su asesor. “La decisión de contratar recae en Ábalos aunque el contrato sea de Puertos o Adif. Cuando alguien pone en duda por qué se contrata a quien preguntan es a Ábalos. Esa capacidad de decisión es la que quiere Aldama porque le genera muchos beneficios, mas de 6 millones”, ha explicado la UCO, que no han dado ninguna opción a la tesis de las defensas de que no hubo irregularidad en esas adjudicaciones porque se trató de un procedimiento de emergencia, con normativa más laxa, y fueron los órganos de contratación de Puertos del Estado y de Adif los que se decantaron por la empresa vinculada a la trama sin recibir presión del entonces ministro ni su asesor “La decisión de contratar con Soluciones de Gestión parte del ministro y de Aldama”, ha zanjado un agente. La Guardia Civil ha revelado también que el 16 de mayo, cuatro días antes de que Ábalos firmara una orden ministerial de compra de cuatro millones de mascarillas y la cambiara, 38 minutos después, por una nueva orden que duplicó esa cifra, mensajes intercambiados por la empresa ya hacían referencia a que van a vender ocho millones de mascarillas al Ministerio de Transportes. Los agentes han apuntado a que la empresa sabía ya desde el principio que el contrato de Puertos del Estado no iba a ser el único y que iban a vender un total de 20 millones de mascarillas entre distintos departamentos del Gobierno y Ejecutivos autonómicos en los que Ábalos y Koldo podían influir. “Esto no es baladí porque al final son 19,8 millones de mascarillas los que coloca Soluciones de Gestión en todas las administraciones con las que tiene relación”, han explicado los agentes. El pago por parte de Alberto Escolano, socio de Aldama, del alquiler del piso en el que vivía la entonces pareja de Ábalos es, para los agentes, otra evidencia de que la trama pagaba por diferentes vías los favores del exministro. Ya ni las defensas cuestionan que está acreditado que la renta no la abonaba ni Jésica Rodríguez, ni Ábalos ni Koldo, por lo que han intentado abrir la puerta a que esa casa no se alquiló expresamente para que residiera la mujer, sino que los empresarios se habían hecho con ese inmueble para mantener reuniones de trabajo y dejaron que Rodríguez se hospedara allí. Pero los agentes han cegado también esta vía desgranando las conversaciones entre el exministro, el asesor y la mujer que atestiguan que fue ella la que eligió el piso y que lo definía como “la casita de novios con Jose”. “¿Qué esta pagando Escolano con ese piso?“, ha preguntado la abogada de Koldo. Los agentes no lo han dudado: ”Escolano actúa por orden de Aldama y Aldama lo que esta pagando es el nivel de acceso al ministro y ese nivel de acceso vale lo que ellos hayan acordado. Lo que está claro es que Aldama entiende que lo que va a obtener es comprar la voluntad del ministro”. Los últimos en comparecer ante el tribunal, pasadas las 21.45 de la noche, han sido los agentes responsables de los informes patrimoniales de Koldo García y Ábalos. Respecto al pimero, los testigos han explicado que los datos hay que analizarlos no solo a partir de las cuentas del antiguo asesor ministerial, sino también de los de su expaeja y su hermano, ambos investigados en la parte de la causa que se intruye en la Audiencia Nacional. En el periodo investigado, entre 2017 y 2022, en las cuentas de los tres entraron más de 600.000 euros en efectvo, pero la mayor parte corresponde a los años 2020, 2021 y 2022. Según la UCO, en esos tres años hay más de 387.000 euros en efectivo sin justificar ingresados en las cuentas del asesor y su entorno (138.000 en las de Koldo y su exmujer y 224.900 en las de Joseba García). El año 2020, el de los contratos de mascarillas de la pandemia, fue testigo de un importante incremento de patrimonio de quien fuera asesor de Ábalos y sus familia. Ese año compraron tres viviendas, y pusieron una a nombre de cada uno, aunque la que se registró como de Joseba es la que realmente usaban somo residencia habitual Koldo y su entonces pareja en Palop (Alicante). Respecto al patrimonio del exministro, los agentes han señalado que el incremento que recogen sus cuentas y sus declaraciones de la Renta no son tan altos, aunque se aprecia que deja de sacar dinero en efectivo de cajeros entre 2018 y 2023. La Guardia Civil, además, da por hecho que el exministro y su asesor tenían un “patrimonio compartido” que manejaban Koldo García y su mujer, que llevaban para ellos y para su jefe una contabilidad en a, con ingresos que pueden justificar, y otra en b, con los injustificables. Tambien consideran que Víctor Ábalos, hijo mayor dle exdirigente socialista, manejaba dinero que era de su padre. Los agentes han hecho tambié referencia, a preguntas de Anticorrupción, al lenguaje en clave que, aseguran, usaban los miembros de la trama para hablar de billetes de alto valor. “Leyendo las conversaciones no queda ningún tipo de duda de que chistorras son billetes de 500 euros”, han afirmado.