El M&A en España desciende un 25% en la 'era Pedro Sánchez'

Los banqueros de negocios que asesoran grandes adquisiciones y colocan acciones en las salidas a Bolsa van a tener pocos incentivos profesionales para votar por Pedro Sánchez en las elecciones convocadas para el 29 de noviembre, al constatar que en sus más de ocho años como presidente del Gobierno la actividad corporativa en España ha sufrido un retroceso significativo. Según un análisis de EXPANSIÓN, a partir de datos de Dealogic, el valor de las compras de empresas españolas entre junio de 2018 (cuando Sánchez accedió al poder gracias a una moción de censura) y octubre de 2026 asciende a 460.000 millones de dólares (unos 410.000 millones de euros). Este importe supone una caída del 25% respecto a los ocho años previos al mandato del líder socialista, periodo de 2010 a junio de 2018 en el que estuvieron en el poder José Luis Rodríguez Zapatero (hasta el final de 2011) y Mariano Rajoy (2012-2018). Entonces, se adquirieron activos españoles por más de 600.000 millones de dólares. La creación de un nuevo mecanismo de control de inversiones extranjeras (el escudo antiopas) tras la pandemia de Covid en 2020 y la subida de los tipos de interés a partir de la invasión de Ucrania en 2022 son los principales factores que explican la caída del M&A (fusiones y adquisiciones) en España durante la última etapa política, pese al crecimiento de la economía y la buena marcha de la Bolsa. La mayor adquisición de una firma española durante este octenio ha sido la del 50% de la operadora de móviles MasOrange por el grupo francés Orange, valorada en unos 17.000 millones de euros (incluyendo la deuda asumida por el comprador). Otra compra significativa fue la de Telxius (torres de transmisión de señales de Telefónica) por American Tower en 2021, valorada en 7.700 millones de euros. En los ocho años anteriores, destacó la oferta pública de adquisición (opa) de ACS y Atlantia (ahora Mundys) sobre Abertis, cerrada por 32.000 millones de euros en mayo de 2018, poco antes del acceso de Sánchez al poder. Es llamativo que el reciente descenso de valor del M&A se ha producido pese a la fuerte subida de las valoraciones: desde junio de 2018, el Ibex 35 se ha duplicado y ahora supera los 19.000 puntos. Los analistas indican que a la hora de lanzar operaciones han pesado otros factores más que el optimismo bursátil. Por un lado, el escudo antiopas sirvió al Consejo de Ministros para vetar una opa sobre Talgo y para condicionar la entrada del fondo australiano IFM en Naturgy y de la operadora saudí STC en Telefónica. Este control ha podido disuadir el lanzamiento de operaciones más agresivas sobre estas mismas compañías o sobre otros grandes grupos del Ibex, al requerir autorización previa para la compra del más del 10% de una cotizada por un inversor extranjero. A través de otros mecanismos de intervención en transacciones nacionales, el Gobierno también puso condiciones a la opa de BBVA sobre Sabadell, finalmente fracasada; y además impidió la fusión de Indra con el grupo Escribano a través de la presencia directa de la Sepi en ese grupo de tecnología y defensa. Otro factor disuasorio ha sido el aumento de los costes de financiación, a partir de 2022. La subida de los costes energéticos a partir de la invasión de Ucrania impulsó la inflación e hizo subir los tipos de interés, encareciendo las compras, sobre todo para los fondos de capital riesgo que utilizan mucha deuda en sus adquisiciones. La compra de Urbaser por un consorcio de EQT y Blackstone, cerrada este mismo año 2026, es la mayor operación de los fondos en la última etapa política. La subida de los tipos de interés, junto al parón de las operaciones en 2020 durante el confinamiento del Covid, puede servir como coartada al Gobierno para justificar el menor importe de M&A. Pero en la fase anterior, la crisis del euro también drenó las operaciones de 2010 a 2013. Por el contrario, en los últimos años han aumentado las compras españolas en el extranjero, sobre todo por los conglomerados del Ibex. En los últimos meses, Santander se ha hecho con la entidad estadounidense Webster Financial, e Iberdrola con la eléctrica finlandesa Caruna. La subida de la Bolsa española tampoco ha impedido un desplome de las salidas a Bolsa en la era Sánchez, ya que las colocaciones de nuevas empresas en este periodo ascienden a 8.800 millones de dólares (7.850 millones de euros), un 70% menos respecto a los 32.500 millones de dólares de las ofertas públicas de venta (OPV) desarrolladas en los ocho años anteriores. El estreno bursátil de Puig en 2024 ha sido la principal colocación de este periodo, mientras que en la década anterior destacaron las de Aena y Cellnex, ambas en 2015. En este caso, el descenso de la actividad de salidas a Bolsa puede enmarcarse en una tendencia europea, ya que en los parqués del Viejo Continente cada vez cuesta más realizar colocaciones. Ahora mismo, firmas como HIP e Ignis aguardan el momento adecuado para lanzar sus colocaciones en la Bolsa española. La convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre ha llegado justo cuando el Ministerio de Economía había iniciado un sustancial proceso de reforma del control de inversiones extranjeras. El objetivo del departamento que lidera Carlos Cuerpo es doble. Por un lado, quiere hacer permanente el escudo antiopas ante los inversores de otros estados miembros de la Unión Europea (UE), que ahora mismo es temporal y vence en diciembre. Pasaría a ser permanente, como con las sociedades del resto del mundo. Además, Economía quiere detallar los sectores "estratégicos" que necesitan autorización previa, incluyendo por ejemplo la construcción de centros de datos y de instalaciones energéticas. El Gobierno debe decidir ahora si tramita de manera urgente la reforma, que exige cambiar una Ley de 2003, como ha hecho con la vivienda. Otra opción es limitarse a prorrogar por otro año el escudo ante el resto de la UE.