Nicaragua: una reforma constitucional para atornillar a una dictadura esclerótica

La dictadura matrimonial de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue deparando sorpresas, más allá del deterioro físico de los dos copresidentes, cada vez más visible en sus rostros y fotografías. No en vano entre ambos suman 156 años. Ortega, con casi dos décadas en el poder, sin contar su primer mandato (1985 -1990), es el jefe de Estado latinoamericano que más perdura en su sillón. Un sillón ensanchado tras la anteúltima reforma constitucional que introdujo la figura del copresidente, a imagen y semejanza de su legítima esposa. Se suele comparar a la dictadura nicaragüense con la de Corea del Norte, más remota aunque de igual base dinástica, aunque sería mejor hacerlo con la saga de los Somoza, vinculada a la historia patria. El espejo en que se mira la familia Ortega, con ocho de sus nueve hijos en cargos oficiales, se relaciona más con aquellos HdeP con los que Franklin D. Roosevelt debía convivir que con los Kim norcoreanos. Esta comparación y hablar de una dictadura neosomocista provoca el enfado de los nostálgicos, que ven al sandinismo más corrupto, ladrón y sanguinario que el somocismo. La Constitución hija de la reforma de 2024 fue la respuesta del poder a las manifestaciones antigubernamentales iniciadas el 18 de abril de 2018, con un saldo de casi 400 muertos. El futuro de la dictadura exigía respuestas contundentes, aunque volvieran a ser ilegales. El nuevo texto reforzó a Murillo, entronizándola como copresidenta, aunque nunca fue elegida para el cargo, extendió los mandatos de cinco a seis años y fijó las elecciones a fines de 2026. Por eso esta Constitución se denomina «chamuca», el apodo despectivo con que los nicas llaman a la copresidenta en alusión a una bruja o demonio. Un horizonte electoral cada vez más próximo hizo sonar todas las alarmas. De ese modo, el 19 de julio, en el 47º aniversario de la Revolución Sandinista, Ortega anunció: «Que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones». En realidad, Ortega no anunció la supresión de los comicios, solo la exclusión de la oposición, una oposición dividida y sin una política clara. Sus palabras fueron: no habrá más elecciones para quienes «intenten atrapar el gobierno, atrapar el poder» y también que la Asamblea Nacional, controlada por el sandinismo, legislará para «ponerles un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias». Así se gestó esta reforma constitucional «chamuca», presentada como un modelo de transparencia y participación popular, aunque fuera opaca y estuviera dominada por la presencia de cinco de sus hijos, una nuera, un consuegro y decenas de funcionarios subordinados. Pese a ello el tirano habló de «una participación [popular] impresionante» y que para aprobar el nuevo texto se dio la palabra al «pueblo presidente». Para alejar aún más la fecha de las temidas elecciones, en el caso de que realmente éstas se celebren y repitan la farsa de 2021, los mandatos se alargaron un año más, excluyendo de la lucha política a golpistas y los traidores a la patria, es decir, a todos aquellos que piensen diferente. Para minimizar el efecto de nuevas sanciones o condenas internacionales, como de la Organización de Estados Americanos (OEA), se rechazó la extraterritorialidad de las leyes extranjeras. El trasfondo de la nueva reforma hay que buscarlo en la compleja relación con Estados Unidos, que pese a las sanciones es su principal socio comercial y mantiene a la dictadura dentro del Tratado de Libre Comercio con República Dominicana y América Central (DR-CAFTA en sus siglas inglesas). Pese a que el secretario de Estado Marco Rubio pidió a sus socios internacionales cortar sus relaciones «habituales» con Nicaragua (no se sabe si económicas o diplomáticas), Washington mantiene la nominación de Natasha Franceschi como embajadora en Managua (hecha el 7 de agosto, después del anuncio de suspensión de elecciones). Un objetivo de la extensión del mandato sería ganar tiempo para perpetuarse en el poder ante las renovadas presiones de Trump, haciendo coincidir las elecciones nicaragüenses con las presidenciales estadounidenses de noviembre de 2028, ya con una Administración más débil. La suspensión de las elecciones y la reforma constitucional atrajeron la atención de parte de la comunidad internacional, aunque otra, mayoritariamente gobiernos autoritarios (Rusia, China, Irán, entre otros), sigue respaldando al régimen. La OEA reaccionó con rapidez y el 17 de agosto convocó una reunión de cancilleres (ministros de exteriores), teóricamente a celebrarse un mes después, para abordar la crisis nicaragüense, aunque con ciertas complicaciones en el horizonte, comenzando por la abstención de México (argumentando el derecho a la autodeterminación de los pueblos) y el voto en contra de Brasil. También hay un cierto recelo, de países como Canadá (agravado por su enfrentamiento comercial), ante lo que estiman un doble lenguaje de Washington. Si bien buena parte de los países latinoamericanos y muchos caribeños está alineada con Trump, su respuesta frente al autoritarismo nicaragüenses no ha estado ni está a la altura. La gravedad es mayor en el caso de los vecinos centroamericanos que durante años lo han tolerado, probablemente por la centralidad geográfica de Nicaragua, que fácilmente podría interrumpir los flujos comerciales que cruzan el istmo centroamericano. Baste decir que Nicaragua sigue siendo miembro pleno del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y del Banco Interamericano de Integración Económica (BCIE), y sigue participando del Parlamento Centroamericano (Parlacen) sin que hasta la fecha se haya tomado ninguna medida al respecto. El propósito de la reforma constitucional, cuya aprobación recién se producirá en enero de 2027 por la próxima legislatura, aunque igualmente subordinada al gobierno como la actual, es aceitar los mecanismos represivos y de control dictatoriales. Nicaragua, un país pequeño y pobre, al margen de la atención internacional, ha sido, junto a Cuba y Venezuela, uno de los pilares del «eje del mal» latinoamericano. Pese a que los últimos acontecimientos nos han hecho girar la mirada hacia la patria de Rubén Darío, sería bueno no desatender el sufrimiento nica frente a los desbordes de una tiranía arterioesclerótica que solo busca atornillarse en el poder. La gran duda es si podrá hacerlo y así garantizar la sucesión dinástica. Carlos Malamud es investigador principal del Real Instituto Elcano y catedrático de Historia de América en la UNED. Su último libro es Golpe militar y dictadura en Argentina (1976-1983) (Catarata, 2026)