El Gobierno evita una revisión de la vía Txeroki que frenaría la salida de etarras

El pasado 26 de noviembre, haciendo uso de su mayoría en el Senado, el PP lograba aprobar una proposición de ley para modificar la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria. El nuevo texto incluye una disposición para eliminar el artículo 100. ... 2 del Reglamento Penitenciario . Uno al que se han acogido recientemente antiguos jefes de ETA como Garikoitz Aspiazu 'Txeroki' o Soledad Iparraguirre 'Anboto' —entre una treintena de miembros de la banda terrorista— para salir de lunes a viernes de la cárcel de Martutene (San Sebastián) antes de tener las condiciones necesarias para progresar al tercer grado o régimen de semilibertad. Desde entonces, la reforma está bloqueada en la Comisión de Interior del Congreso por PSOE y Sumar, tal y como hacen por norma con las leyes propuestas por la oposición allí o en la Cámara Alta. «Está en el congelador de Armengol», dicen fuentes populares en referencia a la presidenta del Congreso, que también dirige la Mesa de la Cámara Baja. Es este órgano parlamentario, donde tienen mayoría los partidos del Gobierno de coalición —tres miembros del PSOE, dos de Sumar y cuatro del PP—, el que tiene la prerrogativa para ampliar el periodo de enmiendas. Algo que ha hecho hasta en nueve ocasiones desde que la proposición de ley para derogar el artículo 100.2 llegara al Congreso de los Diputados el pasado 9 de diciembre, una vez fue tomada en consideración en el Senado, y enviada para continuar con su tramitación en la Comisión de Interior. El texto, por lo tanto, no ha llegado ni siquiera a debatirse en este foro que, curiosamente, fue presidido por José Luis Ábalos hasta poco después del estallido del 'caso Koldo' en febrero de 2024. «Existe una estrategia política del actual Gobierno, en base a la necesidad de contar con el apoyo de Bildu , consistente en otorgar beneficios penitenciarios a presos de ETA [...] disfrazado bajo una apariencia de legalidad y tratamiento individualizado, utilizando los vacíos legales o realizando interpretaciones favorables a dichos presos, tanto de la Ley Orgánica General Penitenciaria como del Reglamento penitenciario», puede leerse en la exposición de motivos. Además del ya célebre artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que se desarrolla en el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, la modificación apunta al artículo 72.6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que establece los requisitos para la clasificación o progresión de grado de las personas condenadas por terrorismo. Entre ellos, figura actualmente la colaboración activa con las «autoridades» para el esclarecimiento de delitos pendientes de resolver. De acuerdo con un informe del Memorial de Víctimas del Terrorismo, hay hasta 311 asesinatos de la banda terrorista sin esclarecer. El 70% de ellos cometidos en la época de los 'años de plomo' —de 1978 a 1987— y concentrándose el 86% en el País Vasco y Navarra. Dicha cooperación debe quedar acreditada con una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia, una petición de perdón a las víctimas, así como por informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean. Todo ello a interpretación de unas «autoridades» que, tras el traspaso de la competencia sobre la Administración Penitenciaria al País Vasco en 2021, son del Gobierno autonómico a través de las propuestas de las Juntas de Tratamiento de cada una de las tres prisiones de la región donde, tras el fin de la política de dispersión, cumplen condena los etarras. El cambio propuesto por el PP en el 72.6, poniendo en duda su colaboración, afecta al término entrecomillado, que mutaría a «autoridades policiales y judiciales» . Buscan así, según dicen, que sean los encargados de investigar, perseguir y juzgar los delitos de terrorismo quienes acrediten si el preso está colaborando o no. Además que, más allá de quién los interprete, que los requisitos referidos no solo sean necesarios para la progresión al tercer grado, sino también para pasar del régimen cerrado (primero) al segundo en el caso de los penados por delitos de terrorismo. En cuanto al 100.2 se plantea su derogación con la inclusión de sus mismos principios en la Ley Orgánica con un nuevo apartado, el 7 del artículo 62, donde se incluya esa combinación de aspectos de distintos grados en función del tratamiento individualizado de cada penado, incluyendo los mismos requisitos y que su cumplimiento también sea interpretado por las «autoridades policiales y judiciales». Además, que su autorización deba contar previamente con el visto bueno del Juez de Vigilancia Penitenciaria (de la Audiencia Nacional, al ser este tribunal el competente para las causas por terrorismo) y no 'a posteriori', como ocurre hasta ahora. Previsiblemente, esta modificación y las anteriores, no saldrán adelante. La proposición decaerá con el fin de la legislatura, bloqueada en la Comisión de Interior como tantas otras que incomodan al Gobierno de Pedro Sánchez. Mientras, continuará la aplicación del Reglamento Penitenciario actual, que asociaciones como el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha criticado como «fraudulenta», aunque asume su legalidad. Esta, es uno de los principales argumentos que esgrimidos por el Partido Socialista de Euskadi (PSE), sobre quien recae la competencia en materia penitenciaria en el Gobierno de coalición del País Vasco, ante las críticas por la autorización de permisos a presos como 'Txeroki', con un interminable historial criminal a sus espaldas.