Begoña Gómez cambia de abogado de cara al juicio con jurado

Begoña Gómez ha decidido cambiar de abogado de cara a un futuro juicio con jurado popular, según detallan fuentes de su entorno. La esposa de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha decidido dar este paso de común acuerdo con Antonio Camacho, el exministro socialista que hasta ahora llevaba su defensa, según resaltan estas mismas fuentes, que subrayan que Gómez ya ha comunicado al juzgado encabezado por Juan Carlos Peinado que el letrado Jaime Campaner asumirá su representación. Camacho ha llevado la defensa de Gómez desde que fuese encausada en 2024. Fuentes del entorno de la esposa de Sánchez se muestran muy agradecidas por la labor e implicación del abogado, que ha protagonizado intensos enfrentamientos con Peinado, que ha cargado sus resoluciones de reproches contra él. De hecho, el instructor llegó a multarlo con 5.000 euros por hacer declaraciones a la prensa, pero esa sanción fue anulada posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid porque el magistrado no había argumentado su decisión. Desde el inicio del caso, Camacho ha pedido el archivo del sumario y ha sufrido una enorme exposición pública, que llegó a provocar que un grupo de agitadores ultra lo acosase tras una cita en el juzgado de la pareja del presidente. “Su rigor profesional y su entrega, en un proceso complejo y difícil, ha sido fundamental”, insisten fuentes del entorno de Gómez sobre Camacho. Este cambio de abogado se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya dado luz verde a que el proceso por jurado popular contra la esposa de Sánchez siga adelante por dos delitos: tráfico de influencias y malversación. El tribunal avaló parcialmente la decisión de Peinado de enviarla al banquillo, aunque le quitó otros dos delitos que él le había atribuido (corrupción en los negocios y apropiación indebida). Campaner, especialista en Derecho Penal, tiene una amplia experiencia en juicios con jurado. Y ha llevado causas de enorme repercusión mediática, como el caso Nóos o el caso Pujol, donde representó a uno de los hijos del expresidente catalán Jordi Pujol en la vista oral celebrada en la Audiencia Nacional. También ha llevado, entre otros, a Luis del Rivero, expresidente de Sacyr Vallehermoso, en el caso Villarejo; a Joan Miquel Mut, quien fuera comisario jefe de la Policía Local de Palma, en el caso Cursach; a Giovanni Di Stefano, quien fuera abogado del fallecido dictador iraquí Sadam Husein; y al futbolista Rafa Mir, juzgado por agresión sexual. La causa contra Begoña Gómez aún colea en el juzgado de Peinado tras la última resolución de la Audiencia de Madrid. La supresión de dos delitos provocó que el magistrado tuviese que pedir a las partes que rehiciesen sus conclusiones y las adaptasen a los límites fijados por el tribunal. La acusación popular, encabezada por la asociación ultracatólica Hazte Oír, ya lo hizo y rebajó su petición de pena para la esposa de Sánchez (de 24 años de reclusión ha pasado a 13 años). La Universidad Complutense de Madrid, personada como perjudicada, reclama 113.000 euros. La Fiscalía ha avanzado que solicitará la absolución de la pareja del presidente y de su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez. Si el guion marcado por Juan Carlos Peinado no sufre un giro de última hora, la acusación planteará al jurado popular la tesis de que Begoña Gómez se aprovechó de su condición de esposa del presidente del Gobierno para extender una red de influencias para proyectar su carrera profesional en la Universidad Complutense de Madrid, donde codirigió una cátedra extraordinaria —en cuyo seno se desarrollo un software gracias al apoyo de empresas como Google e Indra—. “La sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del Gobierno de la nación, en determinados contextos y circunstancias, como los aquí analizados, puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias”, incidió la Audiencia de Madrid al validar que la causa siguiera adelante por dos delitos. Además, según el juez Peinado, la pareja de Sánchez se valió del apoyo de su asistente en La Moncloa para ayudarla con sus trabajos privados.