Señora Nogueras, Junts tendrá que elegir entre el decreto de vivienda y sus principios

El debate sobre los nuevos decretos de vivienda coloca a Junts ante una contradicción difícil de disimular: la vivienda sigue siendo la misma, los problemas siguen siendo los mismos, el mercado sigue siendo el mismo. Pero, ay, los votos de Junts han adquirido una relevancia extraordinaria. Y eso, en política, suele tener sus efectos secundarios. Siempre hay que sentarse a negociar con ellos. El partido tendrá que decidir si mantiene el diagnóstico que ha defendido durante meses o si está dispuesto a cambiarlo ahora que sus votos vuelven a ser necesarios para sacar adelante una iniciativa del Gobierno. Porque una cosa es negociar, que para eso están los parlamentos, y otra descubrir que las convicciones tienen una elasticidad directamente proporcional a la aritmética parlamentaria. Hasta hace muy poco, la posición de Junts parecía inequívoca. El problema de la vivienda no se resolvería añadiendo nuevas capas de intervención sobre un mercado ya tensionado, sino aumentando la oferta, reduciendo burocracia, ofreciendo seguridad jurídica, protegiendo al pequeño propietario y evitando que la Administración trasladara sobre él el coste de una política social que corresponde financiar con recursos públicos. No era una consideración secundaria: era precisamente el argumento con el que Junts justificaba su oposición a anteriores medidas del Gobierno. Recuerden que, en abril, desde la tribuna del Congreso, el partido lo resumió con una frase que hoy resulta especialmente incómoda: «Mientras discutimos sobre cómo repartir lo que ya es escaso, olvidan lo importante, que es crear más oferta». Y no se quedó ahí. Denunció que podían construirse promociones enteras en meses mientras la tramitación administrativa tardaba años, reclamó menos burocracia y más vivienda asequible, y criticó que el Gobierno prefiriera, en palabras de su representante, «intervenir mal antes que ayudar de verdad». Cinco meses después, nada esencial de aquel diagnóstico ha desaparecido. Sigue faltando vivienda, la oferta continúa siendo insuficiente, los procesos administrativos siguen siendo lentos y el acceso continúa siendo especialmente difícil para jóvenes y nuevas familias. Lo que sí ha cambiado es algo mucho más prosaico: la aritmética parlamentaria. Junts ha pasado de denunciar una determinada forma de abordar la vivienda a encontrarse en disposición de hacer posible un nuevo paquete regulatorio del Gobierno. Por eso la discusión ya no puede limitarse a cuántas reivindicaciones propias ha conseguido introducir el partido en la negociación. La pregunta es bastante más exigente: ¿el decreto ha cambiado lo suficiente como para que hayan dejado de ser válidas las objeciones que Junts formulaba hace apenas unos meses, o es Junts quien está flexibilizando ahora sus criterios? Hace pocos días, la señora Nogueras elevaba todavía más el listón en Catalunya Ràdio al insistir en que no se podía cargar la vulnerabilidad sobre el pequeño propietario y que debía ser la Administración quien asumiera esa responsabilidad cuando el inquilino no pudiera pagar. En Cataluña, recordaba, «más del 90% de los propietarios son pequeños propietarios». También afirmó que las propuestas de Junts buscaban frenar una dinámica en la que «sigue bajando la oferta y siguen subiendo los precios» y en la que la alternativa acaba siendo únicamente «el intervencionismo». Son palabras meridianamente claras y, precisamente por eso, resulta difícil dar por resuelta la discusión porque el Gobierno haya incorporado algunas demandas de Junts. Si, como sostiene la propia Nogueras, la inmensa mayoría de los propietarios son pequeños, cualquier regulación que afecte al alquiler debería examinarse por su impacto sobre ellos en su conjunto y no únicamente por las excepciones introducidas durante la negociación. Jordi Turull fijó, además, una condición concreta. Dijo que, si el decreto servía para «parar los pies a los fondos buitres», tendría el apoyo de Junts, pero advirtió que no debía mezclarse con otras medidas que acabaran «criminalizando al pequeño propietario». El problema es que esa frase obliga a mirar el conjunto. Limitar determinadas prácticas de determinados fondos puede ser perfectamente coherente con la posición de Junts; lo que requiere explicación es por qué esa medida debería justificar también la aceptación de otras disposiciones sobre contratos, desahucios, alquiler temporal, habitaciones o relaciones entre propietarios e inquilinos. Y aquí el partido conoce perfectamente el argumento, porque lo ha utilizado repetidamente para rechazar decretos ómnibus del Gobierno: compartir una medida no obliga a aceptar todas las demás. Resultaría difícil sostener ahora que esa lógica deja de ser válida precisamente cuando son sus votos los que permiten convalidar el paquete. Si un decreto contiene algo bueno, eso no convierte automáticamente en buenas todas las demás cosas que viajan en el mismo tren. Ni siquiera si el tren necesita los votos de Junts para salir de la estación. Aquí aparece el problema de fondo. Junts había construido una crítica económica bastante concreta: cuando demasiadas personas compiten por pocas viviendas, aumentar las obligaciones sobre el parque existente puede cambiar quién queda protegido, pero no crea una sola vivienda adicional. Si hay veinte pisos para cien personas, se puede discutir durante horas sobre cómo repartir esos veinte pisos, establecer reglas, imponer obligaciones y redactar magníficos decretos; pero seguirán siendo veinte. El joven que quiere emanciparse, la familia que necesita trasladarse o quien busca un nuevo alquiler necesita, antes que nada, que exista esa oferta. Y para eso hacen falta precisamente las cuestiones que Junts decía priorizar: vivienda nueva, inversión, suelo, licencias ágiles y unas reglas suficientemente previsibles para que propietarios y promotores quieran seguir poniendo vivienda en el mercado. La aritmética de la vivienda, por tanto, no parece haber cambiado demasiado desde abril. Lo que ha cambiado es la aritmética del Congreso. Por eso no basta con afirmar ahora que el decreto incorpora algunas propuestas de Junts. Si el partido sostenía que determinadas políticas podían reducir la oferta, aumentar la inseguridad jurídica o descargar sobre el pequeño propietario responsabilidades que corresponden a la Administración, tendrá que explicar qué ha cambiado para que esos riesgos hayan desaparecido. No es una discusión sobre pureza ideológica. Es una discusión sobre consistencia. Y en este caso la vara de medir no la pone nadie desde fuera: la puso Junts. Si hace cinco meses el problema era que el Gobierno prefería «intervenir mal» antes que aumentar la oferta, la pregunta ahora es bastante sencilla: ¿qué ha cambiado sustancialmente en el decreto para que aquella crítica deje de ser aplicable? Si existe una respuesta sólida, Junts tendrá que explicarla. Y si ha cambiado de posición, tampoco tendría nada de extraordinario decirlo: los partidos negocian, rectifican y modifican criterios. Lo que resulta difícil de sostener es defender simultáneamente el diagnóstico de entonces y el apoyo de ahora como si entre ambos no hubiera ocurrido absolutamente nada. Porque algo sí ha ocurrido. Los votos de Junts vuelven a ser necesarios. Y ya se sabe que hay cosas que tardan años en construirse: una vivienda, una promoción, una licencia. Una contradicción parlamentaria, en cambio, puede construirse en una tarde. Junts siempre ha criticado las medidas de vivienda del PSC en Cataluña y Barcelona. Este real decreto ley las replica o se inspira en gran medida en el desastre catalán. Ahora no pueden votar en Madrid lo que no apoyan en su propia casa. Junts tendrá que explicar si ha cambiado el decreto o si ha cambiado Junts. Almudena Semur es economista