PNV y Junts dejan la legislatura pendiente de la declaración judicial del expresidente

Empieza a oler a grisú en el Congreso. La mayoría de los socios del Gobierno comienzan a modular su apoyo tras conocer los detalles del auto judicial que ha imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Hay malestar y preocupación por la legislatura entre partidos y portavoces que declaran su fervor por Zapatero, pero que muestran ya algunas dudas. El resultado de la comparecencia judicial del expresidente prevista para el 2 de junio será determinante, también para que el PP precise algo sus planes para tratar de forzar el final de Pedro Sánchez en La Moncloa. El PNV sigue prudente pero con “tensa calma” y está a la espera de los acontecimientos “día a día”. Junts constata en cada pleno su desagrado porque “se gobierne de espaldas al Parlamento” con un Gabinete que hace tiempo que no tiene mayoría. En el Congreso se mira recurrentemente hacia el PNV como los mineros se fijaban hace años en un canario ubicado estratégicamente en sus galerías para detectar la presencia venenosa del grisú, que podía provocar explosiones letales. En el PNV reconocen así ante esa expectativa que están siguiendo “día a día” con “tensión y preocupación” los acontecimientos y novedades relacionadas con el caso que ha implicado la imputación del expresidente Zapatero y su citación judicial para el 2 de junio. La portavoz parlamentaria, Maribel Vaquero, que está en contacto permanente con el presidente del PNV, Aitor Esteban, volvió a subrayar este miércoles la necesidad de actuar con “prudencia”, pero en la cúpula del partido admiten como una evidencia que en las circunstancias actuales no se está gobernando, como constatan con la falta de proyectos de ley remitidos a las Cortes y que ya no se discuten ni votan en los plenos de los jueves. El PNV gobierna en Euskadi con el PSE, y por eso sus dirigentes miden mucho sus declaraciones y su distanciamiento, pero no niegan que su nuclear colaboración actual con el Gobierno central en Madrid podría variar si la situación judicial de Zapatero cambia el 2 de junio o si en el camino se produce una implicación directa e inequívoca del PSOE en estos casos bajo investigación. Esa es una línea roja de varios socios. Ni Vaquero ni Aitor Esteban han mantenido contactos con Alberto Núñez Feijóo o alguien de su equipo en los últimos días para conocer su posición. Cuando este miércoles se le apretó al líder del PP para conocer cuándo podría tomar una decisión sobre la moción de censura que reclama regularmente Vox, Feijóo se limitó a subrayar que esa pelota, ahora, está en el tejado de los socios, especialmente, PNV y Junts, que en 2018 provocaron la caída de Mariano Rajoy con la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa. Ve “infantil” convocarla para perderla y evidenciar otra vez su falta de socios. “Hay que asegurar esa última bala, porque solo tendremos una”, dicen en su equipo sin caer en las urgencias y tras admitir que puede resultar una contradicción defender al mismo tiempo y sin parar que la legislatura está agotada y que no se puede aguantar más con un Gabinete al que acusan de “banda criminal”. Feijóo persigue que Sánchez y sus aliados se desgasten al máximo en estas próximas semanas o meses, esperar a lo que decida el juez sobre Zapatero el 2 de junio (especulan con la retirada del pasaporte) y comprobar entonces si alguien se mueve. En Junts, su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, ha evitado estos días hacer declaraciones o fijar postura. Pero Junts sí ha reiterado este mismo miércoles lo que lleva advirtiendo desde hace muchas semanas. Dos diputados clave de Junts, Josep Pagés y Josep María Cruset, le reiteraron a dos ministros del Ejecutivo, Félix Bolaños y Arcadi España, las duras críticas sobre la ingobernabilidad del país que periódicamente lanza Nogueras cuando debate con Sánchez. Pagés le achacó a Bolaños que “no se puede gobernar sin el Parlamento o de espaldas al Parlamento” porque entiende que esa actuación “no es democrática” en alusión a que el Ejecutivo de coalición actual abusa de la promulgación de hasta 120 decretos leyes ante la falta de apoyos para los Presupuestos y tras bloquear en la Mesa hasta 128 iniciativas parlamentarias de otros partidos. Cruset insistió ante España sobre la idea de que el Gobierno de Sánchez “pretenda gobernar como si tuviera una mayoría absoluta” de la que no dispone y cuestionó la incidencia sobre la ciudadanía de todos los datos macroeconómicos de los que presumió el ministro para exigirle bajadas de impuestos en general. El estado de alerta y aparente fin de ciclo en el que se sitúan ya PNV y Junts se contagia hacia otras formaciones, aunque aún en otra medida. El más contundente, por sus formas y su proyección mediática y viral, resultó de nuevo el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que le volvió a inquirir a Sánchez si tiene un plan para lo que quede de legislatura al margen del documento normativo que esgrimió de nuevo el presidente. No hablaron el mismo lenguaje. Rufián, como hizo más tarde Ione Belarra, la secretaria general de Podemos, o como hace la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, y otros diputados de esas formaciones aliadas en la investidura de Sánchez, muestran personalmente su fervor y hasta agradecimiento por las mediaciones y actuaciones de Zapatero sobre asuntos que les competen y sobre determinados avances sociales impulsados en sus mandatos. Pero también enseñan ya algunas dudas, tras la lectura atenta del auto judicial. Distintos portavoces de Sumar, que gobierna en coalición con el PSOE, expresaron desde reparos a algunos aspectos del auto judicial hasta su deseo de que Zapatero demuestre que la acusaciones que se le imputan “no sean fundadas”, como señaló el ministro Pablo Bustinduy. El portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, aprovechó para reclamar que se “regulen bien todas las actividades de los expresidentes del Gobierno” y avisó de que “cobrar por gestiones políticas es delito”. Una regulación, la de los lobbies y la de la labor de los expresidentes, que respaldó el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, que concedió que el auto “no pinta ni huele bien”. Belarra abundó en el mensaje de que con la imputación de Zapatero “se le está poniendo muy cuesta arriba al Gobierno y al PSOE” este final de legislatura y remató señalando que el rescate de la aerolínea Plus Ultra por el que se imputa a Zapatero “no se puede hacer sin el Gobierno y sin el Consejo de Ministros”, aunque descartó, como hizo Bildu, ninguna posibilidad de sumarse a una moción de censura.