Pedraz reclama la financiación de la campaña de Illa ante la sospecha de que hubo guerra sucia contra sus rivales

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la trama de las cloacas del PSOE, Santiago Pedraz, quiere examinar toda la documentación relativa a los gastos de la última campaña de Salvador Illa para determinar si se usaron fondos para fines ilícitos. En concreto, ... según ha podido confirmar ABC, las sospechas de los investigadores se centra en averiguar si durante esa campaña que llevó a Illa al Palau de la Generalitat, con Carles Puigdemont como principal adversario, hubo guerra sucia desde Ferraz contra otros candidatos.La petición de Pedraz, según esas mismas fuentes, se sustenta en la interceptación de las comunicaciones interceptadas entre los principales presuntos cabecillas de la trama, en este caso el ex secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, y la militante bautizada como 'la fontanera del PSOE' Leire Díez. A falta de conocer el sumario, que se hará público en las próximas semanas, fuentes de la investigación apuntan a ciertas directrices para beneficiar a Illa en los comicios de 2024.El magistrado, en el mismo auto con el que autorizó el registro de la sede federal de la calle Ferraz, que duró más de doce horas, solicitaba a la formación dirigida por Pedro Sánchez la información que el partido remitió a la Sindicatura de Cuentas y/o Tribunal de Cuentas sobre estados contables, contratos y facturas, y también gastos de propaganda y publicidad. Cabe recordar, sin embargo, que el PSC y el PSOE son dos organizaciones distintas y autónomas, cada una de ellas con una personalidad jurídica diferente.Noticia relacionada general No No La UCO irrumpe más de doce horas en Ferraz en busca de la contabilidad y el registro de visitas Borja MéndezLos investigadores sospechan que los miembros de la trama, particularmente Cerdán y Díez, encargaron noticias cuyo objetivo no era otro que el de desprestigiar rivales como Puigdemont, que durante el debate de investidura de Salvador Illa regresó fugazmente a España, pese a la orden de detención que sigue teniendo vigente por su papel predominante en los hechos ocurridos durante el referéndum y la posterior efímera declaración unilateral de independencia del año 2017.En el propio auto se recogen varias conversaciones textuales en las que el ex director de Comunicación del Partido Socialista, Ion Antolín -que por ahora no figura como investigado pero al que señalan desde la acusación popular-, se ponía en contacto con la directora de un medio de comunicación de nueva creación y residual. Antolín, según el auto del juez Pedraz, contactó con la fallecida Patricia López para comunicarle que Jla orden ya está dada… estará cerca de los 20K».De esta forma, Ion Antolín, que posteriormente fue ascendido a secretario de Estado de Comunicación -cargo en el que apenas duró un par de semanas-, le hacía saber presuntamente que el partido le inyectaría 20.000 euros para la inclusión de algunos banners. En realidad, no obstante, los investigadores consideran que el pago era una contraprestación a cambio de la difusión de noticias que beneficiasen al Partido Socialista, bien contra jueces, policías o rivales políticos. La propia 'fontanera del PSOE', Leire Díez, era accionista de este periódico con unas audiencias ínfimas.El magistrado, en el auto que dictó el pasado lunes, considera el digital fundado por Patrícia López, Crónica Libre, jugaba «papel preponderante» en la difusión de determinadas informaciones, «obtenidas a través de la actuación conjunta y previa de Leire, Dolset y Patricia». Esos 20.000 euros en publicidad, además, el juez cree en su escrito que habría ido a parar a las «cloacas» del partido, algo que ahora tendrá que corroborar la investigación.Esos 20.000 euros en publicidad, además, el juez cree en su escrito que habría ido a parar a las «cloacas» del partidoEn el escrito del juez se subraya que «dentro de las diferentes líneas de acción desarrolladas por el grupo investigado se otorgaba un papel predominante a la difusión de determinadas informaciones, obtenidas a través de las actuación conjunta de Leire, Dolset y Patricia». Aunque la mayoría de esas actuaciones iba encaminadas a atacar a jueces y policías, especialmente de la UCO de la Guardia Civil, la trama presuntamente también habló de contrarrestar las capacidades electorales de otras formaciones.Además de Carles Puigdemont, con el que Cerdán negociaba en Francia, Suiza y Bélgica mientras presuntamente dirigía campañas de desprestigio contra él, distintas fuentes apuntan a que también su abogado, Gonzalo Boye, habría sido objeto de los deseos de la trama. Cabe recordar que Boye es bastante más que un simple letrado del expresident, ya que ejerce en gran manera de supervisor de los proyectos legislativos más controvertidos, como las conocidas como Ley Bolaños o la llamada Ley Begoña, ambas con relación al Poder Judicial, así como también la que Moncloa impulsó para controlar los medios de comunicación. El abogado, con mucha influencia sobre el grupo que dirige Míriam Nogueras en Madrid, presentó objeciones a los tres textos, hasta el punto que Junts optó por mostrar su discrepancia. En el PSOE también le culpan a él del fracaso de la primera votación de la Ley de Amnistía, que en gran medida redactó el propio Gonzalo Boye, y que los posconvergentes rechazaron en enero de 2024.El PSC e Illa se defiendenLa decisión del juez Pedraz ha sorprendido tanto en la sede del PSC como en el Palau de la Generalitat. Fuentes cercanas a Salvador Illa consultadas por ABC se defienden y argumentan que «todos nuestros gastos de la campaña están auditados». De esta forma marcan distancias con los presuntos comportamientos irregulares que hubieran podido tener personas ajenas a la campaña del ahora president de la Generalitat, ya que ni el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, ni la supuesta militante rasa y periodista de investigación, Leire Díez, tuvieron ninguna responsabilidad directa en la estrategia electoral del líder del PSC. Todo lo que pudieran haber hecho, explican, «habría sido a espaldas» de Illa. «Nosotros aquí no tenemos nada que ver», sostienen en Palau.