Bolaños indigna a los jueces al suprimir refuerzos en 64 juzgados mientras celebra su ley de eficiencia

Si los ataques del Gobierno a los jueces, recrudecidos tras el cerco de la justicia al entorno del presidente, ya hace tiempo que vienen caldeado los ánimos de la carrera, la decisión que ha tomado el ministro Félix Bolaños de retirar los refuerzos de 64 ... juzgados directamente la ha puesto en pie de guerra. Por las formas y por el fondo. En una comunicación trasladada in extremis, y justificada en razones presupuestarias, Justicia no renovará los apoyos en decenas de órganos judiciales que precisamente requerían de este refuerzo por su nivel de saturación. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tribunales superiores de justicia, asociaciones de jueces y la abogacía madrileña han cerrado filas para denunciar un ataque directo a la tutela judicial efectiva que encima se produce en paralelo al discurso propagandístico del Gobierno con los tribunales de instancia.Las cifras que conlleva la retirada de estos refuerzos son alarmantes y anticipan un colapso estructural porque, en plazas como Madrid, los retrasos que se avecinan amenazan con dilatar la resolución de recursos durante tres décadas.Noticia relacionada general No No Los letrados judiciales critican la improvisación y «colapso organizativo» de la ley Bolaños Nati VillanuevaLa crisis estalló oficialmente con una resolución del Ministerio, dictada el pasado 29 de junio, mediante la cual se denegaba la autorización económica para prorrogar decenas de medidas de apoyo. La notificación al CGPJ se produjo la víspera de la fecha en la que estas medidas debían entrar en vigor o prorrogarse, el 30 de junio. Esta premura maniató por completo al órgano de gobierno de los jueces, cuya Comisión Permanente se reunió con carácter extraordinario el día 1 para exigir por unanimidad al Ministerio que reconsiderara la decisión. Según la declaración institucional del Consejo, la notificación in extremis imposibilitaba plantear alternativas y obligaba a paralizar y suspender actuaciones jurisdiccionales. Los juzgados afectados por esta retirada de refuerzos se encuentran en la jurisdicción civil y mercantil, en concreto, en los juzgados especializados en cláusulas abusivas y litigación bancaria. Solo en las secciones civiles y mercantiles de la Audiencia Provincial de Madrid se acumulan 41.061 recursos pendientes. Si la capacidad media de resolución ronda los 1.500 recursos anuales, la proyección matemática que da el Colegio de la Abogacía de Madrid es demoledora: la respuesta judicial en segunda instancia puede proyectarse a horizontes cercanos a los 30 años . Esto implica que miles de consumidores podrían ver cómo su pleito queda pendiente de apelación durante décadas. Incluso en primera instancia, ahora se están admitiendo a trámite demandas presentadas en el año 2020. A ello se suma que en procedimientos como las hipotecas multidivisa, las familias se juegan cantidades que pueden alcanzar los 60.000 euros, y se enfrentan a riesgos patrimoniales tan serios como es la pérdida de la vivienda habitual. De ahí que, como advierte el ICAM, esta demora pueda dar lugar a la exigencia de responsabilidad patrimonial de la Administración. «Abandono y maltrato»La propia Junta de Presidentes de las Secciones Civiles y Mercantiles de la Audiencia de Madrid ha emitido un duro acuerdo en el que habla de «abandono y maltrato institucional». Los magistrados denuncian que soportan una carga de trabajo que multiplica por 4,5 el módulo ideal establecido por el CGPJ. Advierten que la retirada de refuerzos en dos de sus secciones obligará a redistribuir los asuntos pendientes entre las secciones civiles y mercantiles, lo que va a suponer una ralentización de la actividad y un aumento de los tiempos de respuesta en las 13 secciones afectadas (más de cuatro años sobre los actuales). Además, lamentan que Justicia haya rechazado la creación de una unidad especializada que habría permitido la resolución automatizada de más de 12.000 recursos anuales por autos de inadmisión de juicios monitorios. El malestar ha cristalizado también en las asociaciones judiciales. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) denuncian que la decisión se ha tomado «sin aviso previo» y guiada por razones «puramente económicas». Hablan de la enorme brecha que hay entre la propaganda gubernamental y la gestión diaria en los juzgados. El Ministerio, dicen, ofrece una «imagen contrapuesta a la visión idealizada que desde el Gobierno se ha querido dar de la implantación de los tribunales de instancia». Estas asociaciones alertan de consecuencias nefastas para ciudadanos en pleitos que requieren respuestas rápidas, como desahucios o las víctimas de imprudencias médicas o accidentes. Además —y en este punto también Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD)—, advierten del súbito aumento de la carga de trabajo para los jueces titulares, quienes desde el 1 de julio tienen que asumir volúmenes de asuntos «sencillamente imposibles de abarcar». La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) también ha alzado la voz, alertando de los graves perjuicios que provocará esta decisión en su territorio, donde el Ministerio ha denegado la autorización económica para 18 de las cerca de 30 medidas de refuerzo solicitadas que contaban con informe favorable de la inspección del CGPJ. Esto afecta de lleno a los juzgados de 'cláusulas suelo' : se han suprimido las nueve comisiones de servicio operativas en Castellón, Alicante y Valencia, y la medida ha impactado también en los recién implantados tribunales de instancia de Benidorm y Quart de Poblet y en las audiencias provinciales de Valencia y Alicante. La Sala de Gobierno ha exigido al CGPJ que presione a Bolaños para que revierta esta decisión que diezmará el servicio público que se presta a los ciudadanos en los pleitos hipotecarios.La culpa, de Hacienda Frente al aluvión de críticas, el Ministerio de Justicia se escuda en la falta de presupuesto y en las nuevas leyes procesales. Fuentes de este departamento explican que existe un convenio con el CGPJ por un importe cercano a los 7,2 millones de euros para la autorización de refuerzos, y reprochan a este órgano tener pendiente de firma desde marzo un nuevo acuerdo por valor de 8 millones. Según las cifras de Justicia, en el primer semestre de 2026 se han autorizado 232 medidas de refuerzo por casi 7,9 millones de euros, superando ya el convenio actual. El motivo de las 64 denegaciones radica, dicen, en que el CGPJ « ha desbordado sobradamente el límite», solicitando medidas por casi 12 millones de euros, un desfase de 4 millones que la Hacienda Pública no ha validado.El Ministerio insiste en que buena parte de estos refuerzos van destinados a asuntos de litigación masiva, como las reclamaciones aéreas o las cláusulas suelo, para los cuales la ley de eficiencia ha diseñado mecanismos que no suponen coste alguno, como el 'pleito testigo', una herramienta legal que permite a un tribunal tramitar de forma preferente una sola demanda y suspender temporalmente el resto de demandas presentadas que sean sustancialmente idénticas. Sin embargo, fuentes judiciales señalan que es el juez, y no el ministro, quien tiene que decidir si un asunto concreto es susceptible de 'pleito testigo'. Lo contrario, dicen, es una nueva injerencia en la independencia judicial.