El Supremo de EEUU da un mazazo a España y allana el camino para ejecutar laudos de las renovables

Mazazo clave de la Justicia de EEUU a España por la saga de laudos arbitrales derivados de la retirada de las subvenciones a las energías renovables. El Tribunal Supremo estadounidense ha emitido una decisión que se esperaba desde hace meses en la que rechaza el recurso de amparo presentado por España, poniendo fin al último intento del Estado español de bloquear la ejecución de estos laudos. La decisión del tribunal convierte en firme la sentencia del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia que confirmaba la validez de varios laudos contra España por un importe total de 358 millones de euros, dando luz verde a que los inversores litiguen para conseguir su ejecución. Así, el Supremo reafirma su vigencia y facilita que los acreedores sigan con los procedimientos de reconocimiento y ejecución de los laudos en territorio estadounidense. España había solicitado la intervención del Supremo alegando que los tribunales federales carecían de jurisdicción para conocer estos asuntos y cuestionando la interpretación realizada por el Circuito de Columbia respecto a la excepción arbitral prevista en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA). La negativa del Supremo a admitir este recurso se produce después de que el propio Gobierno de EEUU, a través del procurador general, recomendara al Supremo que rechazase la petición española. Esta decisión zanja uno de los frentes judiciales más relevantes abiertos por España en su intento de evitar el pago de los laudos arbitrales dictados al amparo del Tratado de la Carta de la Energía. Se trata de una importante victoria para los inversores afectados por los cambios regulatorios introducidos por España y refuerza el principio de que los laudos arbitrales internacionales firmes deben ser cumplidos y pueden ejecutarse mediante los mecanismos ordinarios previstos por el ordenamiento jurídico internacional y nacional. Asimismo, aporta seguridad jurídica a los acreedores que continúan reclamando el cumplimiento de las obligaciones reconocidas por distintas cortes arbitrales. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) señalan que "la denegación de la petición de certiorari supone la admisión de la jurisdicción de los tribunales estadounidenses para el conocimiento de estos procedimientos de reconocimiento y ejecución, pero esta decisión no pone fin a dichos procedimientos". Por ello, se levantará la suspensión de los procedimientos de apelación que se encontraban pendientes de la decisión del Tribunal Supremo. Estas fuentes añaden que "el Reino de España continuará, en cumplimiento del Derecho de la UE, oponiéndose al reconocimiento de los laudos por motivos de fondo, distintos de los motivos jurisdiccionales que se encontraban pendientes ante el Tribunal Supremo de EEUU". Además, recuerda que la Comisión Europea dictó una decisión en marzo de 2025 declarando que pagar los laudos constituiría una ayuda de Estado incompatible con el derecho europeo. Más laudos impagados que Venezuela y Rusia La saga de arbitrajes derivados de los recortes a las renovables ha convertido a España en el país con un mayor volumen de laudos firmes pendientes de pago a nivel internacional, con 28 resoluciones adversas por más de 2.300 millones de euros, superando incluso a Venezuela y Rusia. Ahora, la decisión del Tribunal Supremo elimina uno de los principales obstáculos procesales que el Gobierno español había tratado de plantear en Estados Unidos y abre una nueva etapa en los esfuerzos de ejecución emprendidos por los inversores afectados. Los acreedores han abierto distintas vías judiciales para buscar la ejecución de estos laudos. El frente estadounidense, donde las sentencias que condenan a España a pagar estos laudos rondan los 700 millones de euros, constituye únicamente una parte de la estrategia internacional de ejecución de los acreedores, que continúan avanzando en distintas jurisdicciones. Por ejemplo, en Bélgica permanecen bloqueados aproximadamente 250 millones de euros en cuentas bancarias que también han sido intervenidas por los acreedores. Por otro lado, en Países Bajos han iniciado procedimientos destinados al embargo y eventual liquidación del inmueble que alberga la sede del Instituto Cervantes en Utrecht. En Australia, los tribunales han reconocido ya más de cuatro laudos arbitrales contra España, en este caso por un importe conjunto superior a 400 millones de euros, mientras que el Tribunal Supremo de Singapur ha dictado resoluciones favorables a los acreedores en procedimientos relacionados con indemnizaciones superiores a 300 millones de euros. A estos avances se suma también una reciente victoria obtenida ante el Tribunal Supremo del Reino Unido, que igualmente rechazó los argumentos planteados por España, que defendió su postura a favor de los impagos junto con Zimbabue. Estas resoluciones reflejan una tendencia en favor del reconocimiento y ejecución de los laudos internacionales y, poco a poco, parecen acercar a los acreedores a obtener el cobro de sus deudas, pese a las resistencias ofrecidas por España.