El ex jefe de gabinete de Reyes Maroto niega gestiones a favor de una licencia para la trama de hidrocarburos

Por el juicio a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama han desfilado ya más de 60 testigos, pero sin duda ninguno tenía tan pocas ganas de declarar como las que ha mostrado este martes Javier Hidalgo, ex consejero delegado de Globalia, la matriz de Air Europa. Su testimonio se esperaba con expectación porque el apellido Hidalgo se ha invocado varias veces durante la vista como origen de posibles contraprestaciones al exministro de Transportes y su asesor y, al no estar imputado en ninguna otra causa, el antiguo CEO de la aerolínea estaba obligado a contestar a todo y a decir la verdad. Pero, por lo que ha transmitido en su comparecencia, el interés que despertaba su cita entre las acusaciones, las defensas y los medios de comunicación no se correspondía con el que él tenía por testificar. Con todo, Hidalgo ha contestado durante alrededor de una hora a las preguntas del jefe de Anticorrupción, de la acusación popular, dirigida por el PP, y de los abogados de los tres acusados. Pero no les ha concedido ni media sonrisa, y el fiscal, acostumbrado a tirar de la lengua sin que se le note, ha tenido que pedir explícitamente al testigo que se extendiera más en sus respuestas. Al final, aun con tono lacónico y explicaciones parcas, Hidalgo ha asegurado que nunca ha pagado ningún tipo de prebenda a Ábalos ni a su asesor y que tuvo contratado a Aldama como “canal de comunicación” con “varios ministerios”. No obstante, el antiguo CEO ha restado valor a las gestiones del empresario a favor del rescate de la aerolínea, aprobado por el Gobierno en noviembre de 2020 y que Hidalgo ha pintado como una operación más diseñada por enemigos que por amigos de la compañía. “Es el préstamo con peores condiciones que se han dado no en España sino en el mundo entero. Y que, por cierto, hemos devuelto con intereses de 140 millones”. Anticorrupción, sin embargo, considera que parte de ese rescate se lo debe Air Europa a las gestiones de Aldama, Koldo García y Ábalos, a quienes atribuye, sobre todo, la idea de que Transportes difundiera en agosto de 2020 una nota de prensa que adelantaba la intención del Ejecutivo de salvar a la aerolínea, un documento que, según la Fiscalía, sirvió a la empresa para tranquilizar a sus acreedores. Los mensajes incorporados al sumario atestiguan que Ábalos envió a Koldo el texto de ese comunicado antes de que se emitiera, el asesor se lo remitió a Aldama y este, a Hidalgo. La tesis de las acusaciones es que el CEO recompensó al ministro por sus gestiones con el alquiler de una casa en Marbella durante una semana de agosto. Hidalgo ha negado ese y ningún otro pago y ha asegurado no tener constancia de la difusión de la nota de prensa por parte de Transportes ni de su repercusión. Sobre el trabajo de Aldama, el exdirectivo de Globalia ha argumentado que le contrató con un sueldo de 10.000 euros al mes en 2018 por sus contactos en Venezuela y, posteriormente, prolongó el fichaje para que le asesorara en distintos negocios. El empresario era el encargado de la relación con las instituciones y la “comunicación con diferentes ministerios”, especialmente Transportes y Economía. A pesar del valor para abrir puertas que ha atribuido a Aldama, Hidalgo ha matizado que de las informaciones que este le transmitía “unas eran verdad, otras medias verdades y algunas, más optimismo que otra cosa”. El juicio enfila ya la recta final de las declaraciones de testigos y la mayoría de las cartas empiezan a estar boca arriba. El tándem que conformaron desde la primera sesión las defensas del exministro y quien fuera su asesor no ha descarrilado, pero los abogados ya no pedalean tan sincronizados y, de vez en cuando, el letrado de Ábalos, Marino Turiel, interviene para dejar fuera a su cliente de una actuación atribuida a Koldo García; y otras, es la letrada de este, Leticia de la Hoz, la que tercia para intentar evidenciar que el asesor no hacía nada sin el mandato, o al menos el consentimiento, de su jefe. Estas estrategias se han puesto de manifiesto en la sesión de este martes, cuando la antigua secretaria de Ábalos ha cargado sobre el asesor las visitas constantes de Aldama en la zona más restringida de la sede de Transportes o cuando el ex jefe de gabinete de Reyes Maroto en el Ministerio de Industria ha señalado a Koldo García como la persona que gestionó una reunión para los socios de Aldama en la trama de los hidrocarburos. El testimonio de Juan Ignacio Díaz Bidart, quien fue hombre de confianza de Maroto, era uno de los más esperados del día porque la Fiscalía Anticorrupción sitúa la reunión que se produjo en Industria en el centro de las gestiones que supuestamente hicieron Ábalos y su asesor para agilizar la obtención de una licencia como comercializadoras de hidrocarburos para Villafuel, la empresa con la que se había asociado Aldama. A cambio, según las acusaciones, los empresarios compraron una casa en la Línea de la Concepción (Cádiz) para que la disfrutara Ábalos y su familia. Díaz Bidart ha ratificado que la reunión en Industria se produjo el 28 de diciembre de 2020 y que fue el asesor del ministro quien se la pidió. A preguntas del fiscal Alejandro Luzón, el testigo ha explicado que a la reunión asistieron el empresario Claudio Rivas, a quien los investigadores consideran el verdadero dueño de Villafuel, y la empresaria Carmen Pano, además de un amigo de esta que hacía las veces de conductor. Según Díaz Bidart, antes de llegar al encuentro, el asesor de Ábalos solo le había avanzado que los empresarios querían reunirse con él para un asunto relacionado con comercializar hidrocarburos, y, cuando en la cita le explicaron que su pretensión era obtener una licencia, el entonces jefe de gabinete les dijo que él no tenía competencia para eso y les remitió a la Secretaría de Estado de Energía. “Es lo que tengo apuntado”, ha afirmado Díaz Bidart. El ex alto cargo, que no está imputado en ninguna causa, se ha remitido durante toda su declaración a las notas del trabajo diario que supuestamente apuntaba en su agenda, lo que ha llevado al fiscal a pedirle que intentara hacer memoria más allá de sus apuntes para responder preguntas como si se reunió en alguna ocasión con Koldo García y Aldama, encuentros que él ha negado porque no los tenía anotados. Tampoco recuerda, ha asegurado, si informó a Koldo García del resultado del encuentro en el ministerio (el asesor estuvo al inicio, para presentar a las dos partes, y luego se marchó) y si dio cuenta de esa reunión a Maroto. “Ese día había cuatro temas importantes sobre la mesa y no recuerdo si le informé de este”, ha explicado. A ese encuentro no fue Aldama, pero Díaz Bidart ha revelado que el empresario sí asistió en una ocasión a la sede de Industria para una reunión cerrada por la ministra relacionada con un promotor musical que quería una subvención para un evento. El ex alto cargo no ha concretado si Maroto estuvo en esa cita o solo intervino para que se celebrara. Mientras las acusaciones han intentado, sin mucho éxito, arañar más datos de las gestiones que hicieron Koldo García y Ábalos a favor de la licencia de Villafuel (que se obtuvo más de un año después de que ambos salieran del Gobierno), las defensas del ministro y su antiguo asistente han intentado demostrar que esa influencia no se produjo. En el caso del letrado de Ábalos, dejando al ministro al margen de esa mediación, aunque eso implique cargar cualquier responsabilidad sobre Koldo García. “¿Le consta que se hablase en nombre de Ábalos para la concertación de la reunión?”, ha preguntado Turiel, a lo que Díaz Bidart ha respondido “no”. La abogada de García, por su parte, ha esgrimido la reunión de Aldama en Industria supuestamente cerrada por Maroto como prueba de que el empresario se movía por las altas esferas sin necesidad de llevar al asesor de Ábalos de lazarillo. La facilidad de acceso de Aldama al Ministerio de Transportes ha vuelto a ponerse de manifiesto con la declaración de la que fuera secretaria de Ábalos, Ana María Aranda, quien ha corroborado que el empresario entraba y salía a cualquier hora y se movía sin restricciones por la zona del edificio reservada para el ministro. No obstante, el testimonio de Aranda ha señalado más a Koldo García que al exdirigente socialista, ya que ha asegurado que siempre lo vio con el asistente y nunca con Ábalos. Estos encuentros nunca estaban agendados y, al contrario de lo que ocurría con el resto de visitas, desde el control de seguridad del ministerio nunca llamaron a la secretaria para corroborar si estaban esperando a Aldama y permitirle el acceso. Aranda ha señalado también a Koldo en otros dos de los asuntos que las acusaciones pretenden demostrar como parte de la trama. El primero es la participación de la expareja de Ábalos, Jésica Rodríguez, en viajes oficiales. La secretaria ha afirmado que Rodríguez acudió a 13 de los 293 que hizo el entonces ministro y que siempre los pagó el asesor con una tarjeta de crédito personal, nunca con cargo a fondos públicos. El segundo, varios salvoconductos que se emitieron desde Transportes durante el estado de alarma por la pandemia de covid-19 para permitir la movilidad de diferentes personas con la excusa de acudir a supuestas reuniones en Transportes, un trámite que Anticorrupción considera parte de las gestiones que el ministro y su asesor hicieron para Aldama y su entorno a cambio de comisiones. La secretaria ha asegurado que Ábalos nunca le pidió uno de esos certificados de movilidad y que siempre era el asesor quien se los reclamaba. “¿Entendía usted que cuando Koldo se lo pedía era porque actuaba en nombre del ministro o en nombre propio?”, ha preguntado Luzón. “Yo entendía que era parte de su trabajo, me pedía una ejecución de un acto administrativo que era cumplimentar ese modelo [de salvoconducto] y entendía yo que lo hacía en función de su trabajo, que era para el ministro, claro”. Durante la mañana de este martes ha declarado también quien fuera secretaria de Aldama, Piedad Losada, que ha contado que era habitual que el empresario le dijera que iba a reuniones a Transportes y que se referían a Ábalos como “el jefe”. Losada, imputada en la parte de la causa que investiga la Audiencia Nacional, ha relatado también que hizo gestiones para la compra de la casa en Cádiz por parte de la empresa Have Got Time porque así se lo pidió Aldama y que siempre identificó a Rivas como el dueño de esa sociedad y a Leonor González Pano como su “empleada”, una versión que coincide con la tesis de las acusaciones, que consideran a esta empresaria, que figuraba como administradora de la empresa, una testaferro de Rivas.