Agendas de Cerdán, facturas de viajes de Díez y emails del PSOE, entre la documentación requisada

A las 6.50 horas de la mañana del 27 de mayo los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ponían en marcha. Lo hacían por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que estallaba su parte del caso Leire Díez con registros y requerimientos simultáneos en casas, empresas y despachos de abogados. Uno de los puntos neurálgicos fue el cuartel general del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, de donde los uniformados se llevaron, entre otras cosas, varias agendas manuscritas del que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al que las pesquisas sitúan como líder de la presunta trama dedicada a rastrear cualquier información que pudiera poner fin a las investigaciones judiciales y policiales que afectaban al partido y al Gobierno. También se apoderaron del teléfono móvil de Juan Manuel Serrano, el que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE antes de llegar al Gobierno. Y se incautaron de casi 20.000 euros en efectivo que encontraron en casa del ex alto cargo socialista Gaspar Zarrías. Dos horas después, los agentes entregaban al responsable jurídico del PSOE el requerimiento de información, que los socialistas cumplieron de forma voluntaria, desactivando con ello la amenaza de registro que contenía el auto de Pedraz en el supuesto de que no colaboraran. Una de las personas de interés de los investigadores era Santos Cerdán. Los socialistas les informaron de que todo el material relacionado con su antiguo número tres estaba almacenado en siete cajas y dos contenedores guardados a su vez “en una sala bajo llave localizada en el sótano” del edificio. Hasta allí bajaron y se llevaron en bolsas dos agendas manuscritas; una libreta con anotaciones manuales sobre la campaña electoral de 2023; folios sueltos con más apuntes de su puño y letra; una carpeta con las siglas de Oliver Abogados, el despacho de uno de los presuntos miembros de la trama; un ordenador portátil; y dos discos duros. Según consta en las actas de la UCO, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, los agentes también hicieron acopio del contenido de los buzones de las cuentas de correo electrónico de las personas señaladas por Pedraz ―Cerdán, la gerente del PSOE, Ana María Fuentes; el ex director de comunicación del partido, Ion Antolín; y las trabajadoras de la formación Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro, que se encargaban de las gestión de los pagos en efectivo―, de la gerencia del PSOE y de los controles de acceso, tanto a pie como en coche. Otro objetivo fueron las facturas de las agencias contratadas para la gestión de los viajes de las personas mencionadas. Ahí figuran gastos atribuibles a viajes efectuados por Cerdán y Díez, que sí tuvieron una relación laboral con el PSOE, pero también por el empresario Javier Pérez Dolset. Los agentes acudieron ese mismo día a las oficinas de una de esas agencias de viajes para reclamar la información que guardaran acerca de Cerdán, Díez y Pérez Dolset, de los que sí encontraron material, y de Zarrías, Teijelo, Oliver y la periodista Patricia López, sobre los que nada hallaron. Al margen de esos viajes, la UCO avanza que en el caso de Cerdán “constan numerosos gastos institucionales”, que desgranan en 15 archivos con liquidaciones pagadas en efectivo y otros 38 con abonos por transferencia bancaria. Los agentes destacan, por contra, que no constan gastos vinculados a la mujer que denunció al fiscal anticorrupción José Grinda, uno de los movimientos de la presunta trama que está bajo sospecha. La investigación judicial muestra que Grinda fue uno de los enemigos a batir porque en sus manos estaban causas de interés para los miembros de la supuesta organización criminal. Según denunció él mismo, se reunió con un periodista que dijo hablar en nombre de altas instancias ―mencionó a “Leire”― y que le ofreció un destino dorado en el extranjero a cambio de información sensible sobre el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, y que archivara dichas causas. Además, Pedraz destapó que la trama habló de ofrecerle 300.000 euros. En el marco de esta derivada, el juez envió a la UCO a la Fundación para la Internalización de las Administraciones Públicas (FIAP) para reclamar documentación sobre la relación laboral con Grinda “en lo que respecta al cargo que ocupa en la actualidad como responsable de la Escuela de Jueces y Fiscales en Bolivia”. Asimismo, la Guardia Civil recabó información sobre las “relaciones comerciales” del PSOE con Zarrías y los abogados Teijelo ―uno de los defensores de Cerdán― y Oliver, que representó a Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. La UCO también se llevó información sobre las relaciones comerciales con la periodista Patricia López y su medio Crónica Libre, que tuvo que remitir por email el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC). Además, la UCO se llevó documentación sobre la relación laboral del PSOE con las personas señaladas y la descripción de las funciones de sus respectivos puestos; las normas internas de contratación; el protocolo de acceso a Ferraz; la “política de dietas y viajes”; la guía de cumplimiento normativo y los presupuestos del PSOE de los años 2024 y 2025. Los agentes también hicieron búsquedas selectivas en los libros diarios de esos mismos años, llevándose capturas de los resultados positivos. Ese día, la Guardia Civil acudió igualmente a la empresa que auditó las cuentas socialistas de 2024 para reclamar todas las comunicaciones con el PSOE. La UCO también se personó en la Dirección General de la Guardia Civil porque el juez indaga igualmente en las presuntas presiones que se habrían ejercido desde altos mandos para desinflar informes, como los relativos a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno que está siendo juzgado por tráfico de influencias y prevaricación. De su sede, los uniformados salieron con “los expedientes relativos a las actuaciones administrativas” que se han efectuado desde el 1 de enero de 2024 hasta la actualidad sobre investigaciones llevadas a cabo por el Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (DIECAN) de la Guardia Civil, “incluidas las comunicaciones asociadas a estos expedientes”. Por otro lado, en el registro efectuado en la casa de Cerdán en Milagro (Navarra), los agentes se llevaron dos teléfonos, un ordenador, otras tres agendas y más papeles. De la casa de Zarrías, salieron con un ordenador, dos teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos (una tablet y numerosos pendrives), además de con documentación en papel y 19.850 euros en efectivo. Y, del domicilio de Pérez Dolset, con dos teléfonos, un “bolígrafo grabadora” y numerosos discos duros y pendrives. Además, la UCO se quedó con teléfonos de Serrano, de la gerente del PSOE, de las trabajadoras Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro, y de Juan Sánchez Yepes, guardia civil investigado en un caso de fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos.