El Gobierno debe responder por su colosal negligencia

La inmensa tragedia ferroviaria que ha dejado en Urda (Toledo) al menos 69 muertos y decenas de heridos constituye el fracaso más devastador que puede dejar un Gobierno como legado. Apenas nueve meses después del accidente de Adamuz, España vuelve a asistir a una escena de horror sobre las vías de alta velocidad. La sucesión de dos colisiones tan graves en menos de un año no es fruto de la fatalidad, sino de la degradación completa del sistema a manos de un Gobierno negligente que ha sustituido la gestión pública por un frívolo comité de campaña. El Ejecutivo ha puesto en riesgo la seguridad de una de las infraestructuras más sensibles del país, y con ella, la vida de los ciudadanos. De ello es enteramente responsable. Las causas concretas del siniestro deberán esclarecerse, pero los primeros datos conocidos son extraordinariamente inquietantes. Lo que se produjo es un triple colapso de la seguridad de los trenes. Primero, falló el sistema de señalización automática LZB (un sistema obsoleto que debería haberse renovado hace tiempo); en segundo lugar, con los dos trenes parados, el centro de control de Atocha trasladó órdenes contradictorias; y por último, no se detectó que el AVE iba a colisionar a 120 km/h con el Iryo, que no había arrancado. La función de todo sistema de seguridad es precisamente impedir que un error humano aislado tenga efectos catastróficos. Aquí no estamos ante un fallo individual: es un derrumbe estructural y esencialmente político. Si en Adamuz descubrimos que la infraestructura era deficiente, en Urda hemos descubierto que ni siquiera la seguridad mínima de los pasajeros está garantizada. El Gobierno, centrado en el relato en vez de en la gestión, en encadenar estratagemas populistas en vez de en aprobar presupuestos, implantar reformas y emplear con sentido el récord recaudatorio, es responsable de este desastre. La primera vez pudo refugiarse en la mala suerte. La segunda vez no hay explicación aceptable. Su discurso, más que inverosímil, es insultante. El Ejecutivo se ha esforzado rápidamente en atribuir el accidente a un «error humano». Lo mismo hizo el ministro de Transportes en su comparecencia, visiblemente nervioso, cerca de las tres de la tarde. El dañino Óscar Puente, un activista político sin perfil técnico ni respeto por su cargo y sucesor del encarcelado por corrupción José Luis Ábalos, cargó toda la responsabilidad en el empleado del centro de control que se habría equivocado al ordenar al AVE que retomara la marcha con normalidad y que no rectificó pese a que el Iryo seguía parado. El ministro desvía la atención, otra vez. Reducir la tragedia a la equivocación de un operario permite eludir la responsabilidad de quienes organizan, supervisan y dirigen el sistema ferroviario. Durante años se han acumulado las incidencias, los retrasos, las advertencias de los profesionales y las denuncias sobre las necesidades de mantenimiento de una red sometida a una presión creciente. La liberalización ha multiplicado las circulaciones sin que la capacidad de gestión y conservación de las infraestructuras haya aumentado al mismo ritmo. La descoordinación entre Adif y los operadores, la politización de puestos de responsabilidad y un sectarismo enfermizo completan el cuadro. La alta velocidad fue uno de los grandes símbolos de la modernización española. Hoy los ciudadanos contemplan cómo ese patrimonio colectivo ha sido destruido. Los trenes son el símbolo más doloroso de un país dirigido por un Gobierno fallido que ha convertido la nula rendición de cuentas en un método de supervivencia. Cuando nadie responde por nada, desaparece el incentivo político para mejorar las cosas. La continuidad de Puente tras Adamuz expresa de forma especialmente repulsiva la cultura de impunidad política que Sánchez encarna. La catástrofe irrumpe en una precampaña electoral que el PSOE había concebido como una operación de imagen. Frente a los problemas acumulados del país, relato, bromas, platós de televisión y «humanización» de Sánchez. La tragedia ha hecho saltar por los aires ese plan. La realidad de decenas de familias destrozadas se impone brutalmente sobre una política que ha dedicado demasiadas energías a fabricar percepciones y demasiado pocas a garantizar el funcionamiento eficaz de los servicios públicos. Este es el desolador resultado. Urda, como Adamuz, exige transparencia, una auditoría independiente de la seguridad ferroviaria y consecuencias políticas. La respuesta no puede ser otra tonelada de propaganda ni la búsqueda apresurada de un subordinado al que señalar. Esta segunda colisión mortal demuestra que cuando la irresponsabilidad se instala en el corazón del poder, las consecuencias pueden ser irreparables. España no puede resignarse a que la nueva normalidad sea la decadencia ni la catástrofe.