La juez de la dana cita a Mazón a declarar como testigo

La juez que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana ha citado a declarar como testigo, todavía sin fecha, al ex presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, a quien le pedirá también que aporte voluntariamente los mensajes y llamadas sobre ... la emergencia que intercambió el 29 de octubre de 2024, con sus correspondientes facturas.En un auto dictado este martes, la magistrada de Catarroja argumenta que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana -también la Fiscalía- ha descartado su «responsabilidad de forma completa en su vertiente omisiva, al no ostentar la posición de garante», después de que ella elevara una extensa exposición razonada para solicitar que Mazón fuera investigado por su «grosera negligencia».Los cinco magistrados de la Sala, por unanimidad, recalcaron que Mazón -pese a su reprobable actuación- no tenía ningún deber específico legal para proteger a la ciudadanía durante la dana, exigible para ser investigado por homicidio imprudente en su modalidad de comisión por omisión.MÁS INFORMACIÓN noticia Si El TSJ valenciano rechaza investigar a Mazón porque no tenía «deberes específicos» en la danaTal y como indica la instructora, «no aprecia tampoco el TSJ indicios de delito en la acción del aforado en una eventual participación activa» durante el proceso que llevó a enviar el ES-Alert. Esa hipotética intervención tampoco se ha demostrado.Cerrada esa vía, Nuria Ruiz entiende que la testifical, en la que estará obligado a decir la verdad, es pertinente para que el expresidente explique «el conocimiento» que tenía «sobre las decisiones que se iban a adoptando en el Cecopi -el órgano que gestionaba la crisis- o la ausencia de ellas, y el momento en que se adoptaron y su contenido».Al respecto, recuerda que la Audiencia de Valencia ya autorizó la declaración como testigo de la periodista Maribel Vilaplana, que comió con Mazón en el restaurante El Ventorro, por si pudiera arrojar luz sobre cómo iba avanzando la reunión del Cecopi, qué información manejaban los que en ella participaban y por qué se actuó del modo en que se hizo, a partir de lo que hubiera escuchado o el político le hubiera comentado.«No es factible efectuar un juicio de futuro sobre la obtención durante la instrucción de indicios que derivaran en eventuales responsabilidades penales del Sr. Carlos Mazón. Una eventualidad que se desconoce y que en ningún caso puede ser óbice, tras el auto del TSJ del 16 de marzo, al objeto de acordar su declaración testifical», concluye Ruiz.La resolución establece que tanto la testifical -le había invitado a comparecer como investigado con anterioridad- como la comunicación para que el diputado del PP en las Cortes Valencianas -y, por tanto, aforado- aporte sus comunicaciones telefónicas no se efectuarán hasta que el escrito del alto tribunal no sea firme. Mazón ya trasladó a la Cámara un listado de llamadas de elaboración propia -sin más detalles- que fue incluido en el procedimiento.Además, la juez también ha acordado -tras la solicitud de varias acusaciones- la declaración como testigo de la que era entonces portavoz del Gobierno autonómico, Ruth Merino, que asistió junto a Mazón y a la vicepresidenta Susana Camarero a una reunión con los agentes sociales a las 13.45 horas de aquella trágica jornada en el Palau de la Generalitat.Prueba caligráfica a PradasDel mismo modo, requiere a los entonces alcaldes de Utiel, Requena, Chiva, Carlet y Torrent para que aporten voluntariamente al órgano judicial los listados de sus llamadas entrantes y salientes y sus mensajes el 29 de octubre con distintas autoridades y miembros del Cecopi. En paralelo, en una providencia, la juez ha acordado citar de nuevo al subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, para que realice aclaraciones a su declaración anterior, así como a la ex consellera de Justicia e Interior investigada, Salomé Pradas, para realizar un cuerpo de escritura con el que hacer una prueba pericial caligráfica respecto de un documento manuscrito aportado por Suárez. El alto funcionario entregó en Catarroja la nota que Pradas le dio con las ideas que debía recoger el ES-Alert. Una tarjeta que sirvió, a su vez, como autorización, según indicó Suárez en sede judicial: evitar desplazamientos en la provincia de Valencia; «permanezcan en sus casas», seguido de lo que parece la palabra «confinamiento» tachada y una lista con las comarcas Ribera Alta, Ribera Baja, Horta Sud y Hoya de Buñol; «alejamiento de cauces»; y «elevarse a mínimo una primera planta».Esta última instrucción no se incluyó en el texto final que se lanzó a las 20.11 horas, pero sí en el segundo, alrededor de las 21h. También se hacía referencia a la UME.