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Expansión ·

Indra y Airbus ejecutarán los créditos para el FCAS en planes alternativos

Resumen

Los desencuentros técnicos e industriales entre los gobiernos de Alemania y Francia para desarrollar un caza europeo de sexta generación han terminado por dar al traste con uno de los programas militares más ambiciosos que se han concebido nunca en Europa. Se trata del Futuro Sistema de Combate Aéreo, conocido como FCAS, valorado en unos 100.000 millones y en el que también participaba España. De hecho, el Gobierno español concedió el año pasado dos préstamos estatales al 0% de interés a Indra y a Airbus por un importe conjunto de 350 millones de euros para prefinanciar dos subprogramas de I+D paralelos al FCAS que, a su vez, se concretaron en dos contratos de 700 millones de euros en total para ambas compañías. El primero de ellos es el Contrato Tecnológico Nacional Next Generation Weapon System (NGWS), que buscaba dotar a las Fuerzas Armadas de las capacidades necesarias para avanzar hacia un sistema de combate aéreo de última generación y facilitar "la integración operativa de las futuras capacidades derivadas del NGWS" y "la interoperabilidad con los sistemas de armas nacionales existentes y futuros (ámbito FCAS)", según define el real decreto en el que se acordó destinar a Indra un préstamo sin intereses de 270 millones de euros para el desarrollo de esta iniciativa .

Los desencuentros técnicos e industriales entre los gobiernos de Alemania y Francia para desarrollar un caza europeo de sexta generación han terminado por dar al traste con uno de los programas militares más ambiciosos que se han concebido nunca en Europa. Se trata del Futuro Sistema de Combate Aéreo, conocido como FCAS, valorado en unos 100.000 millones y en el que también participaba España. De hecho, el Gobierno español concedió el año pasado dos préstamos estatales al 0% de interés a Indra y a Airbus por un importe conjunto de 350 millones de euros para prefinanciar dos subprogramas de I+D paralelos al FCAS que, a su vez, se concretaron en dos contratos de 700 millones de euros en total para ambas compañías. El primero de ellos es el Contrato Tecnológico Nacional Next Generation Weapon System (NGWS), que buscaba dotar a las Fuerzas Armadas de las capacidades necesarias para avanzar hacia un sistema de combate aéreo de última generación y facilitar "la integración operativa de las futuras capacidades derivadas del NGWS" y "la interoperabilidad con los sistemas de armas nacionales existentes y futuros (ámbito FCAS)", según define el real decreto en el que se acordó destinar a Indra un préstamo sin intereses de 270 millones de euros para el desarrollo de esta iniciativa . El segundo subprograma, dotado con una prefinanciación de 80 millones de euros para una unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y Airbus, es el denominado FCAS Nacional. El objetivo de esta iniciativa era realizar los estudios de concepto de combate colaborativo y llevar a cabo demostraciones incrementales de esas capacidades y de los beneficios que conllevan. Según explican a EXPANSIÓN fuentes conocedoras de la situación, estos subprogramas son "paralelos" al FCAS, es decir, no se trata de fondos para el proyecto multinacional, sino que son "contratos nacionales para que empresas españolas maduren tecnologías que puedan ser empleadas en el futuro caza". "El que sea", matizan. A pesar de que Berlín y París hayan decidido no seguir adelante con el FCAS, ni Indra ni Airbus tendrán que devolver los 350 millones en créditos blandos concedidos por el Gobierno español. Las dos empresas ya recibieron el año pasado 278 millones, mientras que en 2026, 2027, 2028 y 2029 se destinarán, cada año, 18 millones a estos subprogramas: 14 millones para el Contrato Tecnológico Nacional NGWS y, el resto, para el FCAS Nacional. Las fuentes consultadas subrayan también que el Ministerio de Industria libera el pago de la prefinanciación a medida que se cumplen una serie de hitos, mientras que las empresas van devolviendo los préstamos conforme se van pagando los contratos a los que están ligados los subprogramas, que ascienden a 700 millones de euros. Esta cifra se divide en 540 millones de euros para el Contrato Tecnológico Nacional NGWS y 160 millones para el FCAS Nacional. Indra bajó ayer un 4,22% en Bolsa tras conocerse el fin del programa FCAS. Airbus cedió un 0,69%. "Análisis inmediato" Tras el fin del programa, la presidenta la Sepi, Belén Gualda, urgió ayer a Indra a realizar un "análisis inmediato" de las implicaciones del fracaso del FCAS. "Ayer recibimos la noticia (de la ruptura del diálogo entre Francia y Alemania sobre el FCAS). Le pediremos a la compañía (en referencia a Indra) que analice y traslade su análisis inmediato de determinadas cuestiones gubernamentales entre Francia y Alemania que tiene un impacto en estos proyectos europeos", aseguró Gualda en una comparecencia en el Congreso con motivo del caso Indra-Escribano. "Desde Sepi haremos lo posible, como accionista de Indra (28% del capital) y de Airbus (4,12%), que participaban en este proyecto del FCAS, para que lo que se planteó no tenga ninguna merma en la autonomía en la industria de Defensa europea", agregó. Alternativas La ministra de Defensa, Margarita Robles, lamentó ayer el "fracaso" del FCAS. "Se han antepuesto intereses de la industria a los de la seguridad y la Defensa de Europa. Es muy preocupante y es grave. Por parte de España, vamos a hacer todo lo posible para que el proyecto tenga otra vía", añadió. La situación recuerda a lo que pasó con el Eurofighter. Francia formaba parte del proyecto pero decidió salir. Alemania, Italia, Reino Unido continuaron y España se sumó al mismo. De la Rocha dice que no pidió el cese a EscribanoEl director de la Oficina de Asuntos Económicos del presidente del Gobierno, Manuel de la Rocha, negó ayer que ejerciera presiones al ya expresidente de Indra, Ángel Escribano, para que renunciara a su cargo en la empresa, lo cual se produjo el pasado 1 de abril. "Jamás he amenazado a nadie en mi vida", aseveró durante su comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. También acudió la presidenta de la Sepi, Belén Gualda, que defendió que la "preocupación" del brazo inversor del Estado por los conflictos de interés derivados de la potencial operación entre Indra y EMandE se constató cuando el hólding público dispuso de todos los elementos necesarios para pronunciarse acerca de este asunto.