Defensa tumba el recurso de Santa Bárbara contra los contratos de artillería de Indra y EM&E de 7.240 millones

El Ministerio de Defensa ha desestimado el recurso de alzada presentado por Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la estadounidense General Dynamics, contra dos contratos de artillería valorados en 7.240 millones de euros y adjudicados a dos uniones temporales de empresas (UTE) formadas por Indra y Escribano Mechanical and Engineering (EMandE). "En la resolución se acuerda la desestimación íntegra de todas las pretensiones planteadas. En particular, se concluye que el procedimiento de contratación se ha desarrollado con pleno respeto a la legalidad vigente. Se pone de relieve que, en el ámbito de la contratación vinculada a la Defensa nacional, las decisiones de adjudicación deben atender a la protección de los intereses esenciales de seguridad, a la garantía del suministro, a la autonomía estratégica y a la disponibilidad operativa de las capacidades militares, aspectos todos ellos debidamente valorados por la Administración conforme al marco jurídico aplicable en España y la Unión Europea", ha apuntado la cartera que dirige Margarita Robles en un comunicado. Acudirá a la Audiencia Nacional El Ministerio de Defensa ha indicado asimismo que en la resolución también se acuerda denegar el acceso al expediente de contratación solicitado "reiteradamente" por Santa Bárbara Sistemas al no concurrir los presupuestos legales que lo justifiquen, "en línea con las resoluciones del Tribunal Supremo". De este modo, Defensa confirma la validez de las adjudicaciones a Indra y EMandE. "La resolución pone fin a la vía administrativa, sin perjuicio de los recursos que, en su caso, puedan interponerse ante Audiencia Nacional", añade el Ministerio, que disponía de plazo hasta la semana que viene (22 de abril) para responder. Santa Bárbara ya ha confirmado que, una vez agotada la vía administrativa, su intención es elevar sus reclamaciones a la Audiencia Nacional, a pesar de que todavía no tiene "notificación ni constancia" de la resolución del Ministerio de Defensa, según explicaron fuentes de la compañía a EXPANSIÓN. "No obstante, como ya se informó previamente, la presentación de este recurso de alzada era un paso previo indispensable para agotar la vía administrativa. (...) Santa Bárbara Sistemas reitera su disponibilidad para cooperar con todas las empresas e instituciones del sector de la Defensa de nuestro país en el objetivo común de cumplir los objetivos del Ministerio de Defensa y dotar a las Fuerzas Armadas de los recursos necesarios", han añadido. Proceso en el Tribunal Supremo Además del recurso de alzada presentado ante el Ministerio de Defensa, Santa Bárbara Sistemas mantiene en paralelo otro recurso contencioso-administrativo a cuenta de estos contratos de artillería. En concreto, la compañía propiedad de General Dynamics presentó a finales del año pasado un recurso contencioso-administrativo contra los 3.000 millones de euros en préstamos estatales al 0% de interés que Indra y EMandE recibieron por parte del Gobierno para prefinanciar estos programas de modernización militar. Por un lado, el importe de la adjudicación para el suministro del sistema de artillería autopropulsada sobre ruedas se eleva a casi 2.686 millones de euros y contó con una prefinanciación a través de créditos estatales al 0% de interés de 1.181 millones de euros. En tanto, la adjudicación para el sistema artillería de cadenas asciende a 4.554 millones de euros y el préstamo público sin intereses fue de 1.821 millones de euros. Aunque la intención inicial del recurso de Santa Bárbara sobre los préstamos se dirigía tan solo contra los dos contratos de artillería, el proceso judicial en el Supremo podría extenderse al resto de los créditos concedidos por el Gobierno para los otros programas de modernización militar. A través de varios reales decretos, el Ejecutivo concedió un total de 14.224 millones de euros en préstamos sin intereses a diferentes empresas para prefinanciar el desarrollo de los programas de modernización militar, alguno de los cuales se adjudicó a la propia Santa Bárbara (el de actualización de los blindados Pizarro). En este contexto, Indra, EMandE, Telefónica y el grupo Oesía -todas ellas receptoras de distintos préstamos públicos para prefinanciar la ejecución de programas de modernización militar- se personaron como codemandadas en el marco del proceso judicial iniciado por Santa Bárbara Sistemas en el Supremo.