El blindaje del presidente frente al delito de traición dificulta que el Supremo pueda juzgarle

«Según la Real Academia Española, la traición es el hecho de faltar a la lealtad y a la fidelidad debidas. Y Pedro Sánchez es un traidor». Con esta acusación comenzó el pasado jueves Santiago Abascal, líder de Vox, su turno de palabra en ... la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso para explicar su gestión en la crisis en Ceuta. No es un plan nuevo, la formación conservadora anunció el pasado 8 de agosto su intención de comenzar el proceso para sentar a Sánchez en el banquillo del Tribunal Supremo. El trámite no es sencillo y, de momento, no parece que vaya a ser exitoso.Para los de Abascal, la gestión del Gobierno no solo debe conllevar consecuencias políticas, también judiciales. El pasado 30 y 31 de julio más de 80.000 inmigrantes provenientes de Marruecos lograron traspasar la frontera española mediante el espigón de El Tarajal, todo ello con el beneplácito e incluso colaboración de las autoridades marroquíes, según informó la Policía Nacional a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón.Por ello, aquel 8 de agosto Vox dio un paso más en un oposición total contra el Gobierno y promovió la activación del artículo 102 de la Constitución para investigar al presidente y a su Ejecutivo por posibles delitos de traición y contra la seguridad del Estado tras la «gravísima invasión» de Ceuta de la pasada semana. Esa acusación se ha convertido ahora en el eje de su estrategia política. El jueves, Abascal aprovechó sus 15 minutos de respuesta en dos turnos para explicar los «tres elementos» que representan la traición y por qué Sánchez cumple todos: «El conocimiento, la relación con el país extranjero y el resultado en Ceuta». «El conocimiento: usted lo sabía y toda España sabe que usted lo sabía», apeló el líder de Vox. El segundo —la relación con el país extranjero—, porque el líder del Ejecutivo confirmó que durante la crisis estuvo «al habla constantemente con las autoridades marroquíes»: «Mientras la frontera estaba siendo violada, Sánchez estaba hablando con el violador», espetó. Y, finalmente, el resultado en Ceuta, una ciudad española «tomada» resultando en «muertos, violaciones, enfermedades infecciosas, familias atrincheradas, miedo en los hogares, saqueos, terroristas y agentes de inteligencia de potencias extranjeras moviéndose libremente por España».Sin embargo, llevar al banquillo a un presidente del Gobierno por el mayor delito contra la seguridad del Estado no es un trámite judicial ordinario. La Constitución Española contempla esta posibilidad, pero establece un «blindaje» procesal excepcional que marca una profunda diferencia respecto a cómo se juzgaría a cualquier otra persona. Así, si un ciudadano de a pie, un funcionario o incluso un alto cargo autonómico es sospechoso de un delito de traición, como vender secretos de Estado o conspirar con una potencia extranjera, la Fiscalía o cualquier juez de instrucción competente puede iniciar una investigación de oficio tras recibir una denuncia. No ocurre lo mismo con el jefe del Ejecutivo.Mayoría absolutaPara que el presidente del Gobierno pueda ser procesado por traición (o por cualquier otro delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones), el Código Penal cede el protagonismo inicial a la Constitución y según el artículo 102 de la Carta Magna, el Tribunal Supremo —el único órgano competente para juzgarle— tiene las manos atadas hasta que el poder legislativo dé luz verde, por lo que en la actual situación, con la actual composición del Congreso, el planteamiento de Abascal no tiene ningún viso de prosperar. Y es que en este caso la acusación no puede partir de una querella en los tribunales, sino que debe ser planteada por al menos una cuarta parte del Congreso de los Diputados (88 parlamentarios). Posteriormente, el Pleno debe aprobar esa iniciativa por mayoría absoluta (176 votos). Solo si se supera ese obstáculo el Tribunal Supremo podría actuar. En caso de condena, el presidente jamás podría beneficiarse de un indulto, algo que recordó el líder de Vox en el Congreso: «La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo. El único delito que en España no puede indultar es el suyo, es el que ha cometido usted».Esta barrera que diferencia la acusación del presidente del Gobierno de la de cualquier otro justiciable fue diseñada por los constituyentes de 1978 para evitar que las acusaciones de alta traición se instrumentalizaran en los tribunales.Fuera de los muros de Moncloa, el delito de traición se aplica con el Código Penal en la mano, sin necesidad de votaciones parlamentarias. Está regulado en los artículos 581 a 588 del Código Penal.«El único delito que en España no puede indultar es el suyo, es el que ha cometido usted» Santiago Abascal Presidente de VoxCualquier persona que se concierte con una potencia extranjera para declarar la guerra a España, entregue información confidencial que comprometa la seguridad nacional o colabore militarmente con un país enemigo, se enfrenta de manera directa a la acción de los tribunales ordinarios o de la Audiencia Nacional, con penas que oscilan entre los 12 y los 20 años de prisión.El ex agente del del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Roberto Flórez fue el primer condenado por traición en la historia democrática de España. Entre los años 2001 y 2004, Flórez sustrajo identidades de agentes en el extranjero, manuales de procedimiento e informes sobre los servicios de contrainteligencia españoles para vendérselos a los servicios secretos de Rusia. En 2010 la Audiencia Provincial de Madrid lo condenó a 12 años de prisión. Meses después el Supremo ratificó que el ex espía había cometido un delito de traición en su modalidad de descubrimiento y revelación de secretos a una potencia extranjera, aunque rebajó su pena a 9 años.