La eterna crisis de la Sanidad: la gran "arma arrojadiza" de la campaña pese a que Andalucía dedica más dinero que nunca

La imagen de una María Jesús Montero sonriente con el mensaje «vota sanidad pública» en tonos verdiblancos, como la bandera de Andalucía, inunda todas y cada una de las farolas de las calles aledañas al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el complejo hospitalario más grande de toda Andalucía y uno de los más importantes del país. En él trabajan unos 10.000 profesionales y está considerado como la «joya de la corona» de la sanidad pública andaluza por la atención especializada y las investigaciones punteras que impulsan sus sanitarios. A él acuden cada día, de media, unos 4.000 pacientes, entre las urgencias y las consultas, un formidable escaparate para colocar mensajes electorales. En la calle donde está la fachada principal de este hospital no hay banderolas del PSOE, sino unas pocas y muy salteadas de Por Andalucía, la marca que aglutina a IU, Sumar y Podemos, con el rostro de su candidato, Antonio Maíllo, con los eslóganes «por la sanidad, por la vivienda, por tu futuro», también en verde y blanco. La concentración de banderolas electorales que apelan a la defensa de la sanidad pública en los alrededores del Virgen del Rocío da una idea de la importancia que la oposición está dando a este asunto en la campaña para las elecciones autonómicas del domingo. De hecho, la única crisis de calado desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta de Andalucía, con la dimisión de una consejera incluida, ha estado provocada por la sanidad. Y, más concretamente, por los errores y retrasos en los cribados del cáncer de mama focalizados, precisamente, en el hospital más grande de Andalucía. Una de las afectadas por estos fallos es la sevillana Cristina Fernández, ingeniera técnico industrial de 52 años y madre de dos hijos, que ya contó a EL MUNDO su experiencia en octubre de 2025, cuando estalló el escándalo. Pasados los meses, este diario queda de nuevo con ella para ver su evolución. Le detectaron cáncer de mama con metástasis y le extirparon dos tumores. Dentro de la gravedad, intenta afrontarlo con optimismo porque, después de todo, no tuvo que someterse a una mastectomía total y no ha requerido quimioterapia. Sin embargo, le quedan cinco años de tratamiento que intenta sobrellevar con antidepresivos y con su habitual optimismo. La paciente Cristina Fernández junto al complejo hospitalario del Virgen del RocíoGogo Lobato Lo suyo fue un mazazo inesperado. Cuando cumplió 50 años, la citaron del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para hacerse la primera mamografía del cribado. Fue el 23 de noviembre de 2023. «Me dijeron que si había algo raro me llamarían y yo creí que así sería. Siempre he confiado en los médicos y en la sanidad pública». Pero su teléfono nunca sonó. Pasaron los meses y ella misma se notó un bulto en el pecho izquierdo. El 4 de febrero de 2025, casi 15 meses después de realizarse la mamografía del cribado, acudió a su médico de familia y, al consultar el historial, el doctor descubrió que aquella prueba del cribado evidenciaba hallazgos que requerían «un estudio adicional» en el hospital. El resultado era BI-RADS 3, es decir, un hallazgo «probablemente benigno», con una probabilidad de malignidad menor al 2%, pero que hay que revisar. La historia clínica que consultó su médico avisaba de que sería citada. De hecho, una radióloga pidió una prueba complementaria, de la que Cristina nunca tuvo noticia. Su tumor, además, era maligno, como descubrió meses después. El mismo día que acudió al médico de familia presentó una reclamación en el SAS por «la grave negligencia sufrida y el retraso injustificado». La contestación fue de lo más decepcionante porque el SAS no ofreció ninguna razón del fallo. Aquella carta está fechada seis meses antes de que estallara la crisis de los cribados. «Yo creí que había sido una negligencia puntual conmigo, pero me di cuenta de que no era así porque había un montón de mujeres afectadas», lamenta. El caso escaló cuando la asociación de mujeres con cáncer de mama de Sevilla, Amama, destapó retrasos más o menos generalizados en las mamografías del sistema sanitario público andaluz. Aquello provocó la dimisión de la entonces consejera de Sanidad, Rocío Hernández, y que el presidente Moreno pidiera perdón. El Gobierno andaluz admitió que había 2.317 mujeres afectadas, la mayoría de ellas del Virgen del Rocío. El nuevo consejero de Sanidad y número 2 del Gobierno andaluz, Antonio Sanz, asumió personalmente esta crisis, que justificó en que los protocolos no se habían aplicado de forma homogénea y el Virgen del Rocío no había informado a las mujeres ante un resultado no concluyente, como el de Cristina. Para atajar la crisis se puso en marcha un plan de choque con 12 millones de euros para revisar a las mujeres con diagnóstico dudoso y se anunció la incorporación de 119 nuevos profesionales, la mayoría radiólogos. «El problema de los radiólogos es que tienen infinidad de pruebas por ver y hay muy pocos. Para colmo, los pocos que salen cada año formados se van a la privada porque las condiciones laborales allí son muchísimo mejores, con lo cual cada vez habrá más listas de espera y menos radiólogos en la sanidad pública para hacer las lecturas de las pruebas complementarias, entre ellas las de los cribados de cáncer de mama», resume Olga Rufo, presidenta del Sindicato Médico de Sevilla. Para Rufo, el problema de los cribados es «absolutamente doloroso» porque revela que la sanidad «hace aguas y ha sido el cribado del cáncer de mama como podía haber sido cualquier otra cosa, porque ve a un centro de salud y verás en qué condiciones trabajan mis compañeros». Esta doctora lleva 30 años trabajando en la sanidad pública y ha pasado por distintos puestos, por lo que considera que tiene una visión de «360 grados» sobre lo que ocurre en su ámbito. Es especialista en medicina intensiva, fue subdirectora médica del Hospital de Valme en Sevilla y ha trabajado durante años en el Virgen del Rocío, entre otros centros. No dejó de hacer guardias ni cuando estaba de subdirectora de hospital. En lo peor de la pandemia del coronavirus estuvo al pie del cañón en el Hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla. Desde diciembre, está a tiempo completo en el Sindicato Médico. «La sanidad ha estado mal siempre porque es muy compleja de gestionar. No hay recursos suficientes para atender todo lo que políticamente se garantiza. Se promete demasiado. Y el problema ahora es que se está utilizando por los partidos como arma arrojadiza», afirma Rufo. La sanidad pública andaluza cuenta para este año con un presupuesto récord de 16.265 millones. Es un 65,4% más que en 2018, el último año que gobernó el PSOE, con Susana Díaz como presidenta. También es cierto que, durante la etapa del PSOE, hubo que hacer recortes millonarios en sanidad y en todo el sector público, impuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy, que a su vez recibía órdenes de la Unión Europea (UE). Ahora, el panorama es bien distinto y los fondos europeos sí fluyen con más alegría, finalizada ya la etapa de recortes y de austeridad. En ese contexto, el gasto sanitario por habitante ha aumentado un 61% entre 2018 y 2026 (716 euros más), al pasar de 1.169 euros a los 1.887 euros actuales. Con esa suma, Andalucía ha dejado de ser la comunidad que menos gastaba en por habitante y ha superado la media nacional por primera vez en la historia. Pero no es suficiente. Y los problemas persisten, como reconoce abiertamente el propio Juanma Moreno. La doctora Olga Rufo está muy molesta con los mensajes que se cruzaron los candidatos durante los debates televisivos porque considera que «la clase política» está manoseando la sanidad pública, pero «no con el objetivo de mejorarla, sino con el fin de derrotar al partido contrario. Y ésa es nuestra mayor desgracia». Durante el debate a cinco en RTVE, María Jesús Montero afirmó: «Es un clamor popular que la sanidad no funciona. Todo el mundo sabe lo que tarda una cita. Los ciudadanos recuerdan perfectamente lo que era la sanidad en mi etapa: quitamos las listas de espera». ¿Quitarlas? Más bien al contrario. En la etapa de Montero como consejera de Salud, los profesionales denunciaron cómo se maquillaban las listas de espera para que pacientes que aguardaban una operación no aparecieran en los registros oficiales. De hecho, cuando se produjo el cambio de gobierno, tras los comicios de 2018, el nuevo Ejecutivo presidido Moreno denunció que el PSOE había ocultado 540.000 pacientes que estaban esperando ser operados o ser atendidos por un especialista, pero no figuraban en las estadísticas oficiales que remitía la Junta al Ministerio de Sanidad. Las últimas cifras del Gobierno del PSOE reflejan una lista de espera con 290.116 pacientes, cuando en realidad eran 829.410, según denunció el Gobierno de coalición del PP y Ciudadanos en 2019. Para intentar darle solución, el Gobierno de Moreno facilitó al Ministerio los datos «reales» de los andaluces que esperaban para ser atendidos y en 2019 redujo un 17,3% la lista de las personas que llevaban más de un año esperando ser operadas, según los datos de la Junta. Pero por mucho plan de choque, el atasco persiste. «¿Listas de espera? Siempre las ha habido. ¿Privatizaciones? Desde hace años. ¿Errores? Siempre los ha habido. Lo único nuevo es el interés de la clase política para utilizar la sanidad como un arma electoral y yo les pido que no lo hagan. Hace falta mucha y buena gestión. Como sigamos así, nos vamos a quedar sin sanidad pública; ya estamos viendo los primeros coletazos. Por eso, la gente está tan cabreada, porque ya está haciendo aguas». Es el aviso de la doctora Rufo.