Bruselas autoriza 140.000 millones en ayudas de Estado bajo el Pacto Industrial Limpio

El dinero verde fluye en la Unión Europea. Hace algo más de un año que la Comisión Europea sentó las bases de Marco de ayudas estatales para el Acuerdo Industrial Limpio (CISAF), pero ese tiempo ha bastado a la institución para dar luz verde a nada menos que más de 140.000 millones de euros en subvenciones a proyectos. El marco de ayudas regularizó una situación de manguerazos de dinero público a la economía considerados transitorios y que se articulaban bajo el Marco Temporal de Crisis y Transición, vigente desde 2022 como herencia de la pandemia. Ese esquema habría caducado este año, pero la entrada en vigor del CISAF permitió a los Estados miembros mantener ese apoyo a las empresas en plena transición verde en su versión más ágil. Porque el CISAF se considera una vía rápida para acelerar la aprobación de esquemas nacionales de ayuda que convive con las Directrices sobre Ayudas Estatales en materia de Clima, Energía y Medio Ambiente, de carácter permanente, pero más lento en su aprobación. Además, el plazo del nuevo esquema de revisión de ayudas, habilitado hasta 2030, se diseñó en Bruselas pensando en dotar a las empresas de "una previsibilidad a largo plazo al facilitar la rápida concesión de ayudas individuales". Y las empresas lo han agradecido. "Las ayudas estatales eficientes desempeñan un papel fundamental para apoyar a las empresas en sus esfuerzos de transición bien definidos y en el logro de los objetivos por la UE", aseguran desde Business Europe, la patronal europea. Movilización Gracias a la agilidad de los procedimientos frente a la tradicional verificación de marcos de ayudas, hasta 17 Estados miembros de los 27 que conforman la Unión Europea han conseguido aprobación por parte de la Comisión Europea a, al menos, uno de los esquemas que han puesto sobre la mesa bajo Cisaf. Para algunos países, como España, el plazo de un año en el que este marco ha estado vigente ha dado tiempo para aprobar hasta seis esquemas diferentes por un saldo máximo acumulado de 10.368 millones de euros, según los datos de la Comisión. España es el tercer Estado miembro que más proyectos de ayudas de Estado verdes ha presentado desde junio del pasado año a la Comisión Europea, una clasificación que lidera Francia con puño de hierro y con sus 75.508 millones de euros aprobados por Bruselas. Además de la mencionada España, en el podio también está Italia con 24.719 millones de euros en dinero público puesto a disposición de sus empresas para abordar la transición verde (ver gráfico adjunto). Las cifras de estos tres países, eso sí, se ven algo distorsionadas por los tres macroesquemas de ayudas articulados en torno a planes de décadas de duración. Son 63.000 millones habilitados en Francia para subastas sobre energía eólica durante 25 años, y 23.000 millones en Italia para subastas renovables con diferentes orígenes durante 20 años. Aprobados ambos recientemente. En el caso de España, se trata del mecanismo antiapagones, dotado de 9.000 millones en apoyo a la capacidad eléctrica durante 10 años. A excepción de estos tres programas a muy largo plazo y basados en subastas y pagos variables, el resto son ayudas directas concretas de menor importe. "Muchos Estados miembros ya están utilizando nuestro marco de ayudas para acompañar en la modernización industrial que Europa necesita: tecnologías limpias, energías renovables y descarbonización industrial. Estas inversiones reducen emisiones, refuerzan nuestra autonomía y modernizan la economía", señaló a EXPANSIÓN Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión para una Transición Limpia, Justa y Competitiva. El dinero que llega a las empresas no es comunitario, como en el caso de los fondos Next Generation EU. Europa, en este caso, se limita a poner orden a estas ayudas para evitar, en la medida de lo posible, que se lleve a cabo una competencia desleal corporativa. La UE busca evitar un dopaje encubierto por parte de las firmas pertenecientes a países con mayor margen fiscal. "El papel de Europa es canalizar bien el apoyo público, con reglas claras para que sea eficaz, proporcionado y compatible con el mercado único", reconoce Ribera. Pero el esfuerzo nacional y el hecho de que cada Estado miembro esté haciendo la guerra por su cuenta también genera cierto escepticismo en la industria. Sin una coordinación europea, desde la patronal española, CEOE, temen que se pueda perder cierta productividad. "Basándonos únicamente en los esfuerzos nacionales es difícil garantizar una transición equitativa y exitosa en toda la UE: es necesario que la Comisión y los Estados miembros completen los respectivos esfuerzos con una mayor coordinación e instrumentos adicionales a nivel europeo, como el Fondo de Competitividad y un Marco Financiero Plurianual reforzado", advierte Isabel Yglesias, directora de Asuntos Europeos de CEOE y delegada permanente de la patronal española en Bruselas. Pese a los esfuerzos de la Comisión, Yglesias teme que "la progresiva flexibilización del marco de control de ayudas de Estado entraña riesgos evidentes de distorsionar las condiciones de competencia en el mercado único". Cómo son las ayudas Bajo la estructura actual, Bruselas permite que los países apoyen con ayudas en forma de subvenciones, préstamos en condiciones ventajosas o avales a la producción de tecnologías limpias reconocidas en la legislación europea (solar, eólica, bombas de calor, hidrógeno, biogás y biometano, captura y almacenamiento de carbono, pero también tecnologías nucleares y combustibles alternativos). El objetivo es que todas las compañías puedan sustituir sus actuales fuentes energéticas y métodos de producción, ayudando al cumplimiento de los estrictos objetivos verdes que se marca el bloque. El marco europeo también contempla la concesión de incentivos fiscales que permitan a las empresas deducirse el coste de las inversiones en tecnologías limpias de sus ingresos imponibles. Además, también permite apoyar la producción y el procesamiento de materias primas críticas necesarias para las tecnologías limpias. En cuanto a la cuantía de las ayudas, la Comisión limita el volumen por beneficiario a 200 millones de euros para la descarbonización de los procesos de plantas industriales a través de inversiones en electrificación o captura y almacenamiento de carbono, o que sustituyan el uso de combustibles contaminantes por otras fuentes como el hidrógeno o la biomasa. Un marco flexibilizadoen plena crisis energéticaLa Comisión Europea ha decidido aumentar la flexibilidad de las ayudas de Estado recogidas bajo el Pacto Industrial Limpio. Al calor de la crisis energética derivada de la guerra en Oriente Próximo, el Ejecutivo comunitario permitirá que fluya dinero público nacional hacia las actividades relacionadas con el transporte, la pesca y la agricultura, entre otras, para compensarlas por el encarecimiento de la factura. Además, también eleva del 50% al 75% las ayudas a la industria electrointensiva con el objetivo de que las fábricas puedan permanecer operativas pese a la brutal subida de los costes que se ha experimentado estos meses. Este marco de flexibilidad adicional se mantendrá vigente hasta el término del año en curso.