Naturgy, Nortegas y MRG abren sus redes a socios

El mapa empresarial de las redes de distribución de gas en España, ahora controlado por cuatro grandes compañías (Nedgia, del grupo Naturgy; Nortegas; Madrileña Red de Gas (MRG); y Redexis), se prepara para lo que podría constituir una reconfiguración histórica. Algunos de los accionistas de estas redes, en su mayor parte fondos de inversión foráneos, sondean operaciones corporativas de todo tipo, desde transacciones de venta de sus participaciones hasta fusiones. En conjunto, podría desembocar en movimientos por valor de 15.000 millones. Sería la mayor transformación del mapa gasista desde hace una década, cuando entre 2015 y 2018 se produjo el último gran terremoto corporativo del sector. En aquellos años, se sucedieron varias operaciones corporativas en cascada. Naturgy dio entrada en el capital de su filial Nedgia al fondo canadiense CPPIB (12%) y al alemán Allianz Investment (8%). JPMorgan se hizo con la mayoría de Nortegas. El fondo inversor chino Gingko Tree Investment, junto al fondo de pensiones holandés PGGM y la eléctrica francesa EDF, compraron Madrileña Red de Gas a Morgan Stanley, que había entrado en el capital poco antes. Y Goldman Sachs vendió Redexis al fondo danés ATP, al británico USS y a los chinos CNIC y Guoxin Guotong. En realidad, las potenciales operaciones de rotación de activos de algunos de los accionistas de las redes llevan años apareciendo y desapareciendo, a medida que los fondos han cubierto el periodo de maduración de inversiones. Por ejemplo, la posible fusión de Nortegas y Redexis ha sobrevolado el sector desde hace tres años, sin llegar a cuajar. ¿Qué está pasando ahora para que el sector vuelva ser un hervidero? Lo que ha destapado la caja de los truenos es la aprobación de la nueva regulación de las redes de gas en España, el denominado “tercer periodo regulatorio”, que fija los peajes que cobrarán esas redes por su uso entre 2027 y 2031. Al estar fijados por ley, esos ingresos son estables y ofrecen visibilidad, lo que se puede usar como reclamo para la venta de las redes. A eso se suma el hambre de operaciones de la banca de inversión dentro de un 2026 mejorable. En ese contexto, CPPIB analiza la venta de su 12% en Nedgia, lo que podría arrastrar también a Allianz. Cuando entraron ambos, Nedgia se valoró en más de 7.000 millones de euros, cifra que ahora es el punto de partida. Goldman Sachs, que en su momento fue accionista de Redexis, trabaja ahora para algunos accionistas de Madrileña para buscar compradores de sus participaciones. En su momento, entraron valorando el total de la compañía en 1.500 millones euros. Ahora, se pretende empezar la puja a partir de 2.000 millones. Deutsche Bank ha reactivado la búsqueda de comprador para participaciones de accionistas de Redexis, también a partir de 2.000 millones, operación en la que BNP lleva meses buscando oportunidades en paralelo. Nortegas, por su parte, sigue siendo la novia deseada, siempre en primera línea de cualquier potencial concentración. Es la segunda distribuidora del sector con cerca de un millón de puntos de suministro, tras Nedgia, que tiene 5,5 millones, y por delante de Madrileña (0,9 millones) y Redexis (0,8 millones). Cuando entró JPMorgan se valoró en 2.600 millones. El proceso de fusión entre los tres rivales de Nedgia es, desde el punto de vista de regulación de competencia, relativamente sencillo, dada la enorme diferencia que les separa del líder y habida cuenta que en redes de gas de distribución en España no hay solapes. Cada grupo opera en demarcaciones distintas y queda un enorme territorio para desplegar nuevos tubos. Lo que más preocupa a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es que las distribuidoras de gas no excedan de unos parámetros de endeudamiento. Ese problema ha enfrentado a Madrileña Red de Gas con la CNMC en alguna ocasión. Otra cosa es el beneplácito del Gobierno. Se trata de compañías muy reguladas. Sus ingresos dependen en gran parte de peajes fijados por ley. Y son claves en la seguridad de suministro energético. Cualquier Gobierno puede vetar operaciones en el sector.