Bruselas da luz verde al millonario mecanismo antiapagones de España

Pulgar hacia arriba desde Bruselas. La Comisión Europea ha anunciado hoy que da luz verde al millonario mecanismo antiapagones diseñado por España para reforzar su sistema eléctrico. El Ejecutivo comunitario, en el marco de ayudas de Estado del Pacto Industrial Limpio, permitirá pagar hasta 900 millones de euros al año a las eléctricas y a la industria a través de subastas de capacidad, un sistema con el que se buscará garantizar la seguridad del suministro. Este esquema de protección se alargará durante 10 años por un máximo de 9.000 millones de euros. Según explican los expertos, el nuevo mercado de capacidad español cambia respecto al modelo anterior que estaba basado en una asignación automática y fija. Bajo el modelo anterior, se otorgaba una retribución lineal a las centrales térmicas convencionales (como el carbón y el ciclo combinado) por el hecho de estar disponibles. Ahora, las instalaciones no reciben pagos automáticos, sino que deben competir en subastas organizadas por Red Eléctrica para ofrecer potencia firme a un precio determinado en euros por megavatio y año. Además, junto con las plantas de generación con combustibles fósiles, integra en el mecanismo la participación de sistemas de almacenamiento eléctrico, como baterías, y la gestión de la demanda a través de pagos a grandes consumidores de energía eléctrica o industrias para que rebajen su demanda en momentos de tensión. "Este mercado preservará la seguridad de suministro al tiempo que ofrecerá señales de inversión para que el almacenamiento y otras soluciones que aportan firmeza y flexibilidad, como la gestión de la demanda, se incorporen definitivamente al sistema y se avance ordenadamente hacia una economía neutra en emisiones de carbono", indican desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico. Competencia Bruselas ha estudiado durante dos meses el nuevo mecanismo con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE. Aunque los recursos para financiar el nuevo mecanismo se obtendrán con cargo a la factura eléctrica, "se consideran ayudas de Estado al ser el Gobierno el que decide asignar dinero a empresas privadas concretas", explican fuentes comunitarias. El incremento final en la factura dependerá del coste al que acaben adjudicándose las subastas organizadas por Red Eléctrica. En su análisis, la Comisión Europea ha determinado que "la medida es necesaria y adecuada para alcanzar el objetivo perseguido, en consonancia con el Reglamento de la UE sobre la electricidad". Bruselas estima que el nuevo mecanismo y las ayudas que lo acompañan son "proporcionada, ya que su cuantía corresponde a las necesidades de financiación reales". Además, valoran especialmente que "la ayuda se concederá a proyectos seleccionados mediante un procedimiento de licitación transparente y no discriminatorio, con salvaguardias para garantizar unacompetencia efectiva". El proyecto del escudo de capacidad para el sistema eléctrico es anterior al gran apagón sufrido en España a finales de 2025, pero su impulso definitivo se ha dado al amparo de la necesidad de tomar medidas de excepción para que vuelva a ocurrir un accidente similar. La propuesta del Gobierno para articular el mecanismo se gestó bajo la dirección de Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea que entonces lideraba el Ministerio para la Transición Ecológica. La política española se ha recusado desde el principio de su mandato en Bruselas de todas las cuestiones que guardan relación con estas subastas de capacidad en España para evitar conflictos de intereses. "Ahora más que nunca, necesitamos un suministro de electricidad seguro en toda Europa. Los mecanismos de capacidad pueden contribuir a salvaguardar esta seguridad, siempre que estén diseñados de manera que se eviten distorsiones de la competencia en los mercados de la energía", asegura Valdis Dombrovskis, comisario de Economía y Productividad y Aplicación y Simplificación de la Comisión Europea. España funciona, junto a Portugal, como una suerte de una isla eléctrica respecto al resto de la Unión Europea, pues cuenta con una capacidad de interconexión con Francia muy inferior a la recomendada por el bloque comunitario. Esta situación limita la posibilidad de importar electricidad de emergencia, una alternativa a pagar por la disponibilidad de las eléctricas. Esta situación se ve agravada por la fuerte penetración de energías renovables, como la eólica y la solar, que son fuentes intermitentes y no siempre producen energía cuando se demanda o producen en exceso cuando desestabilizando el sistema. Pese a los beneficios que tiene el crecimiento de las renovables en términos de reducción de la dependencia exterior, esta volatilidad lleva a España a necesitar un respaldo estable para evitar apagones y cubrir los picos de consumo en el sistema. El político letón entiende que "este nuevo mecanismo de capacidad contribuirá a asegurar que España disponga de suficiente electricidad en situaciones de escasez. Los proveedores de capacidad se seleccionarán mediante un procedimiento de licitación, lo que garantizará una competencia efectiva."