PP y Vox se resisten a acoger a menores extranjeros de Ceuta en sus comunidades autónomas

«No más menores extranjeros no acompañados». Así reza el primer punto en materia de inmigración de los pactos autonómicos firmados entre el Partido Popular (PP) y Vox para sus Gobiernos autonómicos en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Un rechazo frontal que se ... confirmará con el intento del Ejecutivo de distribuir a los niños que lograron cruzar la frontera de Ceuta durante la crisis migratoria de la pasada semana. La ciudad autónoma, que trata aún de recobrar la normalidad tras la entrada de miles de inmigrantes por el espigón de El Tarajal, se enfrenta ahora a un nuevo reto logístico: trasladar a los casi mil menores hacinados en centros de acogida del territorio, que sufren una sobreocupación de casi el 3.000%. En las cuatro comunidades gobernadas en coalición por PP y Vox el pacto en inmigración es exactamente igual: «Rechazo frontal a la política de inmigración del Gobierno central. Se rechazará de forma expresa la política de inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de distribución de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad». La claridad en la redacción de la medida busca evitar la explosión de una crisis como la que dinamitó los Ejecutivos autonómicos entre las formaciones en julio de 2024.En aquel momento, Santiago Abascal anunció la ruptura de los acuerdos de coalición con los populares en Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y Extremadura tras el visto bueno de Alberto Núñez Feijóo a la distribución de 347 niños y adolescentes extranjeros que fueron repartidos entre las comunidades autónomas en aplicación del acuerdo que alcanzó la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud celebrada en Tenerife. Ahora, la cifra de tutelados en Ceuta que deben ser distribuidos entre los territorios aumenta a casi un millar.La formación liderada por Abascal, al ser preguntada por las medidas que tomará su partido para rechazar la llegada de infantes a las comunidades autónomas en las que gobierna, confirma que se opondrá a la distribución «con recursos, pruebas de edad obligatorias y endureciendo el internamiento». Algo que ya ha desvelado públicamente Óscar Fernández, vicepresidente de Extremadura, que afirmó el miércoles que se opondrá «por tierra, mar y aire» a un nuevo reparto, y Manuel Gavira, su homólogo en Andalucía, que también lo rechazarán basándose en su pacto con el PP.No solo tratarán de evitar la llegada de menores, también impulsarán medidas desde la consejería de Desregulación de cada territorio para acabar con los «beneficios» a estos jóvenes. Unas políticas que ya han visto la luz en Aragón, donde Alejandro Nolasco, vicepresidente del Gobierno autonómico, impulsó la eliminación, la pasada semana, de la paga semanal de 17 euros a los menores. Los Gobiernos autonómicos de PP y Vox, uno a uno Andalucía Manuel Gavira, vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder de Vox en el territorio, zanjó el debate sobre la distribución de menores: «Andalucía, como el resto de gobiernos donde esté Vox, se va a oponer a todo reparto de menas que plantee el Gobierno de Sánchez. Así lo pactamos». Extremadura Óscar Fernández, vicepresidente de la Junta de Extremadura, afirmó que rechazaría «por tierra, mar y aire» el reparto. La situación en su territorio es de «colapso»: hay 115 menores tutelados cuando existen únicamente 12 plazas disponibles. Aragón Alejandro Nolasco, vicepresidente del Gobierno de Aragón, anunció que impulsarían «todos los instrumentos legales, jurídicos y políticos» para evitar la llegada de nuevos menores a su comunidad autónoma. Castilla y León La Junta de Castilla y León, en conversación con 'EFE', afirmó que ejercerán una «oposición frontal» a la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez.En el caso de las «pruebas de edad obligatorias», Vox ha hecho público que en todos estos territorios se realizarán pruebas forenses para garantizar la edad real de los jóvenes. En Extremadura, por ejemplo, el Servicio Extremeño de Salud (SES) anunció en junio que ya había realizado 329 pruebas a jóvenes migrantes de la región y se determinó que el 79% eran adultos. «260 personas mayores estaban intentando ocupar un recurso destinado a los menores», comentó María Guardiola, presidenta de Extremadura.Desde el Partido Popular han evitado desvelar su postura acerca de la acogida de nuevos niños llegados desde Ceuta. Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial de la formación, reconoció que las comunidades populares cumplirán la ley y estarán «al lado de los ceutíes». Inmediatamente después reconoció que esta situación no debía darse porque no conocen el número de menores exactos, afirmando que es el Gobierno quien debe «hacerse cargo de la situación». A falta de confirmación oficial, los populares, desde que se formalizó su 'matrimonio' autonómico con Vox, han confirmado su intención de cumplir lo estipulado en los acuerdos para evitar una crisis similar a la vivida en 2024.Obligación por leyA pesar de los intentos para frenar el reparto de los Gobiernos en coalición entre el PP y Vox, la legislación vigente obliga a las comunidades autónomas a acoger a los chicos. No tienen ni voz ni voto en la decisión. Gracias al real decreto ley aprobado en abril de 2025, se impulsó un mecanismo de traslado obligatorio de menores extranjeros cuando los territorios de llegada superen el triple de su capacidad ordinaria de acogida. Estableció, además, pautas equitativas para repartir la tutela y la atención de la infancia migrante. Ahora mismo, en Ceuta, a falta de la cifra exacta, se acogen a casi un millar de niños. La capacidad de acogida de la ciudad autónoma, según actualizó otro real decreto (el aprobado el pasado 30 de junio), es de tan solo 29 tutelados. El Gobierno resolvió —mediante una fórmula basada en datos como la población o el paro— que Navarra, País Vasco y Cataluña debían acoger a menos jóvenes de los que ya estaban bajo su tutela en julio de 2025. Por ello, no se aumentó su capacidad en ese primer real decreto. Por otro lado, las comunidades lideradas por el PP fueron las que más tuvieron que aumentar su número de acogida en proporción con la cifra que ya custodiaba en un primer momento. Ahora mismo, la capacidad ordinaria en Andalucía es de 3.009 plazas; en Aragón, de 476; en Castilla y León, de 833; y en Extremadura de 364. En la Comunidad Valenciana, territorio donde los populares gobiernan gracias al apoyo de Vox, la cifra es de 1.903. La asignación de las plazas se decide en función de la situación y capacidad de cada región, aunque varias comunidades denuncian la saturación de sus servicios de acogida por la llegada constante de nuevos niños. Una posible nueva disputa contra el Ejecutivo y la legislación vigente que podría afectar a las relaciones entre los de Feijóo y Abascal, al igual que sucedió en 2024 y acabó en un primer divorcio autonómico.