Barcelona estrena el ‘decreto Maricarmen’ con una subida del IBI hasta el 150% a los pisos turísticos

Solo dos días después de la aprobación de los decretos sobre vivienda del Gobierno en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes en comisión un recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los apartamentos turísticos de entre el 50% y el 150%. La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor del PSC, ERC y BComú y la abstención de Junts. Esta medida no supone que decaiga el objetivo del Consistorio de cerrar la totalidad de los 10.600 pisos turísticos que hay en la capital catalana en 2028. Uno de los decretos aprobado por el Gobierno, que debe ser validado por la diputación permanente del Congreso, modifica la ley de Haciendas Locales para que los municipios ubicados en zonas tensionadas puedan aplicar recargos en el IBI a los apartamentos turísticos. La comisión de Economía del Ayuntamiento ha decidido adoptar esa medida en los términos del decreto: se fijará un recargo del 50% de la cuota líquida del IBI a los propietarios de un único piso turístico; del 100% a quienes tengan dos o tres, y del 150% a los dueños de cuatro o más apartamentos. Esa decisión, que ha sido rechazada por PP y Vox, será recogida en las ordenanzas fiscales. La modificación, según el Ayuntamiento, se llevará a un pleno extraordinario para su aprobación inicial la semana que viene y se ratificará de forma definitiva en la sesión ordinaria de diciembre. Si sale adelante, el recargo se meritará por primera vez el 31 de diciembre de 2027 y se liquidará de forma anual. En su exposición durante la comisión extraordinaria, el teniente de alcalde de Economía y Economía, Jordi Valls, ha constatado que el incremento fiscal tiene como objetivo “endurecer y desincentivar la actividad en la ciudad” sobre unas viviendas que el Gobierno municipal ya ha anunciado que quiere cerrar. “Hasta que sea posible utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance para dificultar los usos turísticos en las viviendas, que son un hogar”, ha dicho Valls, quien ha asegurado que “la medida está plenamente justificada por la concentración de licencias, porque el 60% son de propietarios que tienen más de seis autorizaciones”. Valls ha enumerado otras medidas de incremento de la fiscalidad turística como los aumentos del tramo local de la tasa turística, el incremento del IBI para los hoteles de lujo, un nuevo precio para aparcar autocares turísticos o la subida del precio de la entrada del Park Güell. Por parte de los comunes, Marc Serra ha reprochado al ejecutivo municipal que “el expediente llega tarde y tendrá consecuencias limitadas” y el Gobierno que “ha retrasado medidas que son para intervenir el mercado de la vivienda e impedir la especulación”. Serra también ha avisado de que presentarán alegaciones para incluir en el aumento del IBI las viviendas vacías. La concejal de ERC Rosa Suriñach, a su turno, ha pedido que la recaudación obtenida por la subida se destine a construir vivienda protegida, y también ha pedido aumentar el recargo del IBI a los pisos que llevan más de dos años vacíos, “para comenzarlos a movilizar” en barrios donde se están viendo “grandes bolsas de vulnerabilidad”. Junts se ha abstenido, un voto que el concejal Arnau Vives ha justificado por “por rigor, fondo, forma y responsabilidad democrática ante una medida que no ha sido dialogada” con su grupo y “sin evaluar el impacto de la medida”. En el PP, el edil Víctor Martí ha tachado el incremento de “estocada fiscal” y ha acusado al ejecutivo de Jaume Collboni de tomar medidas contra el turismo. Por parte de Vox, Gonzalo de Oro Pulido, ha arremetido: “Ustedes no han bajado ni un solo impuesto a nadie, no entienden de vivienda ni de turismo, basan la política económica en etiquetar sectores, buenos y malos, sin equilibrios, es todo humo cuando harán el mayor ere de la historia [en referencia a los empleados de los pisos turísticos]”. Valls ha replicado que el 60% de operadores son empresas, no particulares, “y se quieren relacionar como si estos pisos fueran viviendas cuando no lo son; no se toca el derecho de la propiedad”. Según los datos del Ayuntamiento, ahora hay un total de 10.627 licencias de apartamentos turísticos activas, de las que casi el 60% (6.077) están en manos de titulares de cuatro o más viviendas destinadas a ese uso; el 30% (3.274), de dueños de un solo piso, y el 10% (1.276), de dos o tres. La cruzada de Collboni contra los pisos turísticos comenzó en 2024 cuando anunció, amparado por un decreto de la Generalitat, que cerrará los 10.000 de la ciudad, con el objetivo de que vuelvan al mercado residencial. El decreto del Govern emplaza a los ayuntamientos catalanes a redactar, antes de finales de 2028, planes urbanísticos que fijen cuántos y dónde quieren la oferta de pisos turísticos. En el caso de Barcelona, la fórmula es no hacer plan y no permitir ni uno. La patronal Apartur ha explicado en varias ocasiones que los 10.000 pisos turísticos de Barcelona pertenecen a unos 5.000 propietarios, por lo que, de media, cada propietario tiene dos. Hay muchos particulares que tienen uno o dos, pero también sociedades o propietarios, unos 200, que tienen decenas o hasta 245. Hay familias de la ciudad que tienen más de 200 y 131 propietarios que tienen entre 10 y 19. Entre los propietarios también hay empresarios hoteleros: en total, tienen 46 edificios enteros que suman 735 viviendas de uso turístico.