Venezuela Fruit Company

No hubo nada que celebrar. Ni entonces ni hoy. Nunca hubo tal cosa como una disyuntiva entre condenar una injerencia y pedir que la Justicia actúe contra Nicolás Maduro. El 3 de enero de 2026 fue el comienzo de un error que hoy desemboca en ... una nueva y más honda tragedia. El de Nicolás Maduro y sus secuaces es un régimen ilegítimo, dictatorial y asesino que sigue vivo gracias a su propia capacidad de degradarse y de la más que manifiesta voluntad de Donald Trump de enriquecerse dando por bueno cualquier negocio, incluso el que se celebra con delincuentes. Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello forman un oscuro trío al que la Casa Blanca 'blanquea' con tal de enriquecer a su actual inquilino. El petróleo venezolano pertenece a Venezuela. Acabar con Maduro no convierte sus reservas en botín estadounidense. Con su más reciente acuerdo petrolero anunciado a finales de agosto Donald Trump está tratando el país desde una lógica imperial. Lo más inaudito del acuerdo es su dimensión casi colonial: Venezuela compromete durante hasta un siglo 17 campos con unos 65.000 millones de barriles –cerca de una quinta parte de sus reservas–, mientras el Gobierno de EE.UU. entra directamente en la estructura empresarial, obtiene mecanismos de control y acceso privilegiado a parte del crudo a precio de coste. Todo ello se negocia con enorme opacidad, bajo un Gobierno venezolano sin un mandato democrático y lo que es aún peor: con un tirano en una cárcel federal y su corte entera dispensando milagros. ¿Qué tiene de distinto esta nueva versión del régimen encabezada por Delcy Rodríguez de la anterior? Siguen existiendo presos políticos, no hay un régimen de garantías ciudadanas y ni siquiera la más elemental capacidad de respuesta del Estado ante catástrofes como el doble terremoto del 24 de junio. Lo más revelador de todo este asunto es el lenguaje de Washington: la Casa Blanca no habla sólo de inversión, sino de «control mayoritario» sobre reservas venezolanas y de asegurar el «dominio energético» estadounidense durante el próximo siglo. La inversión puede ayudar a reconstruir un país devastado durante 26 años y ahora del todo pulverizado tras la tragedia, pero el petróleo no puede sustituir a la democracia: sin presos políticos liberados, instituciones independientes, libertad de prensa, elecciones libres y control ciudadano del dinero público, una recuperación petrolera no será la recuperación de Venezuela. Ayudar a un país a recuperar su democracia y asegurarse el control de sus recursos naturales no son la misma cosa. El acuerdo confirma el temor de que una supuesta transformación política de Venezuela termine reducida a un negocio petrolero. Venezuela (Fruit) Oil Company.