La deuda de la justicia con Dolores Vázquez: 25 años sin reparar los días de cárcel de una inocente

Pocos días antes de jubilarse, el juez Fernando González Zubieta citó en su despacho de la Audiencia de Málaga al penalista Pedro Apalategui. “Por favor, dile a Dolores Vázquez que le tengo cariño y deseo que sea feliz”. No solo hay cordialidad en ese mensaje. Ahí adentro se puede intuir un pesar rocoso cimentado durante años, los que habían pasado desde que el magistrado condenó en 2001 a Dolores Vázquez a 15 años y un día de prisión por un asesinato que no cometió. “Que me dijera aquello le honra. Le vi dolido. Fue el único”, afirma Apalategui en su casa de Málaga, a pocas semanas de que se cumplan los 25 años de un juicio que le marcó la vida. Nadie más de los que levantaron aquella pira en la que ardió Dolores Vázquez le mostró arrepentimiento. La vista había sido un espectáculo, concluida con el público aplaudiendo el veredicto como en un teatro mientras Apalategui cubría con su toga a la acusada para impedir que las cámaras grabaran para la eternidad su desmoronamiento. Vázquez se había sentido protegida tras su inocencia e insistió en ella en su alegato final: “Busquen a los culpables, que están ahí fuera. Nunca han tenido nada contra mí y no lo tendrán porque soy inocente”. Dos años después ya estaba claro que aquel juicio, uno de los más mediáticos antes de la era de las redes sociales, también se había convertido en uno de sus fallos más descomunales, que solo comenzó a enmendarse cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la sentencia por falta de motivación y ordenó repetirlo. Fue la primera señal de ecuanimidad tras la hiperventilación de un sistema triangulado entre Guardia Civil, prensa y justicia, que dejó damnificados por todas partes. Encerrar a una falsa culpable, a la postre, facilitaría dos años más tarde el asesinato de Sonia Carabantes a manos del mismo autor, el británico Tony Alexander King, que tenía en su país unos antecedentes que ponían los pelos de punta. El estrangulador de Holloway, como le bautizaron los tabloides ingleses, disfrutó a sus anchas de sol y playa durante seis años. El error policial. Rocío Wanninkhof Hornos fue asesinada una noche del otoño de 1999 en la que había planeado ir a la feria de Fuengirola con su novio. Tenía 19 años y todo por vivir, cuando su cuerpo apareció semidesnudo y apuñalado a 30 kilómetros de su casa en La Cala de Mijas. El entonces delegado del Gobierno en Málaga, Carlos Rubio, dijo algo que estaría muy cerca de la verdad, aunque se tardaría en saberlo: “Lo único que podemos afirmar es que el asesino es un hombre mentalmente insano, cualquier persona no comete un crimen tan atroz como este”. Toni Jurado, novio de la víctima, convertido de inmediato en el principal sospechoso, soportó interrogatorios inclementes de la Guardia Civil hasta que lo descartaron. Cuando la presión política y social se agrandó, la investigación se reforzó con el prestigioso grupo de la Unidad Central Operativa (UCO) que había resuelto el secuestro de la farmacéutica de Olot Maria Àngels Feliu. Se rastreó el entorno de Wanninkhof y, finalmente, se centraron en Dolores Vázquez Mosquera, de 49 años, expareja de Alicia Hornos, madre de la víctima. “Se crea un móvil sencillo donde se utiliza la orientación sexual, el carácter y la antigua relación afectiva. La Guardia Civil enciende la llama de que la mató por venganza porque Rocío se oponía a la reconstrucción de su relación con la madre y los medios vieron muy atractivos aquellos elementos morbosos”, sostiene Pedro Apalategui, en su día insultado por aceptar la defensa de alguien culpabilizado desde el primer minuto de su detención, el 7 de septiembre de 2000. Alguien que, según el entonces ministro del Interior, Ángel Acebes, poseía “el perfil delincuencial más verosímil”. El abuelo de Rocío Wanninkhof había mostrado estupor: “No acabo de creérmelo. Dolores ha criado a mis nietos y los quería como si fueran sus hijos”. Aun así se abrió la veda. La Guardia Civil tenía que protegerla de la ira de justicieros que la insultaban y le arrojaban objetos. La sospechosa sobrellevaba largos interrogatorios policiales con el mismo autocontrol con que respondió a Alicia Hornos cuando le preguntó por qué había matado a su hija. “¿Cómo puedes pensar eso?”, le replica. La jiennense Alicia Hornos había conocido al holandés Willem Wanninkhof mientras trabajaba de gobernanta en un hotel en Ibiza. Se casaron, se mudaron a Málaga y tuvieron tres hijos, Rosa, Guillermo y Rocío. Cuando decidió separarse por miedo al maltrato físico, Dolores Vázquez, que dirigía un hotel, se convirtió en su refugio y, poco después, en su pareja. Se fueron a vivir juntas. La relación duró más de una década. En el reparto de roles, Vázquez había asumido la educación de los niños. “Era muy severa con ellos”, declaró Hornos en el juicio. “Da una imagen, pero es otra persona. Es muy violenta y se vuelve como si fuera un diablo”, contó. La personalidad de la acusada, que debía mucho a su educación en un colegio de monjas católicas en Inglaterra, se convirtió en prueba de cargo. Una de las piezas de peso que exhibirá la Guardia Civil es el informe de una psicóloga —que nunca la entrevistó personalmente, según Vázquez—, que la describía como “violenta, agresiva y con rasgos esquizoides”. Los investigadores se agarraron también a los testimonios de una vidente que avalaba la hipótesis de la venganza, la empleada doméstica que la vio apuñalar una foto o las contradicciones en su coartada pese a que esa noche estaba acreditado que había cuidado en casa de su madre y la hija de una sobrina. Entre los 20 indicios esgrimidos contra ella figuraron naderías asombrosas extraídas de los pinchazos telefónicos: “Se atraganta a la hora de transmitir tranquilidad” o pone “excusas” para no llamar a la Guardia Civil cuando una amiga le informa de que está en su punto de mira. Por el contrario, se marginó aquello que la eximía, ya fuesen las huellas de los neumáticos en el lugar del crimen que no coincidían con su coche o, lo que fue peor para Apalategui porque se le ocultó, la existencia de huellas dactilares en las bolsas de basura con la ropa de Rocío que no se correspondían con las de Vázquez. Visto hoy sorprende que algo tan endeble llegase tan lejos. Para Vázquez fue un calvario; para Sonia Carabantes, una fatalidad. Para llegar hasta el hombre que acabaría condenado a 55 años de cárcel por matar a las dos jóvenes, hicieron falta una mujer valiente y un trabajo policial libre de lastre. “El 12 de septiembre de 2003 me llama Manuel Pineda, inspector jefe en Fuengirola, para decirme que Cecilia Winfield quería dar información sobre su exmarido, Tony King”, recuerda Florentino Villabona, el comisario jefe de la Policía Nacional de Málaga que dirigió la operación. Sobre la mesa de la terraza de su piso cordobés ha depositado la carpeta sobre el caso Wanninkhof y las memorias del ex director general de la Policía Agustín Díaz de Mera, donde le elogia por esclarecer ambos crímenes. Cecilia Winfield se casó el 7 de junio de 1997 con Tony Alexander King en Inglaterra y tres meses después se instalaron en Andalucía. Ese año nació su única hija. King se empleó como vendedor de pisos en multipropiedad, donde se hizo amigo de Robbie Graham. “Se volvió irresponsable, salía mucho de noche, llegaba bebido y consumía cocaína. Cuando llegaba a casa, seguía bebiendo y también se quedaba con el dinero de los clientes”, detalló Winfield. El día en que desapareció Rocío Wanninkhof, King regresó de madrugada “borracho, desaliñado y con rasguños en los brazos”, contó su ex. Se aseó, limpió el baño y no se acostó en la habitación del matrimonio. Acciones insólitas que alarmaron a su pareja. Al año siguiente se separaron. En agosto de 2003, continúa el excomisario Villabona, ocurrieron varias agresiones sexuales en Fuengirola y Benalmádena. Y, en la feria de Coín, se perdió el rastro de Sonia Carabantes. Su cadáver apareció días después con señales de golpes y estrangulamiento. También con restos biológicos de su agresor en las uñas. Un material genético que coincidirá con el presente en una colilla de Royal Crown recogida cerca del cuerpo de Wanninkhof. De poner nombre a ese ADN se encargará Cecilia Winfield, al desvelar que vio a su ex con una mano vendada y arañazos tras la desaparición de Carabantes. “Nuestra hipótesis es que podía ser el asesino de las dos chicas”, recuerda Villabona. El enlace de la policía en Inglaterra, John O’Neill, aumentó sus sospechas: “King se había cambiado el apellido Bromwich y tenía antecedentes penales por agresiones sexuales y conducta antisocial”. Descubrieron, además, una tulipa rota en su coche que coincide con el trozo hallado cerca del cuerpo de Carabantes. El 18 de septiembre de 2003 lo detuvieron en su domicilio en Alhaurín el Grande. “Intervinimos el coche, que estaba bajo los asientos lleno de sangre, aunque lo limpió, dejó muchos restos”, relata el antiguo comisario jefe de Málaga. Acorralado por las pruebas, King reconoció que podía ser el autor accidental de la muerte de Sonia por atropello. “Las investigaciones nos permitieron detenerlo, pero ¿qué hubiera ocurrido si Cecilia no hubiese declarado?”, cuestiona. No era cualquier culpable. En su país, y antes de cumplir los 20 años, había dejado un historial alarmante que incluía varias agresiones sexuales e intentos de estrangulamiento. Nada se supo en España por fallos en la colaboración policial internacional. Según Villabona, un año antes de la muerte de Rocío, la comisaría de Málaga recibió una petición de Interpol para conocer la residencia de Tony King. Contestaron a los dos meses con una lista de ocho localidades y solicitaron la reseña decadactilar. No llega a tiempo. Oficialmente, el historial delictivo de King se recibirá tras la muerte de las dos jóvenes. La intervención de la Policía Nacional en el caso Carabantes destrozó la investigación de la Guardia Civil en el caso Wanninkhof. “Si quieres que te diga la verdad, no sé por qué pudo ocurrir. A veces se cometen errores. A veces hacemos las investigaciones más complicadas de lo que son y confundimos los deseos con la realidad”, reflexiona Villabona. “También había una corriente de opinión en los medios sobre la culpabilidad de Dolores y las corrientes de opinión pueden influirnos”, admite. El error periodístico. Vázquez no solo cargó con una pena injusta, también con la humillación de ver aireada su vida privada en platós. Espoleada a diario por presentadores y pseudoperitos, la ferocidad fue constante en la calle. “¿Cómo se puede tener esa sangre fría de estar ahí en el entierro?, ahí la tienen, la segunda por la izquierda de cámara, ¿qué sentiría por dentro esta mujer? ¡Qué frialdad!, todos los que la conocen dicen ‘fría y calculadora”, se enfurecía María Teresa Campos en Telecinco. Un día en prisión encendió las alarmas de su abogado. “Me preguntó si creía posible que se estuviese protegiendo tras alguna amnesia para autoconvencerse de que no era cuando realmente era”, relata Apalategui aún atónito. Era tal la atmósfera tóxica que llegó a dudar de sí misma. Si todos estaban convencidos de que había matado a Rocío, tal vez la equivocada era ella. Pero no. “Dentro de la tragedia, tuvo la suerte de que apareció el culpable. Estoy convencida de que en el segundo juicio habría sido absuelta, aunque siempre habría planeado sobre ella la sombra de la duda”, sostiene la periodista Toñi Moreno, artífice del documental en HBO Max donde Vázquez concedió una larga entrevista por primera y única vez. En 2001 Moreno trabajaba en Málaga para el programa Andalucía directo, que se emitía en Canal Sur. “Era el juicio del año y mi primera experiencia profesional importante”, evoca. “La gente cree que yo tomé partido por Dolores Vázquez y no es verdad. Lo que pasa es que hacía crónicas donde contaba lo que había dicho cada parte. La amistad con Loli vino después”, aclara. Eran tiempos en los que la ecuanimidad se confundía con tomar partido. Más o menos como ahora. “Yo nunca dije que fuese inocente, pero lo que dije es que nadie me había demostrado que fuese culpable. Y prefiero un culpable en la calle que a un inocente en la cárcel”, remacha. In dubio pro reo, sagrado principio del derecho penal, saltó por los aires en el primer juicio por la muerte de Rocío Wanninkhof. Y, desde luego, nunca se aplica en los juicios mediáticos paralelos, donde tampoco existe la presunción de inocencia. “Lo fácil era seguir el camino que nos marcaba la Guardia Civil. La UCO hace un trabajo extraordinario, pero en aquel momento se equivocó. Cuando se sentó en el banquillo, Dolores Vázquez estaba condenadísima por la presión mediática y social”, concluye Moreno, que también lo vio “un ejemplo claro de lesbofobia”. En su ensayo sobre el caso, La construcción de la lesbiana perversa, Beatriz Gimeno, política y activista LGTBI+ que dirigió el Instituto de las Mujeres, afirma: “Desde el principio se asumió que una relación como aquella, una relación lesbiana, tenía por fuerza que generar y ocultar una buena cantidad de insania bajo la superficie”. Aunque habían pasado años desde la separación de Vázquez y Hornos, los investigadores consideraban vigente el rencor. “El ánimo de venganza en la lesbiana es ilimitado en el tiempo”, ironiza en su libro. El error judicial. Hace un cuarto de siglo un jurado popular consideró probado que Dolores Vázquez le asestó una decena de puñaladas a la hija de su expareja por venganza. Hubo siete votos a favor de la condena y dos en contra. Los jurados pasarían su posterior martirio, como los dos contactados por este diario que han preferido no hablar y que atravesaron sus propios túneles depresivos. Cargar sobre ellos todo el peso del error judicial es simplista. Román Martín González López fue el juez de instrucción que envió a la cárcel de Alhaurín de la Torre a Dolores Vázquez tras ser detenida. Entre él y la Audiencia de Málaga rechazaron al menos en siete ocasiones las peticiones para dejarla en libertad y la mantuvieron un año en prisión preventiva. “Nadie en este país”, rememora Toñi Moreno, “desconocía su rostro cuando empezó el juicio”. El fiscal del caso, Francisco Montijano, que tampoco ha querido hablar para este reportaje aunque hace años reconoció a este diario que lamentaba lo ocurrido, se alineó con los investigadores. “No tenemos una prueba contundente, debemos interpretar las contradicciones de la acusada. Miente para ocultar aquello que la pueda incriminar”. Según su relato final, Vázquez apuñaló a Rocío, se llevó a su casa el cadáver y días después la trasladó a otro lugar. Pocos creyeron que aquella muerte era también dramática para la acusada, que se refería a Rocío como “mi niña” y le prohibió a su abogado usar pruebas que acreditaban la continuidad de su relación pese a la ruptura con Alicia Hornos. Los nueve jurados tardaron día y medio en entregar su veredicto. En la sentencia del 25 de septiembre de 2001, el magistrado que presidió el tribunal, Fernando González Zubieta, fijó una pena de 15 años y un día de prisión y el pago de una indemnización de 18 millones de pesetas (108.182 euros) a la familia de la víctima. Las cosas comenzaron a cambiar para Vázquez en 2002, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la sentencia y autorizó su excarcelación provisional. Se fijó un nuevo juicio para el 14 de octubre de 2003, que nunca llegará a celebrarse por el inesperado giro de ese verano, cuando se detiene a Tony King por el crimen de Sonia Carabantes. Poco a poco, Dolores Vázquez recuperó su vida. No la de antes. Otra vida menos confortable y repleta de pesadillas. Siguió escuchando el cerrojo de la cárcel cada noche, estaba llena de ira y durante años anotó nombres y matrículas de coches que le permitían demostrar dónde estuvo y con quién. Se blindaba por si acaso la historia jugaba con ella dos veces. Finalmente vendió su chalé y regresó a Inglaterra. De gestionar hoteles de cinco estrellas pasa a gestionar horarios en una empresa de transportes. Rechazó la indemnización de 120.000 euros que le ofreció el Ministerio de Justicia por sus 519 días en prisión y reclamó cuatro millones de euros al Estado por responsabilidad patrimonial, una petición que acabaría desestimada en 2015 en el Tribunal Supremo por “la inadecuación del procedimiento usado”, aunque con el voto particular favorable de Margarita Robles, actual ministra de Defensa. Su abogado le propuso entonces acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero se plantó. Decidió salir de una vez de aquella película de terror. Y así ha llegado hasta hoy, jubilada sin pensión en su pueblo natal de Betanzos (A Coruña), donde la alcaldesa, María Barral, trata de resarcirla moralmente. “Con ella se cometió una terrible injusticia y creo que, como país, deberíamos darle una respuesta”, afirma la regidora, que este verano la invitó a dar el pregón de las fiestas. Le piden perdón instituciones que nada le hicieron, como el Ministerio de Igualdad, que le concedió una medalla en el día de la visibilidad lésbica, pero un cuarto de siglo después se resisten a hacerlo aquellos que le dinamitaron la vida. Un caso que dejó un jardín de traumas y lecciones sin aprender sobre los infiernos de los juicios paralelos. Un caso donde la única generosidad la aporta la mujer linchada. Esta primavera, rodeada de cámaras que por una vez no la intimidaban, dijo que no podía olvidar. También dijo que había perdonado.