El Gobierno espera aprobar el decreto de vivienda el martes con el apoyo de Junts tras el desahucio de Maricarmen

Maricarmen ha emplazado hoy al Consejo de Ministros en un nuevo vídeo difundido por el Sindicato de Inquilinas, el segundo que publica desde su ingreso en el hospital tras el desahucio que ha desatado una ola de protestas en toda España, a aprobar este martes un decreto con el que se dé un primer paso que acabe con este sistema". "Este es un mensaje para Pedro Sánchez, pero también para toda la gente que me ha apoyado durante estos días. Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas, quiero que sirva para que la gente luche y para que se cambien las leyes que han permitido mi desahucio", expone. Anima a la gente que se ha solidarizado con ella a apoyar la petición online lanzada por el Sindicato de Inquilinas para exigir la aprobación de esa norma que después tendrá que ser convalidada por el Congreso y ha pedido a la gente que asista a la manifestación convocada este sábado que arrancará a las 18.30 en la Puerta del Sol. "Si todas nos unimos podemos conseguir los contratos indefinidos, podemos conseguir lo que os proponemos. Eso es lo que espero de vosotros, muchas gracias", concluye el vídeo en el que se aprecia las dificultades para hablar con normalidad por su cuadro de agotamiento severo. Los manifestantes piden hoy, entre otras medidas, "congelar todos los alquileres vigentes" y la "renovación automática de los contratos" para que los caseros no puedan echar a un inquilino por el simple hecho de terminar su contrato. El Gobierno ha señalado esta mañana que ve "muchas posibilidades de sacar adelante el real decreto con medidas de vivienda este mismo martes" tras el punto de inflexión que ha supuesto el desahucio de la anciana, que ha espoleado a varios grupos parlamentarios para buscar un acuerdo. El Ejecutivo tiene la potestad de aprobar el real decreto en el Consejo de Ministros cuando quiera, pero el ala socialista siempre se ha mostrado partidaria de hacerlo solo cuando tengan los apoyos necesarios para convalidarlo en el Congreso de los Diputados. Tras la reacción social provocada por el desahucio retransmitido en directo de la vecina del barrio de Retiro y la movilización social que ha provocado, según fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press, el contexto ha cambiado y se ha producido "un punto de inflexión" que ha hecho que los distintos grupos parlamentarios que hasta ahora bloqueaban el acuerdo se den cuenta de que tienen que ceder en alguna de sus pretensiones para, al menos, lograr sacar adelante un acuerdo de mínimos. Hasta el momento las principales dificultades las ponían Junts y Podemos con sus vetos cruzados. Los primeros piden medidas a favor de los propietarios, como bonificaciones fiscales y los segundos son partidarios de expropiaciones masivas y control de precios. Los socialistas estudian ahora las propuestas que la portavoz Míriam Nogueras de Junts le dio en mano al presidente Pedro Sánchez hace dos semanas. En las últimas horas Junts ha trasladado optimismo y consideran que los socialistas ven "con buenos ojos" sus propuestas. Menos posibilidades de salir adelante tiene la medida pedida por Sumar de expropiar el piso de Maricarmen al fondo propietario para realojar a la mujer, que permanece ingresada en el hospital desde que abandonó el que había sido su hogar durante 70 años. El ministro Félix Bolaños dijo el viernes que no es partidario de fórmulas de expropiación "que no llevan a ninguna parte" y tampoco encuentran "encaje claro en la Constitución española". Le respondió el ministro Pablo Bustinduy (Sumar) que, pese a esta negativa, seguirán peleando por una medida que consideran "de sentido común" y que a su juicio encuentra amparo en la legislación actual. En todo caso, la meta ahora es un acuerdo de mínimos con alguna iniciativa para prohibir o limitar los desahucios e impedir que se repita una situación como la de la semana pasada, con una mujer anciana, con un alto grado de discapacidad reconocido y sin alternativa habitacional que se queda en la calle. En Moncloa, por tanto, consideran que la negociación está encarrilada, pero "se prolongará durante todo el fin de semana y más allá", hasta el último minuto antes del Consejo del martes para lograr el apoyo del mayor número de socios posible, a izquierda y derecha. En un plazo máximo de 30 días el real decreto tendrá que convalidarse en la Cámara Baja y el Ejecutivo quiere evitar una nueva derrota como las de febrero y abril de este año 2026, en las que Junts sumó sus votos a PP y Vox. Hoy se ha sabido que la desahuciada podrá volver a su casa pagando una renta que no supere el 40% de sus ingresos si llega a un acuerdo con los propietarios de su vivienda, Urbagestión, a través del Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA) del Ayuntamiento de Madrid. Fuentes de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) han señalado a Servimedia que el lunes a las 16.00 se reunirán la representación de Maricarmen y la de Urbagestión con el fin de llegar a un acuerdo que permita a Maricarmen volver a su vivienda. No obstante, si el acuerdo pasa por el SIA necesariamente tendrá que cumplir con las bases del programa. Desde el Ayuntamiento son optimistas ante la posibilidad de acuerdo, especialmente tras la repercusión que ha tomado este caso. El requisito para acceder al SIA es que los ingresos de la unidad familiar del inquilino sean inferiores a 8 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Según el Sindicato de Inquilinas de Madrid, la pensión de Maricarmen es de 1.450 euros mensuales, si se cobra como es habitual en 14 pagas, la cuantía anual alcanza 20.300 euros. En este caso, Maricarmen cumple holgadamente el requisito del Iprem. No obstante, la segunda condición que establece el programa municipal es que el esfuerzo para pagar el alquiler no supere el 40% de los ingresos netos. De esta forma, el cálculo atendiendo a la pensión de Maricarmen queda en una renta máxima mensual de 676,67 euros. Según publicó el Sindicato de Inquilinas en junio, la primera subida propuesta por Urbagestión ascendía a una cuantía mensual de 2.650 euros, que posteriormente se rebajó a 1.650 euros. Así, la cuantía límite del Ayuntamiento estaría 1.000 euros por debajo de lo ofertado en verano por los propietarios. En cualquier caso, existe la posibilidad de que las dos partes alcancen un acuerdo fuera del paraguas del SIA. Si finalmente se escogiera la vía municipal, la empresa podría contar con un seguro de impago que ofrece el Ayuntamiento y con una garantía para las dos partes de cumplimiento del contrato, así como la asistencia técnica de EMVS. La primera oferta de Urbagestión pasaba por incluir la vivienda en el Plan Reviva del Ayuntamiento, dedicado a rehabilitar viviendas en desuso para ponerlas a disposición de EMVS en régimen de usufructo. Sin embargo, el Gobierno municipal descartó la oferta por su "inviabilidad legal". Las bases de este plan recogen que no se pueden aceptar viviendas con una hipoteca, como es este caso, y el Ayuntamiento tampoco podía comprar la vivienda, según trasladó Urbagestión, por "motivos registrales". Asimismo, desde EMVS precisaron que, una vez el Ayuntamiento tuviera el control, adjudicar "a dedo" esta vivienda a Maricarmen supondría incurrir en "prevaricación" porque puentearía a miles de personas en lista de espera y que en algunos casos se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad que la de Maricarmen. Desde EMVS insistieron en que, más allá de que el acuerdo se alcance por la vía municipal o por una vía particular, el objetivo del Consistorio es ser parte de la solución, como ha tratado de ser hasta ahora, ofreciendo a Maricarmen la posibilidad de entrar en una residencia municipal.