La ley que prepara el Gobierno sobre los notarios impedirá investigar casos como el de Servinabar

En un mes donde el foco está puesto en el juicio por la presunta trama corrupta en torno a la compra de material sanitario en la pandemia a cambio de comisiones, el Gobierno de Pedro Sánchez busca sacar adelante un anteproyecto de ley orgánica que ... puede poner en jaque la lucha contra el blanqueo de capitales, el fraude fiscal y la financiación del terrorismo en España.El anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública (OIP), aprobado el pasado 17 de febrero por el Consejo de Ministros, prevé un cambio en el régimen de transmisión de participaciones previsto en la normativa mercantil vigente. El Ejecutivo busca sustituir la escritura pública, con control notarial, por un contrato privado para la transmisión de participaciones sociales que, después, se presente al Registro Mercantil. De esta forma el Gobierno eliminaría a los notarios como figura de control y detección de operaciones sospechosas en el cambio o transmisión de participaciones entre particulares o empresas. Esta tentativa de Moncloa de abolir el documento público —con control notarial— por el privado tiene como ejemplo negativo reciente el caso de la empresa Servinabar 2000 S. L. y su presunta vinculación con el ex secretario de Organización del PSOE y ex número tres de Pedro Sánchez en el partido, Santos Cerdán . Fue a través de un documento privado sin ningún tipo de control la forma en la que Cerdán se hizo presuntamente propietario de la sociedad investigada en una causa relacionada con el cobro de mordidas a cambio de adjudicación de obra pública.Noticia relacionada No No Servinabar, una empresa familiar para los Cerdán Javier LilloEn ese sentido, Antxon Alonso y Cerdán firmaron un contrato privado que provocaba que 1.350 participaciones sociales de la compañía pasasen a ser de Cerdán por solo 6.000 euros. Un movimiento accionarial que entregaba el 45% de las participaciones al excargo socialista, y que suponía que este fuese el administrador de una sociedad vinculada presuntamente al amaño de obras en Navarra. De salir adelante la propuesta del Gobierno, este tipo de movimientos serían difíciles de detectar por los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que investigan estas causas, ya que no existiría ningún sujeto público pendiente de registrar estos intercambios entre socios, que luego resultan vitales para detectar movimientos fraudulentos y la localización de testaferros que existen en el panorama societario.Si hablamos de Cerdán y la empresa Servinabar S. L., la vinculación de este con la sociedad investigada no habría sido fácil de detectar de no ser porque la UCO, durante el registro del domicilio de Alonso, encontrase ese documento privado que acreditaba el movimiento de compra y venta de participaciones en la empresa que agenciaba el 45% de las participaciones al ex número tres de Sánchez. De no ser por este hallazgo, ese documento nunca habría visto la luz al haberse tratado de un acta privada y no pública, y Cerdán nunca habría sido relacionado con la sociedad investigada.Sobre esta circunstancia se ha parapetado Cerdán y Alonso, los cuales en sede judicial negaron que ese documento privado hubiera tenido validez en algún momento . Ambos apuntaron ante el juez Leopoldo Puente que el texto encontrado en el domicilio de Antxon era fruto de un calentón de Cerdán que, ante los malos resultados electorales en 2016, fantaseó con dejar la política y desembarcar en los negocios. Tal fue la actitud del excargo socialista que Alonso le ofreció meterse en el proyecto de Servinabar SL, se juntaron para firmar, pero finalmente el ex secretario de Organización del PSOE se echó atrás porque su mujer le dijo que dónde iba y que en la política estaba bien, según declaró el propio Cerdán en sede judicial.Que esa transmisión de participaciones se llevase a cabo a través de un documento privado —medida que quiere impulsar el Gobierno— y no con la mediación de un notario que lo elevase a público, ha permitido que el nombre de Cerdán no haya aparecido vinculado al de la empresa, y por ende, a las adjudicaciones millonarias que ha recibido la sociedad en los últimos años. Seis son los contratos que el Gobierno de Navarra de la socialista María Chivite adjudicó a la UTE formada por Acciona y la empresa presuntamente vinculada con Cerdán desde que este firmase el documento privado que le otorgaba 1.350 participaciones de la empresa. Siendo la obra del túnel de Belate la da mayor costo, con un valor adjudicado de 62.881.802 euros en enero de 2024. Lucha del Consejo General del Notariado contra el fraudeEsta situación ya ha sido denunciada por el Consejo General del Notariado , una institución que desde 2005 integra el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales, el cual ha tejido lazos con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) y con las autoridades judiciales y policiales en la lucha contra el blanqueo de capitales en el país. Es este organismo el que a través de su índice informatizado notarial registra desde 2004 datos relacionados con cada transmisión de participaciones en España en presencia de un notario.Su base de datos almacena y clasifica el contenido de las escrituras y de las actas públicas autorizadas por los más de 2.800 notarios existentes en el país. Datos entre los que se encuentran los propietarios de las participaciones de una sociedad y la titularidad real de estas. Un espacio que sirve a diario a cuerpos policiales como la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) o la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF), y que de salir adelante el anteproyecto sería una herramienta que dejarían de tener.