Junts quiere una 'prioridad nacional' a la catalana: "más integración" y 10 años empadronados para optar a un piso protegido

Junts no permanece ajeno al debate sobre el endurecimiento de los requisitos a los inmigrantes para acceder a ayudas públicas. La formación que dirige Carles Puigdemont lleva meses elaborando el que ha venido a bautizar como Plan 8 millones, en alusión al número de habitantes que actualmente ha alcanzado Cataluña tras ver incrementados en los últimos años los flujos migratorios a la comunidad. La dirección analiza y corrige actualmente una propuesta de su sectorial de migraciones que plantea diferentes fases para que los extranjeros llegados a la autonomía puedan gozar de todos los derechos sociales. En ese borrador, tal y como confirman desde la dirección de Junts a EL MUNDO, el último escalafón lo forman lo que el plan de Junts denomina «derechos de alta intensidad». Para acceder a ellos, los potenciales beneficiarios necesitarían demostrar «más integración», más arraigo. El ejemplo más paradigmático de esos derechos sería el acceso a vivienda protegida. En esa línea, el alcalde de Sant Cugat del Vallès -la mayor población que hoy gobierna Junts, con 97.000 habitantes- viene reclamando desde hace un año aumentar de tres a diez los años mínimos de empadronamiento en el municipio para acceder a un piso social, el mismo tiempo que PP y Vox plantean en su pacto de investidura en Extremadura para la compra de vivienda social. Para Junts, esa década podría acumularse «de forma continua o discontinua». En marzo del pasado año, el partido independentista presentó la moción en Sant Cugat en que planteaba la ampliación a diez años de empadronamiento e instaba a los grupos políticos del Parlament de Cataluña a iniciar las modificaciones legislativas necesarias para variar este «principio rector del acceso a la vivienda pública». Asimismo, el texto pedía al Govern de Salvador Illa asumir la propuesta y «habilitar los mecanismos extraordinarios necesarios» para hacerla efectiva en la promoción de 50.000 viviendas públicas que el Ejecutivo socialista ha prometido construir antes de 2030. Al ser elevada al Parlament el pasado octubre, la moción fue tumbada, después de recibir únicamente el apoyo del PP y Vox. Aliança Catalana -que libra un pulso directo con Junts por la cuestión migratoria- se abstuvo, y las formaciones de izquierda, esto es, el PSC, ERC, los Comunes y la CUP, se opusieron. Pero Junts no se ha quedado de brazos cruzados tras el portazo de la Cámara catalana, pues, en paralelo, está impulsando en Sant Cugat inspecciones exhaustivas para detectar fraudes en el padrón municipal para acceder a ayudas sociales u optar a pisos de protección oficial. En agosto de 2025, el Consistorio detectó 300 empadronamientos fraudulentos. Y, en el último año, ha dado de baja del padrón a 4.000 personas, tras comprobar que no residían en el municipio. Además, ha endurecido el control del padrón: aunque el trámite se puede iniciar telemáticamente, ha pasado a ser obligatorio para completarlo acudir físicamente al Ayuntamiento a identificarse en un plazo de tres meses. De lo contrario, se activa automáticamente una inspección domiciliaria para corroborar la identidad del empadronado. A ello se suman más inspecciones aleatorias para detectar fraudes y sobreocupación de pisos con mucho movimiento de convivientes empadronados. El refuerzo de los requisitos para acceder a los servicios sociales más preciados va en la línea de lo ideado por el Partido Popular. Tal y como detalló este periódico, los populares no asumen el término «prioridad nacional» tal y como está siendo planteado por Vox, a pesar de figurar así expresado en el pacto de investidura entre las dos formaciones para gobernar Extremadura. El partido presidido por Alberto Núñez Feijóo plantea un punto intermedio en el que se incentiva la ayuda social e inmobiliaria a quienes tienen mayor «vinculación» con el territorio -en función de los años de empadronamiento y del «arraigo» que demuestren de manera efectiva-, pero sin filtrar destinatarios en función «del pasaporte». Una propuesta que guarda bastante similitud con la que propone Junts. La moción de los neoconvergentes en Sant Cugat hace especial énfasis en la necesidad de reforzar «el sentimiento de pertenencia» al municipio, al que concede «un papel fundamental en el arraigo de las personas al territorio». En ningún momento, el partido independentista distingue entre extranjeros y nacionales, como pretende Vox al querer privilegiar a los españoles en la concesión de ayudas en detrimento de los inmigrantes que no cuentan con la nacionalidad española. El control de la política migratoria es un elemento básico para Junts, como probó el acuerdo alcanzado con el PSOE para la delegación de competencias de extranjería a la Generalitat, que no se ha hecho efectiva por la falta de apoyos parlamentarios para tramitarla en el Congreso, donde Podemos sigue negándose a validarla.