El PP amenaza por fax a Albares con llevarlo a los tribunales si Exteriores no cumple los requisitos del TS para el voto de la ley de nietos

El secretario general del PP, Miguel Tellado, envió el lunes un burofax a la directora general de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares, Carolina de Manueles, para que cumpla "de inmediato" todas las actuaciones que le exige el Tribunal Supremo para hacer efectiva la suspensión del voto de 163.020 nacionalizados por la ley de nietos, y le avisa de que la llevará a los tribunales a ella, e incluso al ministro José Manuel Albares, si no cumplen. El principal partido de la oposición responde así a las revelaciones de EL MUNDO, que ha adelantado que la tardanza del Ministerio de Exteriores -del que depende dicha dirección general- en recopilar los datos para discernir los datos de los nacionalizados sin derecho a voto amenaza con impugnaciones masivas de los resultados el 29-N. De hecho, el propio Ministerio reconoció a este diario que es "materialmente imposible" recopilar a tiempo toda la información consular que exige el Supremo para discernir cuáles de los nacionalizados lo lograron por la ley de nietos per sé y cuáles lo consiguieron el pasaporte gracias a una instrucción del Ministerio de Justicia que ampliaba a posteriori el rango de aplicación de la norma. Para el PP, "la pasividad, resistencia, excusa u obstrucción de las autoridades" en que estaría incurriendo el Ministerio de Exteriores "puede dar lugar a su responsabilidad personal, incluyendo la criminal, la cual exigirá el Partido Popular ante los órganos e instancias competentes". Y no sólo ella. También sus superiores jerárquicos, incluido el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. "Es patente que la Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares está desarrollando una conducta pasiva y obstruccionista dirigida a la desobediencia efectiva de lo acordado por el Tribunal Supremo", lo cual puede conllevar "responsabilidad penales personales de la titular de dicho órgano, de sus superiores jerárquicos (el ministro y el Subsecretario de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) que pudieran haber ordenado o alentado esta conducta de la Directora General e incluso de los inferiores jerárquicos (encuadrados en la Subdirección General de Asuntos Jurídicos Consulares) que estuvieran colaborando en esta desobediencia". El burofax del PP exige a la directora general "que remita a la Oficina del Censo Electoral, recabándola de los encargados de los Registros Civiles consulares, la información necesaria para practicar el desglose" que exige el Alto Tribunal, "respecto de la totalidad de las personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA)", distinguiendo los expedientes que procedan de la directa aplicación de los supuestos de exilio de la conocida como 'ley de nietos' y los iniciados y aprobados gracias a la citada instrucción de 25 de octubre de 2022. Además, el PP requiere a De Manueles "que ordene a los Registros Consulares "la expedición de las certificaciones acreditativas de la condición de descendiente de exiliado, referidas al 1 de agosto de 2026 y sin aplicación de la presunción de la instrucción" de Sofía Puente. Y que comunique a la Oficina del Censo Electoral, antes del inicio del envío de la documentación electoral, la relación de las certificaciones expedidas. Esto es importante, porque el tiempo apremia.El artículo 75.3 de la Ley Electoral impone a las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral el envío de oficio de la documentación electoral a todos los inscritos en el CERA a partir del décimo octavo día posterior a la convocatoria, esto es, a partir del 24 de octubre de 2026. De manera que el PP insiste en que "las actuaciones requeridas" en su burofax "deberán haberse realizado, y comunicarse por escrito a este partido a la dirección indicada en el encabezamiento, antes del día 23 de octubre de 2026". "Si en esa fecha la Oficina del Censo Electoral no dispone de los datos que solo esa Dirección General puede proporcionarle, la documentación será remitida indistintamente a los 163.020 electores cuyos efectos electorales están suspendidos, y el incumplimiento de las medidas cautelares devendrá irreparable para las elecciones de 29 de noviembre de 2026", alerta el escrito de Tellado. En tercer lugar, el PP le exige a la directora general que ordene la publicación en el tablón de anuncios de cada Oficina Consular de la parte dispositiva del último auto del Supremo, con la advertencia que hace el propio auto: que "los interesados podrán personarse en el presente procedimiento como parte codemandada".