Los nietos del éxodo

Empieza a preocupar a algunos la nacionalización de 2,3 millones de descendientes de españoles. Ya en 2007 se había concedido la nacionalidad a medio millón de hijos de exiliados, aplicando la Ley de Memoria Histórica, y a cerca de 900.000 en 2023, con la de Memoria Democrática. Esta cifra se verá duplicada al extenderse ahora ese derecho a los nietos (también de emigrantes, no solo exiliados), con la que ha empezado a conocerse como «ley de nietos». Temen o se malician algunos que esta medida esconda una operación de ingeniería electoral. Razones para malpensarlo hay bastantes: el pasado de PSánchez no es tranquilizador. Siempre que lo ha necesitado ha hecho trampas, plagiando su tesis, puchereando a sus propios compañeros, mintiendo sin recato... El amaño electoral podría suceder, desde luego, pero no es tan sencillo (ver Nuevos españoles para un viejo sistema electoral, del estadístico Luis Miller, publicado en este periódico; en él no se trata, sin embargo, algo que va más allá de la estadística y que tampoco el Gobierno y los historiadores abonados a la Memoria oficial querrán dilucidar, seguro). El exilio que se inició en 1936 es, junto a la expulsión de los judíos de 1492 y la de los moriscos a comienzos del siglo XVII, el hecho más traumático y doloroso en la Historia de España, tantas veces madrastra: sus heridas se han transmitido de generación en generación. La joven catalana Silvia Mistral fue una de los 1.600 privilegiados que lograron viajar en el Sinaia (el primer barco que llevó exiliados republicanos a México). Lo contó en un diario que tituló, precisamente, Éxodo (1942) -como Exodus se llamó el barco que transportó a Palestina en 1947 a más de 4.000 judíos-. El libro de SMistral lleva un prólogo de León Felipe, autor de Español del éxodo y del canto (1939). LFelipe murió en el exilio y aunque SMistral viajó a España una vez, viviendo Franco, y otra luego, murió en México en 2004, seis años después de su marido, que no la acompañó en ninguno de esos dos viajes. De los 400.000 españoles que salieron de España en 1939, la mitad regresó en los primeros meses, fiados de las autoridades franquistas que prometieron la inmunidad a quienes no hubieran cometido delitos de sangre, promesas que incumplieron encarcelando a miles de inocentes en cuanto traspasaron la frontera. Al tiempo que las cárceles españolas se fueron vaciando de represaliados políticos (llegó a haber 200.000 en ellas, inasumible incluso para un régimen tan represor como aquel), el goteo de retornados fue en aumento en cuanto mejoraron algo las condiciones. Unos volvieron para quedarse y otros únicamente de visita, antes de regresar al país donde habían rehecho su vida (el caso de SMistral o el de Gómez de la Serna). Tanto si volvían para morir (Ortega y Gasset o el general Vicente Rojo) o por trabajo (Severo Ochoa), la mayor parte lo hizo discretamente, manteniéndose al margen de cualquier actividad política (de Buñuel a Américo Castro). Hubo excepciones: Bergamín se exilió, regresó, se enfrentó a Fraga, volvió a exiliarse y volvió definitivamente en 1970. Entre aquellos a los que la muerte sorprendió antes de poder volver, los había de todos los colores políticos: Machado, Azaña, Largo Caballero y su enemigo Prieto, JRJ y Zenobia, con las maletas hechas para volver, la mayoría de los políticos con alguna significación, republicanos radicales, de centro o de derechas, e incluso franquistas, como Cambó o Gómez de la Serna). Y, claro, aquellos que no pudieron regresar hasta después de 1975 (comunistas como Líster o Pasionaria), o que no quisieron (liberales como Sánchez Albornoz, Madariaga o MZambrano). Quiero decir que hubo tantos exilios como exiliados. Cuando Franco murió y se restableció la democracia, muchos ya no pudieron regresar, aunque hubieran querido: los lazos familiares los ataban a los países donde se habían arraigado. Y en el caso de los emigrantes anteriores a 1936, con más razón. Esas decenas de miles han dado origen, 90 años después, a los 2,3 millones que estos últimos años han solicitado la nacionalidad española, hijos y nietos, que, por supuesto, tienen derecho a ella, porque sus padres y abuelos, en el caso de los exiliados, jamás debieron haberse visto obligados a dejar España. Incluso aquellos cuyos antecesores fueron criminales y delincuentes (ni los republicanos dudaron que lo fueran). Naturalmente. Si la amnistía de 1977 fue con los etarras más generosa que Eta con los demócratas, la democracia española también lo fue con el pasado de algunos exiliados. Hoy una buena parte de estos 2,3 millones de nietos no conocen España ni tienen intención de vivir en ella, y su razón para solicitar la nacionalidad podrá ser sentimental (como la de los 35.000 sefarditas a los que también se les concedió en 2015) o práctica, pegada al privilegio de poseer un pasaporte europeo. Más allá de la ingeniería demoscópica o de unas aviesas intenciones sanchistas, la pregunta que hemos de hacernos es en qué medida puede determinar el futuro la irrupción masiva de votantes sobrevenidos a quienes los problemas de España les son ajenos, cuando no indiferentes, independientemente de lo que quieran votar o la provincia española a la que se les adscriba (según Miller ni siquiera está claro a qué partidos beneficiarían). Es algo que merece ser pensado y una respuesta jurídica (¿un «periodo de carencia» en el derecho al voto, tal vez?), más allá de la Memoria Histórica.