El Gobierno aprueba la prórroga de los contratos de alquiler durante dos años

Tras las presiones de Sumar, que se negó a dar comienzo al Consejo y retrasó su inicio más de dos horas hasta las 11.40, los socios han acordado firmar dos reales decretos distintos. Por un lado, el de vivienda incluye las iniciativas relativas a la vivienda que venía exigiendo Sumar, entre las que se encuentran la prórroga automática por dos años de los 600.000 alquileres que decaen este ejercicio. Este decreto, efectivo desde mañana, se mantendrá en vigor durante un mes como máximo, que es el plazo que tiene el Ejecutivo para negociar con Junts y evitar que sea tumbado en el Congreso. Sin embargo, es poco probable que la formación independentista respalde la medida, por lo que muchos caseros que tengan que renegociar un contrato de arrendamiento este mes se enfrentan a una elevada inseguridad jurídica, ya que el decreto podría quedar sin validez transcurrido este espacio de tiempo. La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha pronunciando en redes sociales para reivindicar que han conseguido un acuerdo en el Consejo para "ampliar el escudo social incorporando la prórroga de los alquileres". Esta medida implica que los propietarios de vivienda en alquiler no podrán revisar ni este año ni el siguiente las condiciones de los contratos que finalizan este 2026, manteniendo así a los mismos inquilinos y el nivel de rentas que están cobrando. Hay que decir que esta medida tiene pocos visos de prosperar en el Congreso de los Diputados porque, en principio, no cuenta con el respaldo del PNV y Junts (cuyos votos son necesarios para alcanzar la mayoría suficiente), tal y como ha reconocido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Decreto para paliar los precios de la energía Por otra parte, el otro decreto energético incluye medidas como la rebaja del 10% del impuesto a los combustibles, reducción de tributos a la electricidad y otras medidas como la ampliación del bono social eléctrico. En esta norma también recoge un mecanismo de control para evitar márgenes injustificados en el suministro de combustible a través de la CNMC, y se habilitará al Consejo de Ministros para establecer límites a dichos márgenes. Además, se incorpora la prohibición de suministros energéticos, ambas exigencias de Sumar, según precisan fuentes de esta formación.