Madrid suspendió los avisos al Gobierno sobre desahucios tras 25.000 comunicaciones sin respuesta, entre ellas la de Maricarmen

La Comunidad de Madrid ha enviado al Gobierno en los últimos cinco años 25.234 alertas sobre desahucios, entre ellas el de Maricarmen, sin haber recibido respuesta alguna. Las regiones, a través de una plataforma interna de respuesta rápida, trasladan al Ministerio de Derechos Sociales desde 2021 un informe mensual con expedientes de lanzamientos, pero el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso, ante la falta de respuesta por parte del Gobierno central, comunicó a esta Administración este mismo mes de septiembre que no seguirá aportando esta información. Un cese en las notificaciones al que podrían sumarse otras autonomías en plena tormenta política por el caso Maricarmen, que ha derivado en una acampada masiva en la Puerta del Sol, y mientras el Gobierno apura las horas antes de llevar al Consejo de Ministros el decreto de vivienda que sus socios sólo apoyarán si se garantiza «que no haya una Maricarmen más». Horas cruciales para el Gobierno en las que la guerra política se ha recrudecido entre administraciones, que se culpan mutuamente del lanzamiento de esta anciana de 87 años que ha encendido la mecha de la mayor protesta social desde el 15-M. Al respecto, la Comunidad de Madrid desdeña los «trucos» del Gobierno para tratar de vincular a Ayuso con el desalojo de Maricarmen, al mismo tiempo que defiende haber ofrecido en varias ocasiones una plaza gratuita en una residencia para ella. Y compara datos: por cada desahucio en la capital, aseguran desde Sol, se producen cinco en Cataluña. En cualquier caso, son miles de casos de desahucios los que cada año pasan por los cauces internos institucionales. Desde julio de 2021, cuando el Ministerio de Derechos Sociales ordenó vía Real Decreto a las regiones que le enviaran informes mensuales sobre la situación recogida por los ayuntamientos sobre desahucios. El correo con el que la Comunidad anunciaba al Ministerio el cese de las comunicaciones.EM Desde entonces y hasta el 31 de mayo de este año, la Comunidad de Madrid informó al departamento dirigido por el ministro Pablo Bustinduy de 25.234 alertas de desahucios a través de la plataforma de comunicación interna Actan. El de Maricarmen se encontraba entre estos informes. Sin embargo, la Consejería de Asuntos Sociales del Ejecutivo madrileño, que era la interlocutora directa con el Ministerio en esta cuestión, no recibió nunca respuesta alguna sobre estos expedientes, cuyo requerimiento buscaba «asegurar el acceso de la información por parte de todas las administraciones públicas afectadas», con el fin de «conocer y evaluar la eficacia de las medidas propuestas por los servicios sociales para atender las situaciones de vulnerabilidad». De ahí que, tras varios mensajes en los que se reclamaba detalles sobre el uso de estos datos o los plazos para la organización de los envíos de información, todos ellos sin ningún tipo de contestación, la Comunidad de Madrid tomara la decisión el pasado 9 de septiembre de suspender este procedimiento al detectar que el canal daba señales de «abandono», según fuentes del equipo encargado de facilitar esta información sobre desahucios judicializados al Ministerio de Derechos Sociales. «En base a la ausencia de respuesta ante las reiteradas solicitudes de indicaciones respecto del procedimiento y plazos de registro (...) desde la Comunidad de Madrid suspendemos el envío de información», anuncia el correo electrónico enviado hace ahora 20 días al Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy, al que ha tenido acceso EL MUNDO. «Llegó un momento en el que no sabíamos ni con quién hablábamos», lamentan desde el Ejecutivo madrileño sobre el vacío en un procedimiento que, tras cinco años, creen que no ha servido para ninguno de sus objetivos propuestos. «Ni tan siquiera para devolvernos la información estadística», critican estas fuentes, después de un lustro elaborando expedientes mensuales en función de los informes aportados por los ayuntamientos. «Nunca nos había pasado nada parecido». El Ministerio de Derechos Sociales, a preguntas de este diario, no se ha pronunciado sobre esta cuestión ni sobre los datos aportados por las regiones en los últimos años.