Sánchez convierte su política migratoria en un problema europeo

La gravísima crisis migratoria desatada en Ceuta ha abierto una fractura política de enorme calado en el seno de la Unión Europea. La onda expansiva internacional de las imágenes del asalto masivo a la frontera española no sólo ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad del límite sur comunitario, sino que ha desencadenado una reacción diplomática sin precedentes contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. La carta remitida al Consejo Europeo y a la Comisión por 22 Estados miembros, encabezados por Italia y Dinamarca, constituye una severa enmienda a la política migratoria española. La iniciativa de Giorgia Meloni y de otros 21 dirigentes europeos cobra aún mayor relevancia por producirse después de la misiva enviada a la presidenta de la Comisión por Sánchez, en la que el presidente acusa con una inusitada dureza a algunos de los socios europeos de «egoísmo» e incluso de actuar de forma «ilegal». Quien pretendía erigirse en referente moral se halla ahora cuestionado por una amplia mayoría de gobiernos que reclama lo contrario: más control de las fronteras para contener los flujos irregulares. El origen de este aislamiento no puede desvincularse del adanismo con el que el presidente ha impulsado una regularización masiva ejecutada de forma improvisada y opaca. El volumen de solicitudes, cercano ya a 1,2 millones frente al medio millón anunciado, refleja la magnitud de una iniciativa desarrollada al margen del consenso europeo. Ahora el bloque de países encabezado por Italia y Dinamarca, además de reprochar a Sánchez su oportunismo, subraya la necesidad de asumir la gestión migratoria como un elemento nuclear de la seguridad comunitaria. Al margen de la posición de la UE, existe una responsabilidad ineludible del Gobierno. Resulta imprescindible esclarecer por qué fallaron los sistemas de inteligencia que debían anticipar una crisis de semejante magnitud. Las primeras investigaciones apuntan a un papel determinante de Rabat, lo que sitúa los acontecimientos en una dimensión geopolítica que trasciende tanto la actuación de las mafias como las consecuencias de la reciente jurisprudencia sobre las devoluciones en Ceuta y Melilla. El Ejecutivo, especialmente los ministros del Interior y de Defensa, deben ofrecer explicaciones detalladas ante un episodio que ha comprometido la seguridad de los ceutíes. El Gobierno también tendrá que aclarar por qué ha empezado a instalar barreras de contención en Ceuta dos años después de la sentencia del efecto llamada. Es tan incomprensible esta demora como el empeño de Moncloa en alabar»cooperación leal de Marruecos pese a su instrumentalización indisimulada del flujo migratorio y pese a la cesión del Gobierno con respecto al Sáhara, un cambio de posición ejecutado sin consenso y al margen del Congreso. Convertir la inmigración, uno de los grandes retos estratégicos de Europa, en un instrumento de polarización sólo conduce al debilitamiento de la posición española justo cuando más necesaria es la unidad europea.