Sánchez destina 500 millones para integrar a las personas migrantes: 30 para aprender los idiomas cooficiales

España consuma esta semana lo que el Gobierno considera un hito: la regularización exprés de migrantes, al que finalmente se han apuntado más de un millón de personas. "Un hito que hizo a España un país más justo, fuerte y mejor". Junto a la regularización exprés, el Ejecutivo ha puesto en marcha un Plan de Integración y Ciudadanía con medidas destinadas a sectores como el empleo, educación, vivienda, sanidad, convivencia y lucha contra la discriminación "en los lugares donde hoy se concentran más tensiones y desigualdades". Este plan estará dotado en su primer año con 505 millones de euros. De ellos, 30 millones estarán destinados a programas para que los migrantes refuercen el aprendizaje de los idiomas cooficiales y el conocimiento de nuestras normas y valores. Lo que se persigue es "mejorar la convivencia y la cohesión en barrios y ciudades". El proceso de regularización termina este 30 de junio, doblando la previsión de medio millón de personas que lanzó el Gobierno. La Moncloa quiere hacer de este hecho una palanca política en este final de curso, exhibiendo un modelo de migración y de sociedad que no sólo quiere contraponer contra los pactos PP-Vox que se están firmando en distintas comunidades, con la "prioridad nacional" como exigencia de la ultraderecha, sino también con las críticas vertidas por distintos líderes de la Unión Europea, que han afeado a Pedro Sánchez esta decisión. De hecho, en el último Consejo Europeo desde países como Italia, Dinamarca, Hungría o Bélgica, entre otros, se cuestionó esta regularización, por lo que podría suponer para el resto de socios. Frente a estas posiciones, el presidente del Gobierno se ha rodeado de hasta ocho ministros, los líderes de los sindicatos UGT y CCOO, así como del presidente de la CEOE y la presidenta de Cepyme. Y también ha apelado a lo que considera fue un respaldo del Papa a esta política durante su reciente visita a España. "España será mejor de lo que ya es", ha dicho Sánchez en referencia a la masiva regularización exprés. "Hacemos lo único decente y moralmente aceptable, que es dar la mano en lugar de dar la espalda a la realidad migratoria. Ninguna sociedad ha avanzado levantando muros. Lo hacen ampliando derechos, fortaleciendo la convivencia y apostando por la integración", es el mensaje que ha lanzado en clave interna, pero también en clave internacional, para aquellos líderes europeos que cuestionan su decisión. En lo que ha pretendido que fuera un ejercicio de pedagogía y contraposición a "los discursos del odio" y lo que algunos denominan "efecto llamada", el presidente del Gobierno ha desplegado toda una batería de datos, haciendo especial hincapié en la contribución de los migrantes al crecimiento económico y al mantenimiento del Estado del bienestar, un mensaje que han apuntalado los agentes sociales. A saber: entre 2018 y 2025 se han creado más 2,9 millones de empleos, de los que 44% han sido ocupados por personas extranjeras, al tiempo que la tasa de paro caía más de cuatro puntos. Funcas estima que la inmigración explicó el 47% del avance acumulado del PIB entre 2022 y 2025, y, en términos per cápita, el Banco de España calcula que la población extranjera aportó entre el 14% y el 24% del crecimiento del PIB per cápita entre 2022 y 2024. Aterrizando a lo cotidiano estos datos, Sánchez ha buscado ser directo, ir al día a día y no tanto a la macroeconomía: sin migrantes, 90.000 bares tendrían que bajar la persiana; 50.000 aulas de primaria y secundaria se quedarían sin alumnos; y desaparecerían 220.000 explotaciones agrícolas, según sus datos. El Plan de Integración y Ciudadanía contempla el trabajo digno como principal herramienta de integración, con medidas con una inversión total de 185 millones. Entre ellas, se impulsarán programas para facilitar el acceso al empleo en sectores con alta demanda y la promoción del emprendimiento; se realizará una oferta extraordinaria de más de 100.000 plazas de Formación Profesional adaptada al mercado laboral; y se reforzará la Inspección de Trabajo. De ellos, se destinarán 35 millones para facilitar la incorporación a sectores con alta demanda, como la construcción, la hostelería y los cuidados. Además, prevé una dotación de más de 260 millones para reforzar los servicios públicos y garantizar la igualdad de oportunidades.