Marlaska envía a Ceuta más policías de Extranjería para acelerar la expulsión de migrantes

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este jueves la llegada a Ceuta de una veintena de agentes de la Brigada Central de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional para agilizar los trámites burocráticos necesarios para expulsar a los 5.000 migrantes irregulares que, ha reconocido, aún permanecen en la ciudad tras la entrada masiva del pasado 30 de julio. Los agentes se unen así a otro equipo de seis agentes de la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones (UCER) que llegó a la ciudad horas después de estallar la crisis migratoria con el único objetivo de apoyar a la plantilla ceutí en las labores de filiación, reseña y documentación de los adultos que quedan en la ciudad para proceder a su devolución a Marruecos. “El que esté en situación de irregularidad va a ser devuelto a la mayor brevedad”, ha recalcado. Marlaska ha incidido en rueda de prensa en que de esas miles de migrantes irregulares que aún permanecen en la ciudad autónoma, “ninguno de ellos se va a quedar [en Ceuta], ninguno de ellos va a ir a la Península, ninguno de ellos va a ser regularizado”, con excepción de “aquellos casos muy excepcionales y de máxima vulnerabilidad”, ha añadido. El ministro ha querido con ello lanzar un mensaje “a quienes anhelan” llegar a las ciudades autónomas para que “no atiendan a las mafias que juegan con su vida”. Hasta ahora, Interior había cifrado en 72.000 el número de personas que entraron aquel día en la ciudad, de las que aseguró que volvieron al país magrebí 70.000 en los siguientes días. Sin embargo, fuentes del Gobierno han comenzado a elevar la primera cifra hasta los 80.000, en línea con lo que el presidente de Ceuta, Juan José Vivas, lleva tiempo defendiendo. Este martes Marlaska también ha elevado implícitamente el número, ya que ha pasado de señalar que quedaban 2.000 personas a hablar de 5.000. También ha detallado que se han concluido medio millar de expedientes de solicitud de asilo, “la mayoría” desestimados, y que hay ya 1.898 menores tutelados. El nuevo refuerzo no se va a quedar en los expertos en extranjería. Marlaska ha anunciado la llegada de 45 miembros de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) procedentes de las plantillas de Madrid, Alicante y Sevilla. El objetivo de estos, expertos en mantener el orden público y prevenir la delincuencia, es incrementar la presencia policial en las calles tras las quejas de los ceutíes sobre un supuesto incremento de la delincuencia. El pasado miércoles, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía detalló que los juzgados de la ciudad autónoma han enviado a prisión en los últimos días a nueve inmigrantes llegados en la entrada masiva como presuntos autores de delitos. Dos de ellos, acusados de sendas agresiones sexuales a menores de edad que también habían arribado a la ciudad el pasado 30 de julio. Los jueces también ordenaron la expulsión de otros dos por diferentes delitos. Marlaska ha reiterado este martes que había dado orden a las fuerzas de seguridad para la expulsión inmediata con autorización judicial de todos los que sean detenidos. El ministro ha aprovechado la comparecencia para, de nuevo, alabar la “colaboración extraordinaria, excepcional” de Marruecos y la “fortaleza” de la relación entre Madrid y Rabat, que has tiltado de “absolutamente estrechas y basadas en la lealtad”. En este sentido, ha asegurado que ha sido esta ayuda ―que desde el socio de Gobierno, Sumar, y la oposición se ha puesto en duda de manera reiterada― la que ha permitido que “más del 90%” de los que entraron irregularmente en Ceuta el 30 de julio regresaran a Marruecos en las siguientes 24 horas. Además ha negado que la situación creada haya supuesto un incremento de la amenaza yihadista. “Estamos vigilando, estamos monitorizando a todas las personas que han entrado”, ha dicho respecto al supuesto riesgo terrorista. El refuerzo anunciado este jueves por Marlaska no es el primero desde que estalló la crisis. El mismo día de la entrada masiva, Interior envió cerca de 350 agentes para apoyar a las plantillas de ambos cuerpos en la ciudad, que aquel día se vieron desbordadas por la entrada masiva de migrantes a nado desde Marruecos. En la actualidad, hay ya 880 policías nacionales (270 más de lo habitual) y 714 guardias civiles (200 más) en la ciudad. Así, la Policía Nacional envió un primer equipo de extranjería y desplegó cinco equipos (225 agentes) de las Unidades de Intervención Policial (UIP, los conocidos como antidisturbios) procedentes de Sevilla, Málaga y Madrid para realizar tareas de seguridad ciudadana en las calles. A esta misma función se unieron el grupo de la UIP y los efectivos de la UPR que forman parte de la plantilla de la ciudad autónoma, y cuyos efectivos han doblado turnos para mantener una importante presencia policial en las calles. Finalmente, incorporó a otros 45 agentes de la UIP y a seis de la Comisaría General de Información, responsable de la lucha antiterrorista. Por su parte, la Guardia Civil envió tres pelotones (en total 60 agentes) para reforzar en la vigilancia fronteriza a los efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) destinados permanentemente en Ceuta. Otros 160 guardias civiles procedentes de diferentes unidades de Andalucía se incorporaron a labores de seguridad ciudadana, en las que han tenido el apoyo de 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas destinados en la ciudad autónoma. Para el control del mar y la línea costera, ya que las entradas se han producido bordeando por el agua el espigón de El Tarajal, el instituto armado envió dos grupos de buceadores (ocho efectivos) del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y el buque Duque de Ahumada, el más grande del instituto armado, con una dotación de 12 guardias civiles. En Ceuta, el Servicio Marítimo tiene destinadas de manera permanente dos embarcaciones medias y cuatro de tipo zodiac. Posteriormente, se incorporaron cinco patrones de embarcación, tres marineros-mecánicos y pilotos de drones. El Servicio Aéreo se reforzó con un helicóptero. Además, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, dio instrucciones la semana pasada para que no se concedan nuevas “vacaciones, permisos ni licencias” a los agentes del instituto armado destinados en Ceuta y Melilla ante “la situación operativa derivada del incremento de la presión migratoria irregular” en las dos ciudades autónomas.