La SEPI ante el espejo de la UDEF

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), concebida para administrar activos empresariales en nombre de los ciudadanos, ha recorrido bajo Pedro Sánchez el camino inverso al que exige una democracia madura: de instrumento técnico a mero artefacto de poder .Las páginas del informe 1907/ ... 26 de la UDEF sobre Plus Ultra son demoledoras no tanto por una gran revelación aislada como por la secuencia que dibujan. La Policía relata requerimientos judiciales a la SEPI, respuestas incompletas, carpetas vacías , archivos imposibles de abrir, documentos referenciados que no aparecen y correos electrónicos incorporados al expediente que se limitan a 2025, cuando la fase relevante de concesión era muy anterior (2020-21). La UDEF añade que las respuestas a dos requerimientos no coinciden y que el segundo envío contenía un número de archivos y carpetas «notablemente inferior» al primero, sin explicación conocida. También señala que actas de la SEPI de febrero de 2021, localizadas en fuentes abiertas, no figuran entre la documentación aportada.No estamos ante una incidencia informática. La trazabilidad administrativa del expediente parece incompleta justo donde debía ser más robusta . Entre los documentos que Deloitte citaba y que, según la UDEF, no figuran entre los aportados, aparece el certificado de estar al corriente con la Seguridad Social de 24 de febrero de 2021. Y este detalle es nuclear: estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social era requisito de elegibilidad para acceder al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.La cuestión se agrava con la información de la Tesorería. Plus Ultra presentó dos certificados fechados el 20 de agosto de 2020 en los que constaba que no tenía reclamaciones vencidas con la Seguridad Social. Pero la UDEF recoge que, según la información facilitada por la TGSS, en esa misma fecha la compañía mantenía deuda pendiente, sin que la Tesorería especificara el importe. Además, Deloitte tuvo acceso a una resolución de aplazamiento de una deuda preexistente que ascendía a 451.954,79 euros y comprendía el periodo entre julio de 2017 y mayo de 2020.Esto abre una línea de enorme relevancia: si la compañía obtuvo certificados o trato favorable pese a una situación comprometida, el expediente deja de ser una mala decisión económica para convertirse en un problema de integridad institucional .A esto se añade que la SEPI no sólo tomó una decisión difícil de justificar: después, según la UDEF, dificultó la reconstrucción documental de esa decisión. Las carpetas vacías de la SEPI equivalen al borrado de los mensajes del teléfono del fiscal general. Hay una diferencia sustancial entre equivocarse y resistirse a ser fiscalizado. Lo primero puede ser incompetencia; lo segundo afecta al nervio mismo del Estado de Derecho.El Gobierno ha convertido la SEPI en una palanca de intervención política. Lo vimos en Indra, donde la acción pública sirvió para alterar equilibrios empresariales y desalojar consejeros incómodos. La pregunta ya no es sólo por qué se rescató a Plus Ultra. Cuando una institución pública intenta borrar sus huellas, no se protege a sí misma; incrimina al sistema que la tolera. ●