La ex consejera Pradas imputada pide al TSJ que asuma toda la causa "sin más dilación" si decide investigar a Mazón

La ex consejera valenciana Salomé Pradas, la principal imputada en la causa de la dana, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que asuma toda la causa si decide finalmente investigar a Carlos Mazón. Así figura en el escrito de alegaciones a la exposición razonada de la jueza de Catarroja que ha presentado su defensa, donde pide al Alto Tribunal que lo haga "sin más dilación" si no estima el sobreseimiento, para evitar alargar la instrucción. En el escrito al que ha tenido acceso este diario, la defensa Pradas, a la que la jueza atribuye la dirección de la emergencia, advierte: "Continuarse con la instrucción en el Juzgado de Catarroja, en el que se han practicado numerosas diligencias, así como las que pudieran seguir practicándose, a espaldas del referido aforado, podría dar lugar a nulidades que sólo producirían retrasos para las partes". Además, la defensa de la ex consejera, investigada junto a su ex número dosEmilio Argüeso, vuelve a insistir en que su cargo "no la convierte en garante de todas las actuaciones u omisiones" de la Generalitat el fatídico 29 de octubre de 2024. "Los órganos del Estado central, señaladamente la Delegación del Gobierno, la AEMET, la CHJ y la UME no eran convidados de piedra en el Cecopi", sostiene en su escrito. En esta línea, se señala que "la jurisprudencia penal, en estos casos, es clara", al afirmar que "un fenómeno de fuerza mayor calificado por técnicos expertos como 'imparable' e imprevisible en sus consecuencias concretas, está fuera de la órbita penal". Es más, la defensa de Pradas dice que "se actuó con absoluta diligencia en relación a la información de que se dispuso, cumpliendo el protocolo a rajatabla", en la medida en que el ES-Alert no figuraba como medida de protección en el plan de inundaciones. En esta misma línea, la defensa del ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso ha solicitado al TSJ que, en caso de admitir la investigación contra Mazón por la gestión de la dana, se quede con la totalidad de la causa. Al mismo tiempo, pide que, una vez se declare competente, "si es que eso decidiera el tribunal, ordene el sobreseimiento de la causa". Esta parte considera que las consecuencias de la dana "no constituyen delito imputable a nadie", sino que se trató "de una desgracia natural no previsible en su real dimensión ni tan siquiera por aquellos que por obligación de su cargo y competencias debían hacerlo", en alusión a la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar. El letrado de Argüeso califica además de "prospectiva" la investigación de la instructora. "Han sido numerosos los testigos a los que no se ha preguntado por otros particulares o intervinientes la noche del 29 de octubre de 2024, sino que directamente se les ha preguntado prácticamente en su totalidad por Mazón". Por otro lado, la acusación popular que ejerce la Asociación Víctimas de la dana 29 de octubre de 2024, una de las mayoritarias, considera "ineludible" que el ex presidente Carlos Mazón declare como imputado. La entidad se adhiere así a la exposición razonada que elevó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana la jueza que instruye la causa. Sin embargo, reclama obviar el aforamiento que Mazón mantiene como diputado de las Cortes Valencianas para que sea investigado en el juzgado de Catarroja y no en el TSJ. Según consta en el escrito que esta acusación ha remitido al TSJ, esta parte pide que no se aplique el aforamiento del que sigue gozando el ex presidente porque "es incompatible con nuestros principios constitucionales a la igualdad procesal, a la tutela judicial efectiva, al derecho al juez natural predeterminado por la ley y al derecho a la doble instancia". En este sentido, el escrito recuerda la resolución del TSJ extremeño, que rechazó recientemente el aforamiento del líder socialista regional, Miguel Ángel Gallardo, "por adquisición sobrevenida". Y agrega sobre Mazón: "El aforamiento actual como diputado ha de entenderse únicamente por sus acciones como parlamentario regional, que no es el caso". "La condición de aforado deviene de su actual condición de diputado por Alicante, no por ser presidente o miembro del Consell, y el delito imputado no guarda relación directa con la función pública que ahora desempeña, pudiendo acordarse la inaplicabilidad del aforamiento por interpretación restrictiva de la excepcionalidad del juez predeterminado por la Ley", según argumenta la representación de las víctimas de la dana. En el caso extremeño, sostiene esta parte, "la secuencia fáctica de los hechos fue valorada judicialmente como un fraude de ley por la adquisición sobrevenida del aforamiento", de modo que se pregunta si "el íter seguido por Mazón no se puede apreciar también como un fraude de ley por el mantenimiento espurio de la condición de aforado". Además, el escrito de las víctimas insiste en que "estamos en este trámite procesal únicamente por la firme voluntad del aforado Carlos Mazón Guixot, que como bien se señala la Exposición Razonada, ha rehusado hasta en tres ocasiones declarar en la instrucción de la causa, lo que denota un gran interés personal en que sea este Tribunal al que nos dirigimos, un foro especial, el que decida sobre su responsabilidad penal y no el juez predeterminado por ley". Por tanto, las víctimas reclaman "no aplicar el aforamiento" al ex presidente, declarando "la falta competencia objetiva" del TSJ para que sea investigado en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja.